Un juez federal concedió al exdirector de Petróleos Mexicanos, Carlos Alberto Treviño Medina, una suspensión provisional contra la omisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de solicitar la cancelación de la orden de aprehensión girada en su contra en 2021 por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa en el caso de la planta Etileno XXI.
Treviño Medina, quien es acusado de presuntamente recibir sobornos por 4 millones 390 mil pesos a cambio de otorgar un contrato a la empresa Braskem, que es filial de la constructora brasileña Odebrecht, para el proyecto de la planta Etileno XXI, recurrió el pasado jueves 11 de mayo a la protección de la justicia con la intención de frenar el mandamiento judicial liberado por el juez Rogelio León Díaz Villarreal, con residencia en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, derivado de la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000865/2020.
La titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Paloma Xiomara Gomzález, admitió a trámite el recurso y otorgó la medida cautelar, respecto a los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión y su ejecución, así como la omisión de solicitar la cancelación de la misma.
Sin embargo, la juzgadora negó la protección de la justicia al exfuncionario en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en lo relacionado con actos de tortura que pudiera sufrir ante la posibilidad de que se ejecute la orden de captura vigente, por tratarse de hechos futuros e inciertos.
“Como lo plantea la parte quejosa, no se trata de actos que produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica, pues los hace depender de hechos futuros e inciertos, en este caso, que ante la posibilidad que se ejecute la orden de aprehensión en su contra, pueda sufrir tortura con la finalidad de que declare falsamente contra otras personas a cambio de su libertad.
“En ese orden, con fundamento en numeral 113 de la misma legislación, por notoriamente improcedente, SE DESECHA la demanda de derechos fundamentales, respecto a los actos de tortura”.
La jueza Paloma Xiomara González, programó para el próximo 12 de junio la audiencia constitucional en la que determinará si concede la suspensión definitiva a Carlos Alberto Treviño Medina, quien desde 2021 es buscado por la Interpol, derivado de que es requerido por la justicia de México.
El pasado mes de febrero, un juez de distrito negó el amparo a Carlos Treviño, con el que buscaba ordenar a la Fiscalía General de la República investigar los supuestos actos de tortura en contra de Emilio Lozoya Austin.
En julio de 2022, hace casi un año, Teviño Medina, acusó a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de Justicia, junto con el subprocurador Especializado en Investigaciones de Delitos Federales, Juan Ramos López, de torturar a Lozoya Austin para involucrarlo en el caso Odebrecht.
De acuerdo con el expediente, el quejoso denunció que Lozoya Austin fue presionado, amenazado y torturado psicológicamente, “mediante coacciones, presiones, condicionamientos y recompensas frágiles –acogerse a un criterio de oportunidad–, y ya con su voluntad vencida, firmó denuncia de hechos falsos”, que dio lugar a la carpeta de investigación en su contra, así como obligado a recovar a sus defensores y desistirse de juicios de amparo promovidos en su favor.
No obstante, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, de la FGR, a cargo de Irene Herrerías, determinó que las referencias del denunciante no son aptas para establecer que ha ocurrido un hecho relevante para el derecho penal, en razón que sus manifestaciones no precisan circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, esto es, no refiere el cómo se dieron las amenazas y/o presiones, así como la supuesta negociación entre el Fiscal General de la República y Lozoya Austin para acordar un criterio de oportunidad a cambio de declaraciones falsas, por lo que carecen de eficacia para iniciar una investigación.
Desde noviembre de 2021, con base en las declaraciones de Lozoya, la FGR obtuvo de un juez de distrito, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, una orden de aprehensión contra Treviño Medina, que permitió girar una ficha roja de Interpol, para su localización y captura en los 190 países que pertenecen a esta organización internacional.