La Fiscalía General de la República (FGR) informó que procedió penalmente contra el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, por presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes en el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde fallecieron 40 personas.
En una tarjeta informativa, la FGR también informó que procedió penalmente contra Antonio Andrés Vidal Islas, director general de Regulación y Archivo Migratorio del INM. De igual forma lo hizo con los servidores públicos Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, que se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas del incendio.
“Es importante señalar que el INM es un órgano administrativo desconcentrado, cuyo objeto es la ejecución, control y supervisión de todas las políticas migratorias en el ámbito nacional. Y, en razón de ello, la FGR ha investigado dos líneas paralelas de información; la primera, dentro de dicho órgano desconcentrado; y la segunda, en el ámbito de la empresa de seguridad privada señalada”, señaló.
Agregó que como parte de la investigación de antecedentes, “se encontró que, el 31 de marzo de 2020, se dio en otro centro migratorio del INM, en Tenosique, Tabasco, un caso semejante, dando como resultado una persona muerta y 14 lesionados. Lo cual generó una recomendación de la CNDH, que indica un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos”.
El Ministerio Público Federal apuntó que los “dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años vuelven a señalar, con toda claridad, las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo; e indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos ya señalados”.
Además, enlistó las omisiones por parte del INM y de la empresa de seguridad privada. “Ambas partes suscribieron contratos por adjudicación directa, omitiendo sus obligaciones de licitación pública y generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios”.
La FGR precisó que el INM y la empresa privada de seguridad omitieron el cumplimiento de sus obligaciones de capacitación, control y supervisión: “se ha evidenciado que la empresa se abstuvo de registrar en el IMSS a la inmensa mayoría de sus dependientes, lo cual trató de hacer días después de los hechos señalados”
Toda esta serie de conductas ilegales y omisas, aclaró la FGR, “fueron evidentemente elementos fundamentales que propiciaron la comisión de los delitos de referencia; por lo que la investigación continuará sobre esos aspectos, hasta lograr la vinculación a proceso de quienes sean responsables de tales hechos”.
El anunció del Ministerio Público de la Federación se da luego que el comisionado Francisco Garduño reapareciera públicamente este martes, 11 de abril, en Ciudad Juárez, en medio de tensiones políticas por la tragedia.
Los países de Colombia, Guatemala, Venezuela y El Salvador habían exigido al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que las muertes de sus connacionales no quedaran impunes.
“Tienen razón las autoridades (...) es muy lamentable. Ellos tienen que proteger la vida de sus conciudadanos. Esa es la labor del gobierno, pero nosotros estamos en comunicación con ellos para ayudar. Y también, como lo dije el primer día, no va a haber impunidad, se va a castigar a los responsables, va a continuar la investigación, ya hay detenidos. Y todavía no concluye de investigación para castigar a los responsables de esta tragedia”, comentó López Obrador durante su conferencia matutina del 10 de abril.