El gobierno de México anunció la adquisición de 13 centrales de generación eléctrica pertenecientes a la compañía española Iberdrola, esto a un costo de USD 6 mil millones (109 mil 920 millones de pesos aproximadamente). A pesar del discurso oficial, el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (Imco) sostuvo que dicha compra no nacionaliza la industria eléctrica.
Los recursos de la adquisición provienen de un fideicomiso privado con participación mayoritaria del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y otras instituciones públicas mexicanas, gestionado por Mexico Infrastructure Partners (MIP).
De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), su administración llevó a cabo esta operación para “fortalecer a la empresa pública Comisión Federal de Electricidad (CFE) y, de esta manera, poder ofrecer la energía eléctrica a precios justos”. Además de que se hará más eficiente la generación de energía, el gobierno especificó que se trata de 12 plantas de ciclo combinado (gas natural y vapor) de 8 mil 436 MW y una eólica de 103 MW.
“La operación de ayer, de manera técnica, no entra a la deuda. Es patrimonio de la nación. Nos significó 120 mil millones de pesos, como el 0.04 por ciento el Producto Interno; nada porque tenemos finanzas públicas fuertes”
Por su cuenta, el Imco refirió que el contar con financiamiento del sector público no cambia que “legalmente la propiedad de las centrales se mantendrá privada”; no obstante, reconoció que todavía no es público a cuánto asciende la participación de las entidades públicas, ya que se desconoce la composición del capital del fideicomiso que gestionará estas centrales.
“A pesar de contar con financiamiento público, legalmente la propiedad de las centrales y la gestión del fideicomiso será privada […] La CFE no está incrementando su participación de mercado en la generación eléctrica”
Otras especificaciones que se tienen de las plantas es que 10 operan bajo la figura de Productores Independientes de Energía (PIEs), centrales privadas que venden toda su producción a la CFE en contratos de hasta 30 años instaladas previo a la apertura del sector energético en 2013/14, y tres lo hacen de forma privada, es decir, participan directamente en el Mercado Eléctrico Mayorista.
Asimismo, esto significa por parte de Iberdrola que avanza en su agenda climática, esto para reducir poco a poco su huella en emisiones de gases de efecto invernadero. Al respecto, se destaca que la española anunció en 2022 que invertirá USD 51 mil millones en proyectos de infraestructura de redes y generación renovable en un plazo de tres años.
La administración de la Cuarta Transformación (4T) expuso que los usuarios se verán beneficiados con esta compra, pues el porcentaje de generación eléctrica bajo control de la CFE se incrementará de 39.6% a 55.5%, un nivel bastante cercano a lo que se buscaba con la Reforma Eléctrica, misma que no pudo ser aprobada en la Cámara de Diputados gracias al voto de la oposición, pues al tratarse de una serie de modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), se requería de mayoría calificada (dos terceras partes), misma que no se obtuvo.
Sin embargo, el Imco insistió que la mayor parte de esta generación ya está bajo control de CFE a través de una subsidiaria, por lo que la adquisición no representa un avance en la nacionalización de la industria eléctrica. Esto quiere decir que estas centrales operan legalmente en los términos impuestos por la empresa y forman parte jurídica, contable y económicamente de la CFE. Por lo que el anuncio de compra, de acuerdo con lo apuntado por el Imco, “no cambia este hecho”, aunque sí abre la posibilidad para que la Comisión se expanda.
“Esta venta no representa una nacionalización de la industria, ni cambia la operación del Mercado Eléctrico Mayorista, únicamente cambia la propiedad de una canasta de centrales entre privados”