Ante los obstáculos que la población ha enfrentado en años recientes al comprar boletos para conciertos y otros espectáculos, la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados preparó un dictamen con el que pretende proteger a las y los consumidores de las prácticas abusivas perpetradas por las empresas que proveen este servicio.
El proyecto de decreto pretende reformar diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Por ejemplo, contempla que una de las facultades de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sea proteger los derechos de las personas en la compra de boletos por cualquier medio autorizado, incluyendo Internet o cualquier otra vía electrónica, para los espectáculos públicos.
Otro de los aspectos que se incluyen en la iniciativa es que las compañías dedicadas a ofrecer estos espectáculos, como Ticketmaster, deberán garantizar la entrada a quienes cuenten con algún medio válido para su acceso “cuando este haya sido emitido por el proveedor del servicio o el tercero autorizado para ello”.
Uno de los casos más conflictivos que involucró a dicha empresa fue la serie de conciertos que ofreció Bad Bunny en diciembre de 2022 en el Estadio Azteca, pues una gran cantidad de fanáticos que habían adquirido boletos de manera legítima se quedaron fuera del recinto.
“Por ningún motivo se podrá condicionar o negar la entrada al consumidor con boletos o accesos válidos cuando hayan sido emitidos por el proveedor”, puede leerse en el proyecto de la Comisión de Economía, encabezada por el diputado Jorge Inzunza Armas.
En el artículo 62 Bis. que plantea añadir este decreto a la citada ley también se establece que las empresas tendrán prohibido ofrecer accesos que rebasen el número de lugares disponibles en los recintos en donde se celebren los eventos.
Sumado a lo anterior, el proyecto también incluye un apartado alusivo al proceso de reembolso en caso de que se cancele algún espectáculo, pues el proveedor que se haya encargado de la venta de boletos “deberá reintegrar al consumidor el importe completo”, lo que incluye el costo de la entrada y los cargos por cualquier tipo de servicios.
El reembolso, además, se deberá realizar dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha del anuncio de la cancelación a través del mismo medio de pago usado por la persona afectada.
Adicionalmente, el proyecto considera un artículo 76 Bis. en el que se determina que las compañías encargadas de vender los boletos digitales deberán informar “de manera precisa y certera” en su página electrónica de términos y condiciones cuál es el costo total de sus servicios, cargos o comisiones, pues actualmente en boleteras como Ticketmaster dichos montos son visibles hasta el momento de realizar el pago.
Al final de la iniciativa se hace referencia a otro de los graves problemas que han perjudicado a las y los consumidores, como lo es la reventa de entradas a costos exorbitantes.
Para atender esto, se deberán implementar protocolos de prevención y denuncia para combatir “el acaparamiento y la reventa no autorizada de boletos [que se ofrezcan tanto en plataformas digitales como en cualquier medio físico]”. En caso de que se presente esta problemática, la Profeco será la encargada de sancionar ambas prácticas abusivas.
Este dictamen será presentado en la Cámara de Diputados este 15 de junio. Cabe aclarar que, para que pueda adherirse a la ley vigente, el proyecto debe ser probado primero por la Comisión y, posteriormente, en el Pleno de San Lázaro. Una vez avalado en dicho recinto, podrá ser turnado al Senado de la República y, si se aprueba en dicha sede, podría estar lista para su entrada en vigor.