La FGR tuvo el video de la ejecución militar en Nuevo Laredo, pero le preocupaba su divulgación

Los hechos ocurrieron el 18 de mayo y al menos cinco civiles armados perdieron la vida luego de una persecución terrestre

Un video mostró cómo los militares habrían ejecutado a cinco civiles que ya se habían rendido. (Captura de pantalla)

El video que muestra la presunta ejecución extrajudicial de media decena de civiles a manos del Ejército mexicano en Nuevo Laredo, Tamaulipas, lo tenía la Fiscalía General de la República (FGR) a dos días de lo ocurrido, pero lo mantuvo bajo reserva ya que le preocupaba que fuera divulgado en medios de comunicación.

El 6 de junio se difundió un video en la prensa nacional e internacional en el que se observaba cómo diversos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sometieron a un grupo de civiles que fueron identificados como supuestos sicarios del Cártel del Noreste. Cinco de ellos fueron asesinados tras una persecución.

Los hechos ocurrieron el 18 de mayo sobre la avenida Prolongación Monterrey, pero el material audiovisual fue compartido dos semanas después por El País, lo cual ayudó a que tuviera un mayor alcance mediático.

Sin embargo, desde el 20 de mayo la FGR ya tenía acceso al video de la ejecución militar, pero su contenido no fue integrado en el expediente en su momento, sino hasta que el medio español lo divulgó.

Presuntos integrantes del Cártel del Noreste fueron sometidos y ejecutados por miembros del Ejército Crédito: Twitter@Ramiro_Escoto

El video fue registrado por las cámaras de seguridad de un supermercado que se encontraba en la zona. Reportes del medio referido indicaron que la FGR tuvo acceso a la grabación gracias a la “colaboración” del gerente de dicho establecimiento, quien les entregó una memoria USB.

Dos días después de la ejecución, la dependencia envió un oficio al gerente del supermercado S-Mart para consultar el video en cuestión. Aunque la USB estuvo en manos de peritos y policías -e incluso se hicieron copias-, su contenido no fue integrado en el expediente de la investigación que se abrió.

Ese mismo día (20 de mayo), el gerente entregó la USB a un agente de la Policía Federal Ministerial. Momentos después, un par de militares arribaron al S-Mart y también solicitaron acceso a las grabaciones. Durante 20 minutos estuvieron al interior del cuarto donde se encontraban los equipos de monitoreo.

“No sé qué fue lo que hicieron estas personas en el tiempo en que estuvieron en el cuarto”, comentó el gerente. Al cabo de unas semanas, el 7 de junio, el policía ministerial regresó al supermercado para hacerle más preguntas al gerente. Lo cuestionó sobre la identidad de los militares que consultaron las grabaciones y le dijo si tenía el video del día en que llegaron a la tienda.

Los civiles fueron sometidos y colocados junto a una barda para su ejecución, de acuerdo con el video. (Captura de pantalla)

De acuerdo con el periodista Pablo Ferri, el expediente “no muestra que la indagatoria por la visita militar al S-Mart trascendiera más allá de las preguntas al gerente”. Es decir, se desconoce si los militares modificaron los archivos del video. “Los tomos incorporan también la preocupación de la FGR por la divulgación del video el 6 de junio”, agrega.

Lo anterior dejó entrever que durante dos semanas la FGR guardó silencio y no dio a conocer el video que mostraba la supuesta ejecución extrajudicial. Asimismo, tampoco se tienen reportes de que se haya investigado la intervención de los militares que tuvieron acceso al video, por lo que se desconoce si lo modificaron.

La versión de la Sedena indica que los hombres asesinados agredieron a los uniformados luego de una persecución. El teniente de Infantería José Luis Nava Martínez señaló que los militares les solicitaron a los sujetos armados descender de la unidad en la que viajaban.

Durante estas acciones las autoridades escucharon detonaciones de arma de fuego que venían “de todas las direcciones”, por lo que los militares activaron sus armas para repeler la agresión. Supuestamente las muertes fueron en consecuencia del intercambio de balas.

Debido a estos hechos, la Fiscalía General de Justicia Militar cumplimentó 16 órdenes de aprehensión en contra del personal involucrado en los hechos, el cual también fue vinculado a proceso y se les dictó la medida cautelar de prisión preventiva.