Angélica Sánchez volvió a pisar la sala de juicios de Veracruz luego que el pasado 15 de junio se cumplimentó en Ciudad de México (CDMX) su reaprehensión por conducto de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz.
Tras una larga audiencia privada en la que se desahogaron las pruebas que presentó la Fiscalía veracruzana, el juez de control Roberto Sánchez Maldonado vinculó a proceso por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias a la jueza Sánchez Hernández y ratificó la medida de prisión preventiva de un año.
“El juez de control determinó la vinculación a proceso de la jueza por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias y estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria, sin abrir debate sobre la medida cautelar de prisión preventiva”, explicó el Instituto Federa de Defensoría Pública.
La magistrada oriunda del estado gobernado por Cuitláhuac García acudió a la sala de juicios orales de Pancho Viejo, en el municipio de Coatepec, acompañada de representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del Instituto Federal de Defensoría Pública Federal (IFDP).
“No existe impedimento para que puedan comparecer y se sumen a la estrategia de defensa”, señaló el abogado Ricardo Aguilar respecto a la participación de la IFDP, mientras que personal de la ONU actuará meramente como observador debido a las irregularidades del proceso.
El juez no permitió el ingreso de medios de comunicación a la sesión. Ante ello, es que queda en completa incertidumbre el avance del juicio que podría o no derivar en una vinculación a proceso contra Sánchez por los presuntos delitos en agravio de la fe pública y tráfico de influencias.
Previo al inicio de la sesión, la defensa declaró a la prensa presente que, además de la no vinculación, también buscarán que se varíe la medida cautelar de prisión preventiva que se le dictó a inicio de junio del 2023.
A ello, cabe recordar que el IFDP adelantó en un comunicado del pasado 16 de junio que de ser dictada la vinculación a proceso, se buscará que la imputada lo pueda seguir en libertad; no obstante, la defensoría pública dio a conocer que este miércoles el juez de control negó su representación y observación en el caso, acusando de una medida restrictiva al derecho de una defensa adecuada.
“Después de debatir por casi 2 horas, el juez de control negó la representación y observación del IFDP ante la solicitud que realizó la jueza Angélica Sánchez Hernández, pese a las múltiples violaciones a sus derechos humanos que se han presentado durante este proceso judicial”, se pudo leer.
Acusan detención arbitraria y persecución
El pasado 6 de junio elementos de la FGE detuvieron por primera vez a Angélica Sánchez por ordenar la libertad de Ithiel “N”, alias El Compa Paya, señalado como un generador de violencia en la región, para entonces, familiares acusaron que las autoridades no detallaron cuáles fueron los cargos que se le imputaron.
No fue hasta la segunda captura, en la capital mexicana, que se refirió por primera ocasión de los delitos en agravio de “la fe pública” y tráfico de influencias; sin embargo, cuestionado al respecto, Cuitláhuac García reconoció no contar con pruebas contra la jueza Sánchez.
“Si yo lo supiera, yo mismo voy como testigo”, comentó en conferencia de prensa del 19 de junio, donde insinuó que Angélica Sánchez se habría comunicado con el abogado de Compa Playa, además de falsificar pruebas y ordenar su liberación inmediata.
La postura del mandatario jarocho fue secundada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien incluso advirtió que su gobierno seguiría los mismos pasos para jueces que “no actúan con rectitud, ni honestidad”. Todo ello pese a que la hija de Angélica denunció irregularidades cuando su madre volvió a ser puesta a disposición de las autoridades en la capital mexicana.
“La orden de aprehensión jamás nos la enseñaron (...) no leyeron sus derechos. No sabíamos quiénes eran (los que la capturaron)”, aseveró Ingrid Gómez Sánchez para los micrófonos de Ciro Gómez Leyva el 16 de junio pasado, toda vez que aún se desconocía quién había ordenado la reaprehensión.
Por su parte, el IFDP destacó que el actuar de la FGE —llevada a cabo por elementos de la Guardia Nacional (GN)— transgredió la labor jurisdiccional. A ello, advirtió que Angélica Sánchez volvió a exponerse a una tortura psicológica por las condiciones en las que fue trasladada a Veracruz desde la metrópoli.
Asimismo, el Centro Prodh condenó la segunda detención al señalarla como “un grave atentado” contra la independencia judicial, además de acusar a Cuitláhuac García de autoritario y advertir que la retórica de López Obrador contra el Tercer Poder de la Unión “sí tiene consecuencias”.