Abogado de Emilio Lozoya anunció que se busca cooperación “inmediata” con el gobierno

El exfuncionario se encuentra detenido desde el 2020 por varios delitos relacionados con el caso Odebrecht, el cual fue uno de los más controversiales en el sexenio de Enrique Peña Nieto

Fotografía de archivo donde aparece el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya. EFE/José Méndez

Emilio Lozoya Austin, exdirector de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), pactará con el gobierno mexicano para cooperar con las investigaciones que se tienen en su contra con relación con el caso Odebrecht, según anunció la defensa del acusado.

Pues a través de un comunicado compartido por Miguel Ontiveros, abogado del exfuncionario, se reiteró que Lozoya está dispuesto a “arribar a un acuerdo reparatorio y a un criterio de oportunidad”, por lo que anunció que ya se estaba trabajando en que se fije fecha y hora para la redacción de los acuerdos correspondientes.

El posicionamiento de la defensa de Lozoya Austin se da después de que el 31 de marzo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunciara su disposición a que se realice un acuerdo reparatorio si se dieran las condiciones procesales. Pero aseguraron que la defensa del excoordinador de la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto estaba bloqueando la oportunidad.

Ya que la defensa interpuso un demanda de amparo el pasado 13 de marzo con el objetivo de detener el juicio, y de ser aceptado el recurso, la posibilidad de que se realice el acuerdo resultaría inexistente. Ante esto, el abogado anunció que esta postura de cooperación ha sido reiterada “en diversas ocasiones ante el órgano jurisdiccional y la UIF”.

Comunicado en el que la defensa de Lozoya Austin aseguró que su cliente cooperará con el gobierno (@OntiverosAlonso)
“Coincidimos totalmente con la Unidad de Inteligencia Financiera en la voluntad de materializar los acuerdos y proceder con la firma de los documentos ante el órgano jurisdiccional”

Finalizó indicando que solicitarán de inmediato la programación de la fecha y hora para proceder con la redacción de los acuerdos correspondientes mediante un escrito dirigido al titular de la UIF, Pablo Gómez.

Cabe señalar que el recurso de amparo será revisado por la Leticia Robledo Magaña, jueza Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal. Y durante el 31 de marzo, un juez suspendió la apertura de un juicio oral contra Lozoya Austin por el caso Odebrecht.

La suspensión se dio porque la Fiscalía General de la República (FGR) presentó un recurso de apelación para que no se diera la audiencia en la que se excluirían pruebas clave contra Emilio Lozoya que serían contempladas en un posible juicio para acreditar los supuestos sobornos de la constructora brasileña a través de comprobantes de las transferencias de recursos por las empresas fantasma de Odebrecht.

29-10-2014 Emilio Lozoya POLITICA CENTROAMÉRICA MÉXICO LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL ANTHONY HARVEY

Además en la audiencia se resolvería otro amparo promovido por la defensa en contra de que Pemex y la UIF tuvieran la personalidad jurídica de víctimas. La suspensión, además, pondría un freno a la firma del acuerdo reparatorio con Pemex y el que se consiga un criterio de oportunidad con la FGR, según detallaron fuentes judiciales al medio Milenio.

Lozoya fue detenido el 12 de febrero de 2020 en Mallorca, España y llegó extraditado a México el 17 de julio de 2020 de ese mismo año, luego de haber pactado con la FGR para entregarle nombres de altos funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto involucrados en casos de corrupción.

Pero logró retrasar la entrega de pruebas prometida a las autoridades e incluso consiguió que se le otorgara el arraigo domiciliario. Sin embargo, el 3 de noviembre de 2021 acudió a una audiencia en el Reclusorio Norte y la FGR consiguió que se dictara prisión preventiva. Desde entonces, permanece en el penal de la alcaldía Gustavo A. Madero.

La FGR busca una pena de 46 años y seis meses de prisión contra Lozoya, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, así como una reparación del daño por un monto de USD 7 millones 336 mil 351. Además de 14 años de inhabilitación en el servicio público y una multa de 87 millones de pesos.