“Faltan nombres, sí, se han logrado descubrir varios (...) En el informe y la petición a la fiscalía cada una de ellas está identificada, hay personas que nunca habían salido, hay personas de instituciones que tienen un alto rango y que tampoco habían sido identificadas (y ahora) ya están”, señaló.
Antes de la ronda de preguntas y respuestas, padres y madres de los estudiantes calmaron al unisono “Ayotzinapa vive, la lucha sigue” así como “Fue el Estado”, a la par agradecieron a los expertos por su labor a lo largo de ocho años.
El GIEI señaló que mientras se siga ocultando información clave se hace “imposible” dar con el paradero de los estudiantes. Señalaron que pesé a lo ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no se abrieron todos los documentos clasificados relacionados con el caso, lo cual impidió el avance efectivo.
A la par llamó a la Fiscalía General de la República (FGR) para que actúe de manera autónoma, independiente y eficaz.
“Sin un compromiso decidido de la Fiscalía con los familiares (...) el caso no podrá aclarase en el futuro. Se necesita primero verdad, además de que la Fiscalía primero tenga la independencia, la capacidad y autonomía real, con capacidad de actuación y decisión”, reiteró el GIEI.
Entre las nuevas recomendaciones emitidas a la FGR, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes expresó la urgencia del cuidado del manejo de las pruebas, protección de testigos y la obtención de información de inteligencia clave.
“El tema de los testigos protegidos es otro gran hoyo negro que tiene que ser resulto de manera rápida: faltan mecanismos reales de protección efectiva a las personas comparecen a declarar”, señalan.
De acuerdo con las primera investigaciones, el día de la desaparición los estudiantes fueron divididos en dos grupos y posteriormente en tres. A estas delimitaciones se sumaron nuevas declaraciones que apuntan a que después de ello, habrían sido repartidos en otros subgrupos.
No fueron llevados al mismo lugar, ni tampoco al mismo escenario, nunca estuvieron en el basurero de Cocula, como lo señalaba la “verdad histórica”.
Hubo jóvenes detenidos en Barandillas, (al menos 16 o 17), ahí fueron detenidos, golpeados, maniatados. tumbados en el suelo y luego sacados por policías municipales de Iguala y Cocula. Hay contradicciones en las versiones de lo que paso después con ellos. Al respecto se detectó que un mensaje cifrado de Sedena contiene información sobre 11 detenidos en la noche de Iguala.
De acuerdo con el GIEI, el papel de agentes de los tres niveles del Estado ha imposibilitado dar con el paradero de los jóvenes. En este sentido, señalaron que el asesinato de posibles responsables, el miedo y el control que todavía existe son parte de lo que ha limitado el avance contundente de las investigaciones.
Cabe señalar que , de manera oficial se constató la participaron de elementos de la Marina luego de que se registrara la desaparición en cuestiones de seguridad perimetral, así como la participación de los buzos en el Río San Juan, donde fue hallada una bolsa con restos humanos el 29 de septiembre.
Sin embargo, y de acuerdo con los hallazgos, el GIEI encontró que miembros de ésta dependencia realizaron labores de inteligencia en las que efectuaron detenciones y torturas.
“Con base a esa tortura se hizo la llamada versión histórica”, agregó Carlos Beristain.
Una fuente confidencial aportó información en la que se dio a conocer que en los operativos especiales realizados por la Marina dos personas murieron, hasta el momento no han sido identificadas. Además de ello tampoco se ha aclarado porque se estableció un puesto naval en Coatepec de los Costales.
La Fiscalía General de la República (FGR) debe insistir en que se revele la información completa sobre los monitoreos completos, ya que estos permiten rastrear a donde fueron llevados los estudiantes la noche del 26 y mañana del 27 de septiembre de 2014 así como datos calves que se dieron de manera subsecuente (entre el 5 y 6 de octubre).
A partir del informe compartido por la Secretaría de la Marina (SEMAR), se encontró que hubo un seguimiento en tiempo real de los hechos, mismo al que tuvo acceso Sedena y otros organizamos de seguridad y que además dicha información permitía identificar autores y participes en la desaparición forzada.
“Ésta información la conoció en toda su integridad la Secretaría del Estado Mayor de Sedena y que además permitía saber los lugares dónde habían sido emboscados o llevados 17 jóvenes de Ayotzinapa”, atajaron.
De acuerdo con lo señalado la Secretaria de la Defensa ha buscado ocultar la existencia de dependencia relacionadas con labores de inteligencia, y que incluso han tratado de cambiar las definiciones de sus siglas.
“En unos de los documentos aparece en un margen izquierdo CMI que significa Centro Militar de Inteligencia y nos han contestado, bajo rúbrica pública, que CMI significa Contenido Mediático de Información”, revelaron los investigadores.