Los diputados de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia en el congreso del Estado de México discuten una propuesta que busca imponer penas de prisión y la pérdida de derechos a quienes abandonen a mujeres embarazadas sin justificación.
La iniciativa contempla penas de seis meses a dos años de prisión, así como la privación de derechos como la patria potestad, custodia, tutela y herencia.
Los legisladores pedirán opinión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) sobre la propuesta de reforma a los códigos Penal y Civil, que es impulsada por la bancada de Morena.
Motivación en casos reales
La iniciativa se inspira en el caso de Diana Luz Vázquez, cuya hija no ha recibido pensión por parte del padre biológico durante más de cuatro años.
Se mencionó que en la entidad mexiquense se llevan a cabo diariamente 37 juicios relacionados con pensiones alimenticias. Además se busca aumentar las sanciones si el abandono resulta en lesiones a la mujer embarazada o al feto, incluso con la muerte de cualquiera de ellos.
Por igual, se propone que el oficial del Registro Civil informe a los contrayentes si alguno de ellos está señalado como deudor alimentario moroso.
En caso de incumplimiento con la obligación alimentaria, se contempla que el juez de lo Familiar ordene la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y avise a las autoridades migratorias para restringir la salida del país.
Exhiben a deudores alimentarios
El pasado 18 de junio, fecha de festejo por Día del Padre, miembros de la colectiva Raíces Fuertes llevaron a cabo una llamativa acción en la Alameda de la ciudad de Toluca. Mediante la instalación de un tendedero público, exhibieron a deudores alimentarios, resaltando su incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias para sus hijos.
Esta creativa estrategia buscaba ejercer presión tanto sobre los padres en deuda como sobre el sistema judicial. A través de estos tendederos simbólicos, la colectiva busca lograr dos objetivos: por un lado, incentivar a los padres a cumplir con su responsabilidad financiera hacia sus hijos; por otro, generar un impacto en los jueces y autoridades judiciales, instándolos a tomar medidas efectivas para asegurar que los menores reciban las pensiones alimenticias que les corresponden.
El colectivvo señaló que en el último año, el registró de deudores aumento y estimaron que 7 de cada 10 hogares, los padres no se hacen responsables de los hijos, ni económica ni sentimentalmente.