En un video colgado en sus redes sociales, María Elena Ríos, saxofonista, activista y sobreviviente de un ataque con ácido acusó un supuesto conflicto de interés de parte de la jueza María Teresa Quevedo Sánchez, encargada de llevar su caso contra su presunto agresor, el exdiputado Juan Antonio Vera Carrizal.
Son ya cuatro años los que María Elena Ríos ha estado luchando para buscar justicia; sin embargo, a lo largo de este tiempo ha denunciado diversas inconsistencias en el proceso para favorecer al supuesto autor intelectual de su intento de feminicidio.
La última de ellas, una fotografía publicada en las redes sociales del abogado Simitrio Ruiz Martínez, en la que también aparecen Edgardo Corro Enriquez, Edgar López -actual abogado que representa a Vera Carrizal- y la jueza María Teresa Quevedo Sánchez.
Simitrio Ruiz: “Primer abogado a cargo de mi carpeta de investigación y que por actos que rompieron mi confianza, decidí que dejara de tener conocimiento de mi proceso”, indicó María Elena Ríos.
De acuerdo con la narración de la saxofonista y activista, la noche del 30 de septiembre Simitrio Ruiz Martínez organizó una fiesta en la que estuvieron presentes abogados y miembros del Poder Judicial de Oaxaca que están o podrían estar involucrados en la causa penal que lleva en contra del exdiputado José Antonio Vera Carrizal.
María Elena Ríos aseguró que Simitrio Ruiz fue el primer abogado a cargo de su carpeta de investigación; se especializa en contrainterrogatorios -ejercicios de la audiencia de debate, etapa próxima a su proceso-:
“¿Será que pretenden que Simitrio me interrogue con todo el conflicto de interés que esto representa?”
Pide María Elena Ríos recusación de jueza
Apenas unos días atrás (29 de septiembre) María Elena Ríos solicitó la recusación para que la jueza María Teresa Quevedo Sánchez deje de conocer de su proceso por supuesta imparcialidad en beneficio de Juan Antonio Vera Carrizal.
La activista oaxaqueña aseguró que su solicitud está sustentada en los lineamientos de la Corte Interamericana y los Principios de Bangalore y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Conducta Judicial; ahí se establece que no compete a la jueza llevar a caba la etapa del proceso contra Vera Carrizal, sino a un Tribunal Colegiado con “comprobada” perspectiva de género.
Los lazos de la fiesta de Simitrio Ruiz
Martha Elena Castillejos Sánchez, visitadora del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca -quien recibió la solicitud de recusación-, también estuvo presente en la fiesta de Simitrio Ruíz y en la fotografía colgada en las redes del abogado aparece junto a la jueza María Teresa Quevedo.
“Es evidente que todos los procedimientos que he iniciado están condenados a la improcedencia. Es muy clara la manera, los vínculos y redes de los representantes del Poder Judicial, para imponer la justicia sobre la legalidad”: María Elena Ríos.
La sobreviviente de un ataque con ácido ocurrido el 9 de septiembre de 2019 aseguró que la “manera de operar” de ciertos abogados presentes en la fiesta de Simitrio Ruiz es generando vínculos sentimentales con las juezas para comprometer los procesos: “especialmente hablando de feminicidios”.
Uno de los señalados por María Elena Ríos al respecto es el abogado Emmanuel Cabrera, quien dijo tener una relación sentimental con la jueza de Ejutla de Crespo, Oaxaca, Luz María Soto, quien en noviembre de 2022 resolvió. favor de dos responsables de los feminicidios de Rosa Isela Leyva y Bernarda Ramírez.
Otro asistente a la fiesta fue Edgardo Corro Enríquez. A decir de la saxofonista, siempre intentó ganarse a su familia, pues su “objetivo” consiste en buscar al “mejor postor para representarlo en las audiencias de debate” y quien tuvo conocimiento de la carpeta de investigación de María Elena Ríos.
Al considerar que la fiesta y las imágenes difundidas en algunas de las redes sociales de los asistentes a la reunión de Simitrio Ruiz, la activista y víctima de un ataque con ácido condenó que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Eduardo Pinacho Sánchez, niegue que exista conflicto de interés y se ”desentienda de la corrupción” que existe en el Tribunal que preside.