A raíz de la reciente aprobación de la Ley de Protección Animal en el Congreso de la Ciudad de México, conocida popularmente como “Ley Sesma,” diversas organizaciones de comerciantes de mercados públicos han solicitado al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, que se posponga la publicación de dicha legislación en la Gaceta Oficial.
Su solicitud se fundamenta en la necesidad de llevar a cabo una revisión exhaustiva de la ley antes de su implementación.
Las organizaciones en cuestión han argumentado que es esencial que expertos altamente capacitados realicen un análisis detallado de la ley y evalúen las posibles consecuencias que esta podría tener en lo que respecta a la preservación y el cuidado de la fauna.
Los temores giran en torno a los potenciales efectos negativos que la ley, en su forma actual, podría desencadenar, incluyendo el auge del tráfico ilegal de animales, el incremento del abandono y maltrato de animales de compañía, la expansión del mercado negro de animales y la pérdida de empleos en el sector, entre otras consecuencias no deseadas.
Con el propósito de manifestar su descontento y generar presión para que se atienda su solicitud, los locatarios de mercados y los comerciantes en pequeño han anunciado la realización de una movilización al Zócalo capitalino.
La fecha señalada para esta manifestación es el próximo 6 de noviembre, a las 8 de la mañana. Su objetivo principal será solicitar una audiencia con las autoridades del gobierno de la Ciudad de México.
En adición, han advertido que en caso de que la “Ley Sesma” sea finalmente publicada en la Gaceta Oficial de la CdMx, tomarán medidas legales, incluyendo la interposición de amparos. Este escenario podría conducir a una judicialización del proceso de aplicación de la ley.
Oposición de diversas organizaciones
El pequeño comercio organizado de la Ciudad de México, representado por el Movimiento Nacional del Contribuyente Social 17 de Marzo (MONACOSO AC), bajo la presidencia de Alberto Vargas, ha unido fuerzas con veterinarios asociados al Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño), que es coordinado por Gerardo Cleto López Becerra.
Este frente común ha logrado reunir diversas organizaciones de comerciantes de mercados públicos con el fin de expresar su oposición a la “Ley Sesma.”
Gerardo López Becerra, en representación de esta coalición, ha resaltado que la iniciativa de ley del diputado Jesús Sesma Suárez pretende, mediante el empleo de argumentos engañosos y falaces, prohibir la comercialización de mascotas en mercados públicos.
En lugar de ello, busca transferir este negocio a cadenas comerciales especializadas. Esta disposición, según López Becerra, otorgaría un monopolio y el poder económico a dichas cadenas para obtener los permisos que la ley establece.
Este escenario podría provocar el abandono de animales de compañía por parte de sus propietarios, que no podrían cumplir con los requisitos y pagos establecidos en la legislación.
Dulce Martínez García, vocera de Mercados Especializados en la Venta de Animales, ha enfatizado que en la Ciudad de México existen 336 mercados públicos repartidos en las 16 alcaldías.
De estos mercados, cuatro se dedican de manera especializada a la venta de peces y animales de compañía. En conjunto, estos mercados suman un total de 384 locales. Además, en otros mercados tradicionales, se pueden encontrar al menos tres locales que venden accesorios y mascotas.
En su conjunto, se estima que hay alrededor de 1,690 locales relacionados con animales de compañía y otras especies. Estos negocios proporcionan sustento a más de 33,800 familias en la ciudad.
Apoyo de los animales
La “Ley Sesma,” también conocida como la Ley de Bienestar Animal, ha sido objeto de controversia desde su presentación. A pesar de su aprobación en el Congreso de la Ciudad de México, profesionales veterinarios y expertos en el cuidado de los animales han expresado sus preocupaciones y desacuerdos con la legislación.
La ley propone diversas medidas relacionadas con el bienestar animal, que incluyen la aplicación de eutanasia a mascotas no reclamadas en los Centros de Atención Canina y Felina, facultar a las alcaldías y la Secretaría de Salud capitalina para capturar a perros y gatos en situación de calle o ferales cuando representen un riesgo para la salud.
También se encargaría de prohibir la celebración de espectáculos con especies silvestres, prohibir peleas de gallos y cualquier actividad de pelea animal, prohibir la venta de animales vivos en mercados públicos y regular diversas prácticas relacionadas con el manejo de animales, como adopción y acogimiento sin fines de lucro.
Sin embargo, esta ley ha sido objeto de críticas y protestas por parte de profesionales veterinarios y expertos en el cuidado y atención de los animales.
Algunos argumentan que la ley podría tener efectos contrarios a los que pretende lograr, invadir áreas de competencia de leyes federales y afectar a diversas áreas relacionadas con el bienestar animal, incluyendo el cuidado de razas puras, perros de trabajo, perros de asistencia a personas con discapacidades y otras áreas.
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