El 2 de octubre, varios narcomantas aparecieron colocadas en diferentes puntos de Culiacán, Sinaloa, mensajes que estaban firmados por la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, mismos que prohíben el trasiego, venta, elaboración y cualquier negocio relacionado con el fentanilo.
El mensaje señalaba que “debido a la incesante desinformación de algunos medios de comunicación y la evidente omisión del gobierno al no investigar y perseguir a los verdaderos culpables de esta epidemia (de fentanilo), en Sinaloa queda estrictamente prohibido la venta, fabricación, transporte o cualquier tipo de negocio que involucre a la sustancia conocida como fentanilo, incluyendo la venta de productos químicos para su elaboración”.
Las lonas aparecieron tres días antes de que funcionarios de seguridad de Estados Unidos se reunieran con sus homólogos de México en la capital del país, lugar donde se realizó el “Diálogo de Alto Nivel en Seguridad México-Estados Unidos”, al cual acudió Antony Blinken, secretario de Estado de los EEUU; así como Merrick Garland, fiscal general de ese país; Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional; y Elizabeth Sherwood-Randall, asesora presidencial para Seguridad Nacional de la Unión Americana.
En este sentido, Ernesto Hernández Norzagaray, doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, el supuesto mensaje dejado por los hijos de El Chapo Guzmán en Culiacán, no fue para los productores o vendedores del fentanilo, sino más bien iba para el gobierno federal “con el fin” de que tuvieran “algo que ofrecer” a los altos funcionarios estadounidenses.
En su columna para el medio Ríodoce, el doctor Hernández Norzagaray supuso que los funcionarios mexicanos iban a presentar la colocación de las mantas de los hijos del Chapo en un expediente para “mostrarlo” a sus homólogos estadounidenses. Señaló que también resaltarían el “mega operativo” con drones y helicópteros en Badiraguato, cuna de Joaquín Guzmán Loera y otros grandes capos de Sinaloa, ocurrido el sábado 30 de septiembre y del cual todavía no se sabe por qué motivo se realizó, ya que ninguna autoridad de los tres niveles de gobierno dio detalles de esa acción.
El especialista se cuestionó si estos “mensajes poderosos mediáticamente son suficientes” para que el gobierno de los Estados Unidos se conforme, o sea suficiente, de que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador esté haciendo algo respecto sobre la producción y tráfico de fentanilo al país vecino. Además, se preguntó si las agencias estadounidenses buscarán la captura de los otros hermanos de Ovidio Guzmán López o basta con los operativos de las fuerzas armadas mexicanas.
Tras la colocación de estas mantas a principios de octubre, la fiscal general de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez, aseguró que los mensajes estaban dirigidos al gobierno estatal, encabezado por Rubén Rocha Moya.
“Claro que está dirigido a nosotros (el gobierno estatal)”, reconoció en rueda de prensa la fiscal, al tiempo que aseguró que se abriría una investigación de ser necesario por estas mantas.
Durante las reuniones de funcionarios mexicanos y norteamericanos se habló de tres temas fundamentales, de acuerdo con lo dicho por las autoridades: fentanilo, tráfico de armas de EEUU a México y, por primera vez, la migración.
En estos diálogos, el gobierno de México reconoció que sí existen laboratorios clandestinos que producen fentanilo para luego ser traficados a la Unión Americana por los grupos del crimen organizado, como el Cártel de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“Hay que aclarar que México no produce precursores de fentanilo, eso está clarísimo. Los precursores llegan, sobre todo por la vía de los puertos y llegan algunos precursores que se les llama de uso dual; es decir, precursores que son por la vía legal utilizados para cosméticos, farmacéuticos, etcétera. Por supuesto hay una vía de ilegalidad que es lo que estamos trabajando muy fuerte cooperativamente con EEUU y otros países”, dijo la canciller mexicana Alicia Bárcena Ibarra el 5 de octubre.
Mientras estas reuniones se estaban dando en la Ciudad de México, narcomantas con mensajes similares a los que aparecieron en Culiacán tres días antes, fueron colocadas pero ahora en el estado de Sonora. Las lonas estaban firmadas por un grupo que se hace llamar Los Pelones, un supuesto brazo armado del Cártel de Sinaloa que tiene una fuerte presencia en Sonoyta, Caborca y Pitiquito.
Dos días después, otras mantas ampliaron la prohibición de venta de fentanilo en otras localidades de Sonora. Estos mensajes estaban firmados por otro brazo armado de Los Chapitos que opera en la entidad y a los cuales se les conoce como: Grupos Cazadores.