Durante la madrugada del 24 de septiembre, un grupo de civiles armados ingresó al rancho ‘El Potrerito’ en la comunidad de Malpaso, Zacatecas, y secuestró a siete jóvenes. Tres días después, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que encontraron a seis de ellos sin vida.
De acuerdo con las declaraciones del padre de uno de los jóvenes, se habían quedado a dormir el sábado por la noche en ‘El Potrerito’, un rancho ubicado a escasos 200 metros de un módulo de la policía local, pero “no escucharon nada (...) aunque los vecinos si escucharon los disparos”.
Casi cuatro horas después del secuestro de los siete jóvenes identificados como Jorge Alberto René Ocón Acevedo (14 años), Óscar Ernesto Rojas Alvarado (15 años), Sergio Yobani Acevedo Rodríguez (15 años), Diego Rodríguez Vidales (17 años), Héctor Alejandro Saucedo Acevedo (17 años), Gumaro Santacruz Carrillo (18 años), Jesús Manuel Rodríguez Robles (18 años), sus familiares informaron que la Policía Estatal mandó a un oficial a ver qué ocurría en el rancho “si arma, ni protección”.
Para la mañana del lunes, los nombres de los siete jóvenes secuestrados en Zacatecas ya se sumaban a las tres mil 652 personas desaparecidas en la entidad, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Hasta 300 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) iniciaron el lunes 25 de septiembre los operativos para dar con el paradero de los siete jóvenes en las regiones de Malpaso-Quemada y Vullanueva-Tabasco, dando como resultado la localización del auto en el que los privaron de su libertad.
Un día después, mientras personal de la Comisión Local de Búsqueda y Policías de Investigación se sumaban a las labores de búsqueda, familiares de los siete jóvenes bloquearon la carretera a Villanueva para exigir la localización con vida de los muchachos:
“Sólo palabras, nada de acción, ¿para qué sirven las fuerzas de reacción inmediata (...) Dicen que los andan buscando 300 elementos, pues no los vemos, si fuera un hijo de un político ya lo hubieran encontrado, traerían drones y el helicóptero”, sentenciaron los padres y madres de los jóvenes”.
Ese mismo martes, y ante los reclamos de los familiares de las víctimas, la FGE informó sobre la detención de dos personas presuntamente relacionadas con el secuestro. Los dos sospechosos -dijo el fiscal Francisco Murillo- fueron detenidos a 70 kilómetros del rancho donde se llevaron a los jóvenes, son originarios de Durango, podrían estar relacionados con el delito de desaparición y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).
“Son unos niños, todos son estudiantes, nos han querido extorsionar, pero no accedimos a darles dinero”, lanzó la madre de uno de los jóvenes durante la tarde del martes.
Apenas unas horas después, el gobierno de Zacatecas confirmó al diario El País el hallazgo sin vida de seis de los siete jóvenes. Según las declaraciones de Rodrigo Reyes, secretario de Gobierno, desde un helicóptero se logró encontrar a una persona con vida sobre una zona de difícil acceso, junto a él se ubicaron los cuerpos de tres personas más.
El funcionario indicó que al llegar al lugar, personal de las fuerzas del orden se encontró con los cuerpos de seis de los siete jóvenes; mientras el único sobreviviente -de quien no se reveló su identidad por razones de seguridad- está siendo atendido en un hospital de la región y bajo el resguardo de la FGE.
El caso no sólo recuerda lo ocurrido en Lagos de Moreno, Jalisco, donde cinco jóvenes desaparecieron el mes pasado, sino que también pone de manifiesto la violencia que se vive en Zacatecas y que ha cobrado la vida de 769 personas en lo que va del año -según cifras oficiales- y donde hace un par de semanas asesinaron a seis jóvenes más en una cancha de rebote en el municipio de Guadalupe.