La Presidencia de la República condenó la filtración realizada por Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien divulgó, como exclusiva a un medio de comunicación, el proyecto de sentencia en el que, supuestamente, invalida la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral promovida por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
A través de un comunicado oficial, la dependencia oficial señaló este martes 2 de mayo que lo ocurrido el lunes 1 contraviene lo estipulado por la ley, pues de conformidad con el Acuerdo General número 18/2006, emitido por el Pleno de la SCJN, los proyectos de sentencia de los ministros constituyen información reservada, por lo que esbozó una serie de preguntas al proceder del magistrado.
“¿Quién es responsable de resguardar la información de un expediente judicial en trámite ante el alto tribunal? ¿Con qué intención alguien de la SCJN filtró a un medio de comunicación, en exclusiva, un proyecto de sentencia tan relevante? ¿A cambio de qué se entregó la información reservada? La filtración de información ¿afecta o no el principio de imparcialidad de los demás jueces constitucionales? ¿Es causa de responsabilidad grave la divulgación indebida de esta información?”
En relación al supuesto acto de transparencia que cometió Pérez Dayán, la dependencia gubernamental sostuvo que más bien atiende a un acto de irresponsabilidad ya que el procedimiento judicial sigue en proceso y no ha sido incluido en la lista oficial de asuntos por resolver en el pleno. Por ello, concluye que “se viola flagrantemente el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación”.
Aunado a ello, especificó que la fracción IX del Artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación prohíbe a los ministros divulgar cualquier opinión que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento, es decir, el ministro violó el proceso judicial, lo cual resulta irónico, pues el ministro plantea echar para atrás el Plan B porque, de acuerdo con él, se violó el proceso legislativo.
“La filtración de información reservada es una práctica ilegal que afecta el principio de imparcialidad de los funcionarios que imparten justicia en nuestro país; el artículo 206, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública prohíbe, entre otras conductas, usar, sustraer o divulgar, total o parcialmente, la información que se encuentre bajo la custodia de los servidores públicos”
Además, el gobierno federal recordó que el Artículo 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal (CPF) entiende como un delito contra la administración de justicia si un servidor público da a conocer, a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren en un proceso judicial y que por disposición de la ley esté reservado.
En este sentido, se destacó que la SCJN no difundió de forma institucional el proyecto de sentencia, sino que lo entregó “clandestinamente” a un medio de comunicación y, en consecuencia, se contaminó el proceso deliberativo de los integrantes del Pleno de la SCJN. “Los jueces no sólo hablan por sus sentencias, sus actos también demuestran su talante republicano y el respeto al Estado de derecho como servidores públicos”, destacó la Presidencia de la República.
Finalmente, y basado en este contexto, la dependencia espera que la Suprema Corte inicie la investigación interna que corresponda para deslindar responsabilidades y evitar que este tipo de conductas ilegales se repitan.
Alberto Pérez Dayán es el magistrado proyectista encargado de la impugnación promovida por las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) contra la primera parte del Plan B —la que se aprobó en diciembre de 2022— que hace referencia a las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
De acuerdo con el versado en derecho, la reforma se aprobó gracias a la mayoría de los partidos promotores de la Cuarta Transformación (4T) y a diferentes irregularidades y violaciones al debido proceso en el Congreso de la Unión. En consecuencia, Pérez Dayán advierte una “transgresión al principio de deliberación democrática” y, por tanto, planea invalidar la Reforma Electoral de AMLO.