Quién es Patricia “N”, dueña de un periódico de Veracruz vinculada a proceso por presunto secuestro de reportero

Patricia Ivonne “N” era esposa del exdueño de Vanguardia de Veracruz, Eugenio Gómez Lemus, quien murió en julio de 2021 por complicaciones de Covid-19

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Patricia "N". (Fiscalía de Veracruz)
Patricia "N". (Fiscalía de Veracruz)

A la muerte de Eugenio Gómez Lemus en julio de 2021, por complicaciones de Covid-19, su esposa Patricia Ivonne “N” se convirtió en la dueña del periódico Vanguardia de Veracruz, hoy vinculada a proceso por su presunta participación en el secuestro del reportero Ricardo Villanueva Ake.

La empresaria fue detenida el pasado 24 de septiembre en el estado de Hidalgo, según se puede leer en el Registro Nacional de Detenciones y vinculada a proceso por el delito de secuestro agravado, por lo que el juez le ratificó esté viernes la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

De acuerdo con la causa penal 406/2023, difundida por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Veracruz, el juez concedió la medida cautelar por un año en contra de la empresaria oriunda de Poza Rica, mientras se desarrolla la investigación complementaria del caso.

Después de su detención al intentar ingresar a un evento de charrería en compañía de una de sus hijas, Patricia Ivonne “N” fue trasladada a Veracruz para ser ingresada al penal de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec.

Al saber de su captura, el periódico Vanguardia calificó de “incongruente” su detención al considerársele como autora intelectual del plagio en contra del comunicador quien se negó a colaborar con dicho medio.

Sin embargo, la captura de su directora no fue la única afrenta contra el medio digital, pues durante la primera quincena de septiembre también se reportó la detención de Julio César “N”, reportero de la fuente policial y señalado como partícipe en el mismo delito que su jefa.

Sus plagiarios obligaron al periodista Ricardo Villanueva a "declarar" que colaboraba con el crimen organizado
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Dueños de Vanguardia de Veracruz tras las rejas

En abril de 201 Eugenio Gómez Lemus tomó la decisión de mudar a Vanguardia de Veracruz de un medio de comunicación impreso a uno digital, la razón, la detención de su medio hermano y entonces dueño del diario Gregorio Gómez Martínez, exalcalde de Tihuatlán, acusado de posesión de armas de fuego, tráfico de dogas y robo de vehículos.

En una transmisión a través de Facebook Live, Gómez Lemus grabó el recorrido dentro de las instalaciones de Vanguardia para mostrar que no había nada ilegal en sus instalaciones y así impedir una irrupción de las autoridades estatales como ya había ocurrido en otro de los negocios de su hermano.

“No permitiremos que nos siembren drogas, armas, no permitiremos que nos siembren autos robados, como hicieron con Gregorio”, lanzó Eugenio Gómez quien moriría tres meses más tarde dejando el control del periódico a su esposa Patricia Ivonne “N”.

Era el 3 de abril de 2023 -la nueva dueña de Vanguardia estaba apunto de cumplir dos años al frente del periódico- cuando se reportó el “levantamiento” de Ricardo Villanueva, periodista del diario Presente Veracruz, cuando se encontraba en un taller mecánico de Poza Rica al que había llevado su motocicleta.

Julio Valdivia, uno de los cinco periodistas asesinados durante la administración de Cuitláhuac García
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Horas más tarde se difundió un video en el que se apreciaba al comunicador “confesando” su presunta relación con el crimen organizado.

A un día de su secuestro, en un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía estatal y Guardia Nacional, Ricardo Villanueva fue localizado en Tihuatlán; presentaba lesiones provocadas por varios golpes, pero se le reportó con buen estado de salud.

Aunque el gobernador de Cuitláhuac García defendió el actuar de las autoridades en este caso; durante su administración se cuentan cinco periodistas asesinados según información de Artículo 19: Jorge Celestino Ruiz, Maria Elena Ferral, Julio Valdivia, Jacinto Romero Flores y José Luis Arenas Gamboa.

Otros periodistas como Jorge Sánchez -hijo del comunicador Moisés Sánchez, asesinado en 2015- acusan amenazas, intimidaciones y falta de compromiso del gobierno estatal para frenar los crímenes contra la prensa.

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