Debido a las irregularidades en la detención y el proceso judicial iniciado en contra de la jueza Angélica Sánchez, la organización Amnistía Internacional realizó un pronunciamiento en el que acusó posibles violaciones a sus derechos humanos.
Lo anterior debido a que, según quedo asentado en el Registro Nacional de Detenciones, la funcionaria que trabajaba en el distrito de Huatusco fue detenida por elementos de la Guardia Nacional y no por agentes policiales, a pesar de que los delitos que se le imputan —contra la fe pública y tráfico de influencias— son del fuero común.
Además, quienes ejecutaron la orden de aprehensión no portaban ningún uniforme, sino que iban vestidos como civiles con playeras negras y la subieron a una camioneta blanca con placas del Estado de México.
“Amnistía Internacional expresa su preocupación por la detención de la jueza y las violaciones a Derechos Humanos que pudieran resultar”, escribió la organización mediante un breve comunicado.
En este sentido, lanzó un llamado a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz para iniciar una investigación imparcial y le pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que indagara sobre las posibles irregularidades en la actuación de la Guardia Nacional, pues los agentes ni siquiera se identificaron al momento de capturar a la impartidora de justicia.
Sumado estas irregularidades, después de su aprehensión la mañana del 16 de junio en las afueras del hotel Fiesta Inn, en el Centro de la Ciudad de México, el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) informó que las autoridades la arrestaron a pesar de contar con una suspensión en juicio de amparo.
Adicionalmente, el IFDP denunció que Angélica Sánchez se había mantenido incomunicada. “Hasta el momento no se ha permitido al personal de la Defensoría establecer contacto con ella”, señaló en un comunicado.
La reciente captura de la funcionaria ocurrió sólo una semana después de haber sido liberada de un apresamiento previo en Veracruz. Al salir del hotel, según contó su hija Ingrid Gómez Sánchez en entrevista con Ciro Gómez Leyva, una mujer las interceptó y les dijo que llevarían a cabo una “diligencia”.
“Nos alarmamos, tratamos de meter a mi mamá a un elevador. La jalonean. Como podemos la metemos al elevador del hotel y en ese momento dice que se va a llevar a cabo una detención en su contra por delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. Así lo manejaron”, indicó.
Angélica Sánchez había viajado a la CDMX para pedir una audiencia con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, y exponerle su situación. Después de ser detenida, fue trasladada a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y, posteriormente, enviada al penal de Pacho Viejo, en Veracruz.
Después de una audiencia inicial, un juez de control ordenó que a la jueza se le aplicara la medida cautelar de prisión preventiva justificada por un año. Frente a esto, será el miércoles 21 de junio cuando se lleve a cabo la nueva audiencia en la que se determinará su situación jurídica.
Por su parte, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, defendió la captura de la magistrada, pues consideró que se había “extralimitado” e “incurrió en delitos” debido a la liberación de Itiel Palacios, alias “El Compa Playa”, identificado como presunto responsable en al menos tres homicidios, incluido el del diputado Juan Carlos Molina en noviembre de 2019.