De nueva cuenta las y los gobernadores de la autollamada Cuarta Transformación (4T) expresaron su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Esta vez por las medidas cautelares que le impuso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al presuntamente ejercer violencia política en razón de género en contra de la senadora panista Xóchitl Gálvez Ruiz, quien busca ser la primera presidenta del país en 2024.
A través de un comunicado en conjunto, los 21 mandatarios aseguraron que las conferencias matutinas son un ejercicio que “fortalece el sistema democrático” al ser un espacio que “privilegia el libre debate político, la crítica y el contraste de ideas”.
Incluso, afirmaron que pretenden ser menoscabadas por “intereses opuestos” al derecho a la información ciudadana.
“Lamentamos que se haya llegado al extremo absurdo de registrar al Presidente de la República en un padrón de personas sancionadas”
“Entendemos que los grupos que representan la esencia del conservadurismo, mismos que se oponen a la transformación, están atacando constantemente los logros que en materia de libertad de expresión se han logrado en este gobierno. Sin embargo, hacemos un llamado al TEPJF para que cumpla con los mandatos constitucionales y dicte justicia sin responder a intereses de grupo, partidistas ni de cualquier otra índole”, se lee en el documento.
En este sentido, consideraron que la sanción del TEPJF es arbitraria y atenta contra la libertad de expresión de AMLO.
“El TEPJF tiene el deber de privilegiar el libre debate político, la crítica y el contraste de ideas”, subrayaron.
En la transformación histórica que vive nuestro país, el derecho a informar y mantenerse informado, tiene un papel fundamental. Estamos en contra de todo tipo de restricción hacia cualquier ciudadano, incluyendo al presidente @lopezobrador_, que diariamente comunica a la… pic.twitter.com/DQkWjj6b1S
— Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) August 12, 2023
El documento está firmado por Marina del Pilar, gobernadora de Baja California; Rutilio Escandón, de Chiapas; Evelyn Salgado, de Guerrero; Sergio Salomón Céspedes, de Puebla; Rubén Rocha, de Sinaloa; Américo Villarreal, de Tamaulipas; Víctor Manuel Castro, de Baja California Sur; Martí Batres, de la Ciudad de México; Julio Menchaca, de Hidalgo; Miguel Ángel Navarro, de Nayarit; María Elena Lezama, de Quintana Roo; Alfonso Durazo, de Sonora; Lorena Cuéllar, de Tlaxcala; David Monreal, de Zacatecas; Layda Sansores, de Campeche; Indira Vizcaíno, de Colima; Alfredo Ramírez Bedolla; de Michoacán; Salomón Jara, de Oaxaca, Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí; Carlos Manuel Merino, de Tabasco; y Cuitláhuac García, de Veracruz.
Por su parte, López Obrador acusó el pasado 7 de agosto las y los integrantes del Tribunal Electoral de “alterar sus expresiones” sobre Gálvez Ruiz para sancionarlo.
“Sí, se da esta resolución que muestra de cuerpo entero, que exhibe a los integrantes del Tribunal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral. Los exhibe porque mienten, calumnian, actúan de manera falsaria; son capaces hasta de alterar mis expresiones, mis palabras. Imagínense qué clase de jueces, árbitros se tienen en este Tribunal Electoral”
“Es realmente grave, pero a qué tribunal acudo yo. Sí, podría solicitar un desafuero y tengo elementos, pero no lo voy a hacer porque entonces los convertiría yo en mártires vivientes”, agregó.
De qué van las medidas cautelares
Por unanimidad de votos, este viernes la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó al presidente López Obrador que se abstenga de emitir comentarios relacionados con la también aspirante a candidata presidencial por el Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez.
“Se propone declarar procedente el dictado de medida cautelar bajo la modalidad de tutela preventiva a fin de que el Presidente de la República se abstenga de realizar manifestaciones y expresiones en cualquier modalidad que pueda constituir violencia política en razón de género en contra de la denunciante”, indica el proyecto de resolución.
Lo anterior, luego de los dichos del mandatario federal contra la legisladora panista, pues de acuerdo al texto avalado por los consejeros, éstas refieren “la idea de que la recurrente participa en un proceso, el FAM, como parte de una decisión de un grupo de hombres cuya trayectoria responde a una estrategia de subordinación de dicho grupo y no como resultado de su trayectoria profesional y política”.
“Todo ese contexto está con los elementos de género y estereotipos a los que se refiere la Sala Superior, en la que se reúne los hombres y se decide que una mujer pueda llegar (a ocupar un cargo de elección popular”, dijo la consejera Claudia Zavala.
Aclaró que este es un tiempo de ceros tolerancias y que el derecho político de las mujeres no puede quedar supeditado al patriarcado. “Creo que en política no podemos aguantar nada. Nada”.
“Invisibilizar sí significa un acto de violencia. El no reconocer a las mujeres en su propia trayectoria es violencia, se llama violencia simbólica”, remató la presidenta de la Comisión de Quejas, cuyo posicionamiento fue avalado por su par Rita Bell López Vences.
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