INE ya le sigue la pista al dinero de campañas publicitarias de los aspirantes presidenciales

La Unidad Técnica de Fiscalización (UTFl del Instituto Nacional Electoral (INE) inició con las tareas de rastreo sobre la propaganda política en bardas y anuncios espectaculares de los aspirantes del proceso interno de Morena así como de los participantes del Frente Amplio por México, quienes iniciaron un proceso previo al proceso federal 2023-2024.

Las tareas de vigilancia estarán a cargo de David Isaac Ramírez Bernal, responsable de la Unidad Técnica en la Oficialía Electoral ya se cuenta una cantidad importante de pruebas de la propaganda política, la cual se encuentra por todo el país y de manera irregular, aunque no especificó el nombre de los aspirantes involucrados.

“No puedo dar el dato, pero sí ya tenemos un buen volumen. Aunque ya estamos haciendo una recopilación a menor intensidad, la acción fuerte es esperar a que retiren la propaganda y entonces saldremos a hacer una verificación intensa”, dijo el funcionario electoral en entrevista para La Jornada.

Una vez concluido el plazo para que los aspirantes bajen la propaganda a su favor, la Unidad Técnica llevará a cabo una nueva verificación para constatar si se acató la orden y en caso de persistir las irregularidades, se iniciará un procedimiento y los gastos de esa publicidad se agregará al gasto ordinario de los partidos, además podría considerarse parte del gasto de las futuras campañas, lo que reduciría el margen de operación hacia adelante.

Apenas esta semana, el Consejo General del INE aprobó una serie de lineamientos para Morena y los partidos que integran el Frente Amplio por México, con el objetivo de no incurrir en actos anticipados de campaña, esto luego que el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ) ordenó al Instituto darle seguimiento a los procesos internos de los partidos rumbo a 2024.

Una de las principales medidas que recayó en la Unidad Técnica fue la de ordenar el retiro de propaganda política en bardas y espectaculares a favor de determinados aspirantes presidenciales. Además, se estableció que el INE podrá iniciar investigaciones para conocer el nombre de la persona responsable de contratar los espacios publicitarios, además del origen de los recursos para el despliegue de este tipo de campañas para la elección de un puesto de elección popular.

La publicidad objeto de fiscalización incluye la propaganda colocada en vía pública, como espectaculares, en bardas, vehículos del transporte público, edificios o monumentos. Tampoco se permitirá su colocación en equipamiento urbano, carretero o ferroviario.

El árbitro electoral también determinó que el tope de gastos para cada persona aspirante durante los actuales procesos internos no podrá exceder de 34 millones de pesos, mientras que Morena asegura que el límite de gastos para sus corcholatas es únicamente de 5 millones de pesos.

Otro de los lineamientos impide a los Partidos Políticos el uso de tiempos en radio y televisión para promocionar los procesos internos y los aspirantes presidenciales, y “sólo podrán difundir propaganda genérica relativa a sus actividades permanentes, la promoción de la participación de la ciudadanía en la construcción y fortalecimiento de la democracia y mostrar su ideología, valores o principios”.

El pasado 25 de julio, el Tribunal Electoral Federal del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) analizar la denuncia presentada por Movimiento Ciudadano (MC) en contra de los eventos de las “corcholatas” de Morena, con el fin de determinar si estos son actos anticipados de precampaña, o no, aún cuando se amparan como una competencia por la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Sobre los procesos que abrieron Morena y el Frente Amplio, la magistrada electoral Janine Otálora señaló públicamente que los partidos políticos diseñaron procesos para tratar de evadir la ley electoral.