La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ) condenó que un juez de distrito modificara la medida cautelar del exprocurador Jesús Murillo Karam, quien se encuentra acusado de tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia en el caso de los 43 normalistas de la Normal Rural Isidro Burgos.
Ante este escenario, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) y presidente de la CoVAJ, Arturo Medina Padilla, lamentó que se haya emitido esta determinación en día inhábil de manera similar a los ‘sabadazos’, un procedimiento que viola el curso regular de la justicia.
De igual forma, el funcionario acusó que se usaron las festividades de Día de Muertos como distractor y señaló que el juez de guardia se aprovechó del sistema de turnos para evadir la determinación del juez que conoce de la causa.
Subrayó que sorprendió que se haya fijado la audiencia en un plazo de tres horas, lo que calificó de “una rapidez inusitada”, ya que en ocasiones la judicialización de una carpeta se ha logrado después de 10 meses de ser solicitada, siendo que el plazo legal es de 15 días.
Indicó que, de acuerdo con lo informado por la Fiscalía General de la República (FGR), durante la audiencia el juez hizo comentarios ideológico-políticos que exceden la argumentación jurídica y comprometen la imparcialidad.
La CoVAJ alertó que este cambio de medida cautelar envía un mensaje de que el caso podría avanzar hacia la impunidad.
Según la dependencia, el juez tampoco prestó atención al análisis de riesgo procesal que presentó el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) de la FGR, en el que se concluye que el riesgo de sustracción es alto.
La Comisión para la Verdad también urgió a que se revisen los argumentos del juez expuestos durante la audiencia con los que justificó el cambio de medida cautelar, y destacó que hasta el momento la evaluación de distintos médicos coincidían que la salud de Murillo Karam es estable.
Ante dicho escenario, la CoVAJ aseguró que dará seguimiento a la impugnación que presente la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (Ueilca) de la FGR, al tiempo que solicitará que se interponga una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por el actuar del juez al quebrantar el principio de legalidad e imparcialidad que exige que toda determinación se ajuste a las disposiciones legales vigentes.
“Estaremos atentos a que se respete la legalidad del debido proceso y, principalmente, el derecho a la verdad y la justicia de los familiares de los estudiantes desaparecidos”, aseguró la Comisión.
De qué se le acusa
Este jueves se dio a conocer que el extitular de la Procuraduría General de la República (hoy FGR) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto obtuvo un cambio en su medida cautelar con el que se le permite continuar su caso en arraigo domiciliario, con un brazalete electrónico hasta que se celebre su audiencia, programada para enero de 2024 debido a su “delicado estado de salud”.
Detenido en agosto de 2022, Murillo Karam es señalado por haber cometido presuntos delitos de desaparición forzada y tortura, que habría cometido contra Felipe Rodríguez Salgado, alias ‘El Cepillo’, uno de los sicarios de Guerreros Unidos que participó en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
En concreto, el exprocurador habría incurrido en dichos delitos para fabricar la conocida como “verdad histórica”, la versión que creó el Gobierno de México para ocultar la participación de varias estructuras del Estado en lo ocurrido.
La FGR sostiene que ‘El Cepillo’ fue torturado durante los interrogatorios para que corroborara la versión oficial. En una de las grabaciones el sicario aparece en un cuarto esposado y encapuchado, siendo amenazado por el antiguo director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, actualmente prófugo de la justicia.
La “verdad histórica” nunca fue creída por los familiares de las víctimas, que la consideraron como una forma de acallar las protestas que estallaron tras salir a la luz el caso, mientras que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un comité de juristas y médicos que llevó a cabo su propia investigación, lo tildó de crimen de Estado.
Con información de EuropaPress.