Con 256 votos a favor y 216 en contra, la Cámara de Diputados aprobó que la empresa perteneciente al Ejército Mexicano, Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica S.A. de C.V., tenga el control total del Tren Maya.
Los legisladores validaron la reforma que adiciona diversas disposiciones a las Leyes de Vías Generales de Comunicación, Reglamentaria del Servicio Ferroviario y de las Entidades Paraestatales, en donde se establece que lo concerniente a las vías férreas de comunicación tendrán que ser administradas por el Estado.
La reforma fue presentada “de forma urgente” por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con el fin de establecer que los títulos de asignación de vías férreas se “deben mantener siempre en manos del Estado y que debe existir una temporalidad indefinida de éstos”.
Es decir, en la reforma aprobada se avaló que quien ostente el cargo de Presidente de la República podrá asignar directamente a entidades paraestatales la prestación de servicios públicos, así como el uso, aprovechamiento y explotación de bienes de forma indefinida.
“La persona titular del Ejecutivo Federal puede asignar directamente a entidades paraestatales la prestación de servicios públicos, así como el uso, aprovechamiento y explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la federación (...)”, se pudo leer en la adición del artículo 59 bis de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales que se reformó, aunque aún tiene que pasar al Senado de la República para su ratificación.
Una vez que sean asignadas las actividades antes mencionadas, éstas no podrán cederse o transferirse bajo ningún título y sólo podrá hacerse cuando se acredite que no existe utilidad o interés público, general, social o razones de seguridad nacional que así lo demanden.
“El título de asignación a favor de entidades paraestatales tendrá una vigencia indefinida. Una vez otorgada dicha asignación, no podrán cederse o transferirse bajo ningún título; sólo podrá concluir cuando se acredite fehacientemente que no existe utilidad o intereses públicos (...)”, se observó en la adición del segundo párrafo del artículo 10 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.
El diputado del Morena, Pablo Almícar Sandoval, fue el que encabezó la presentación de la iniciativa y argumentó que el área ferroviaria es un área prioritaria para el desarrollo nacional, además de que se trataría de establecer seguridad en la soberanía del Estado mexicano.
“Proponemos que las asignaciones en la ley reglamentaria tengan una vigencia indefinida. La reforma al artículo 3 de la Ley de Vías Generales de Comunicación propone que el titular del ejecutivo otorgue asignaciones y no sólo concesiones”, fue la justificación que dio en el pleno sobre la reforma.
Sobre el mismo tenor, el legislador Miguel Torruco, del mismo grupo parlamentario, explicó que las modificaciones son claves para el regreso de los trenes de pasajeros, lo cual ayudaría a impulsar la economía del país mediante el traslado y el turismo.
No obstante, la representante de Movimiento Ciudadano (MC), Julieta Mejía Ibáñez, rechazó la propuesta que no pasó por comisiones, ya que consideró que lo que se pretende, en realidad, es que el Tren Maya siempre esté en control de las Fuerzas Armadas, por lo que llamó a estar en contra de la militarización.
“La iniciativa no tuvo el proceso legislativo reglamentario y, a pesar de eso, vamos a votarla sin un análisis previo en comisiones, como un albazo”
Por su parte, tanto las bancadas del PAN como del PRI acusaron que la reforma limita la competencia y abre el control exclusivo del Estado mexicano: “El gobierno de la Cuarta Transformación es incapaz de administrar el dinero de las y los mexicanos”.