A casi un año de que se celebren las elecciones para definir a la o el siguiente presidente del país, los señalamientos y réplicas entre Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Xóchitl Gálvez han sido uno de los aspectos que más atención han acaparado en las últimas semanas.
El sorpresivo crecimiento de la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) como una seria aspirante a competir por la Presidencia fue, a consideración de diversos especialistas, lo que motivó al actual mandatario federal a lanzar múltiples críticas en su contra.
Sin embargo, en la opinión del periodista Raymundo Riva Palacio, la mayor fortaleza de López Obrador para “descarrilar” las aspiraciones de Gálvez no recae en los discursos, sino en el ámbito político y jurídico.
En su más reciente columna para Eje Central, el también analista político comentó que el titular del Ejecutivo Federal es consciente de la “amenaza” que la panista representa para el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus contendientes a la candidatura, pues una eventual victoria de la senadora en las urnas interrumpiría de tajo el proyecto de la llamada “Cuarta Transformación”.
Considerando lo anterior, AMLO “sabe que si no la elimina de la contienda puede seguir creciendo y convertirse en la profecía autorrealizable, donde una creencia se vuelve realidad”, detalló el columnista.
Por tal motivo, según Riva Palacio, tanto el presidente como sus seguidores han optado por una ofensiva que va más allá de los dimes y diretes.
Un ejemplo de ello fue la divulgación de información confidencial sobre las transacciones y contratos de High Tech Services, la empresa de Gálvez. Por medio de sus redes sociales y en su conferencia mañanera, el tabasqueño se encargo de compartir detalles financieros a los que, en un principio, no debía tener acceso.
Tal embestida llevó a la senadora a anunciar la interposición de una demanda penal contra el presidente por aparentes violaciones al Código Fiscal y abuso de autoridad. Sin embargo, su reacción se quedó en las amenazas, pues nunca procedió.
Posteriormente, acudió al Instituto Nacional Electoral (INE) con la intención de que AMLO fuera sancionado por conductas de violencia política de género, pero la Comisión de Quejas y Denuncias desechó el proyecto. “La denuncia importante, sin embargo, no era esta última, sino la primera. ¿Por qué no lo hizo? Porque no se atrevió”, aseveró Riva Palacio.
La siguiente acometida del oficialismo llegó gracias al diputado Manuel Alejandro Robles, quien denunció a Xóchitl Gálvez ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por posibles delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y evasión de impuestos.
Más tarde, el exalcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, presentó otra denuncia penal contra la aspirante opositora por supuestos actos de corrupción, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y tráfico de influencias por aparentemente haber beneficiado a sus empresas mediante subcontrataciones equivalentes a 70 millones de pesos cuando ella fue la dirigente de dicha alcaldía.
“La senadora ha gritado mucho y lanzado amenazas, pero si se le quita el ruido al ambiente, está a la defensiva, descolocada y, podría uno sugerir, atemorizada—aunque ella dice lo contrario”, sostuvo Riva Palacio.
Las respuestas de Gálvez a estas denuncias formales se han limitado a declaraciones ante los medios y descalificaciones. Sin embargo, no ha presentado pruebas contundentes para derribar los procesos que Morena ha iniciado en las corporaciones impartidoras de justicia. “No parece que la senadora haya hecho aún ese trabajo, pues ya lo habría presentado, dejando que hablen los papeles y no su boca”, advirtió en su texto.
Es así que la herramienta más fuerte del presidente López Obrador para enfrentar a Xóchitl Gálvez es, bajo la perspectiva del periodista, el sistema judicial. Y en tanto la senadora no atienda las imputaciones que pesan en su contra, su carrera hacia 2024 podría correr peligro.
“No basta combatir la acusación con declaraciones de que está limpia de pecado y culpa, sino respaldar sus dichos con documentos para demostrar que en ningún caso hubo un conflicto de interés, que sugiera corrupción”, arguyó el analista político.