Después de casi cinco horas de sesión, la cual terminó de madrugada, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que contempla varias reformas legales en materia de concesiones para minería y aguas nacionales.
La votación se llevó a cabo durante los primeros minutos del 21 de abril debido a que la iniciativa fue considerada “urgente y de obvia resolución”. Concretamente, incluye modificaciones a distintas disposiciones de la Ley Minera, así como de las leyes de Aguas Nacionales, del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Con 290 votos a favor, 186 en contra y una abstención en lo general, así como 251 votos en pro, 209 en contra y una abstención en lo particular, el proyecto pasó al Senado de la República para continuar con el debido proceso legislativo antes de que los cambios entren en vigor.
Esta serie de reformas pretende que el Estado recupere el control sobre los recursos minerales e hídricos que están en el subsuelo del país. Además, contempla una mayor regulación en la entrega, mantenimiento, supervisión y terminación de las concesiones mineras y de agua para minería.
Uno de los puntos más destacados de este paquete de modificaciones es que no se otorgarán permisos a mineras en Áreas Naturales Protegidas. Además, incluyó medidas para resguardar los derechos de los pueblos indígenas, pues deberán ser consultados de manera previa al otorgamiento de cualquier licencia. El costo de las consultas deberá ser cubierto por la persona física o moral que la solicite.
En este sentido, también se incluyó una disposición que establece que a las comunidades ubicadas en zonas mineras se les deberá pagar una contraprestación de al menos 5% de las utilidades obtenidas por la actividad realizada.
Vigilancia más rigurosa y una mayor seguridad
El dictamen aprobado en San Lázaro establece también la creación del Programa de Restauración, Cierre y Post-cierre y la Gestión de los Residuos Mineros y Metalúrgicos, con el cual se pretende reducir el impacto en el medio ambiente y en la salud pública que pueden tener las minas.
La diputada Raquel Bonilla Herrera, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) hizo hincapié en que el marco jurídico vigente no estipula ninguna medida para reparar los daños provocados por la actividad minera, por lo que la iniciativa ayudaría a evitar la sobreexplotación y permitiría avanzar hacia un equilibrio entre el bienestar de los ecosistemas y la protección de los derechos humanos.
Otro de los puntos más destacados de la serie de reformas es la reducción en el plazo de las concesiones, pues pasarán de tener una vigencia de 50 años a expirar en 30 años y será necesario establecer planes de regulación. La Ley Minera además:
- Condicionará la concesión minera a la disponibilidad hídrica en la zona
- Cancelará los permisos si transcurren dos años sin que se reporten trabajos en las minas
- Otorgará concesiones únicamente por mineral o sustancia
- Incluirá un capítulo de delitos para sancionar conductas delictivas en esta materia
- Ordenará el cierre de minas que representen un desequilibrio ecológico
- Eliminará el derecho de las personas titulares de las concesiones a obtener la expropiación de un terreno para la explotación
Según datos compartidos en la sesión por Reginaldo Sandoval Flores, del Partido del Trabajo (PT), de las 249 operaciones mineras metálicas en México, el 72% no tiene permiso en las descargas residuales, el 62% no cuenta con concesiones de agua, 55% carece de información sobre emisiones de contaminantes y 51% opera en acuíferos sin disponibilidad de agua.
Pese a que presuntamente se violó el proceso legislativo por haber aprobado las reformas antes de realizar una consulta a las comunidades indígenas, integrantes de las bancadas de partidos opositores reconocieron el avance que este proyecto representa para el manejo de los recursos naturales mexicanos.