“Aún hay pactos de silencio, pactos de silencio que están atados por el miedo”, fueron las palabras con las que Carlos Martín Beristain, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), dio inicio a la conferencia de prensa que expuso los avances y obstáculos que dicho mecanismo ha obtenido respecto a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
A través de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), la mañana de este viernes se volvió a hacer un llamado a la verdad para llevar justicia a los padres y familiares de los normalistas que desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014. Y es que, pese a que Andrés Manuel López Obrador se comprometió con el GIEI y las víctimas a esclarecer el caso, tanto la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) continúan ocultando información a poco más de ocho años de los hechos.
Pese a ello, tanto Carlos Martín Beristain como Ángela María Buitrago reconocieron que en los últimos meses el GIEI ha logrado avances relacionados a las detenciones e investigaciones de los responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos”.
Los avances del Caso Ayotzinapa
Ángela María Buitrago destacó en primera instancia la judicialización de Jesús Murillo Karam -exprocurador general de la República- como uno de los avances más relevantes de la investigación del Caso Ayotzinapa.
Del mismo modo, la experta del GIEI aseguró que el mecanismo logró reunir documentación y evidencia suficiente para que se vuelvan a activar 21 órdenes de aprehensión de las 83 inicialmente emitidas en contra de los presuntos responsables, luego de que éstas fueran revocadas entre agosto y septiembre de 2022.
No obstante, el arduo trabajo de investigación que el GIEI ha realizado para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se ha visto obstaculizado por distintas dependencias gubernamentales y fiscalías que no les han permitido tener acceso a testigos clave del caso, tal y como los son los primeros detenidos de la llamada “Verdad Histórica”.
Adicionalmente, María Buitrago rechazó que aún no se hayan cumplimentado las órdenes de aprehensión giradas en contra de funcionarios del Cisen, aún y cuando fueron emitidas hace más de seis meses. Por el contrario, puntualizó, los presuntos responsables continúan trabajando en dicha dependencia.
“Están plenamente identificados, ubicados y ocupan cargos públicos”, apuntó la experta del GIEI.
Otro de los avances que logró el GIEI en los últimos meses fue el establecer comunicación con autoridades estadounidenses para evaluar la posibilidad de traer a México a las personas que están asiladas en el país norteamericano a través de solicitudes de deportación.
Respecto al caso específico de Tomás Zerón, el grupo de expertos internacionales volvió a insistir en que su extradición a México es crucial para esclarecer y llevar justicia a las víctimas del Caso Ayotzinapa.
El pacto de silencio de la Sedena y el Cisen
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) aseguró tener evidencia de que la Sedena realizó por sus propios medios y en sus filas una investigación penal, no obstante y pese a que se ordenó abrir los archivos, el mecanismo ha tenido únicamente un acceso parcial a los documentos, testimonios e información recabada por la dependencia que en aquel momento encabezaba Salvador Cienfuegos.
Pese a que el Ejército Mexicano ha negado tener en su poder información extra a la proporcionada al grupo de expertos, ellos aseguran tener evidencia de que a través de labores de inteligencia y la intervención de sistemas de vigilancia de comunicaciones, los militares tienen su poder detalles fundamentales para la investigación sobre lo que ocurrió aquella trágica noche de septiembre en 2014.
Un ejemplo de ello, mencionaron, fue que el día de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los militares tenían información en tiempo real del C4 a su servicio. Además de que a través de su Centro Regional del Fusión de Inteligencia (CRFI) habían logrado intervenir comunicaciones entre integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos en octubre de 2014.
Bajo ese tenor, Carlos Martín Beristain aseguró que si esa información se hubiera hecho pública les habría permitido tener avances significativos en la investigación e, incluso, dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos.
“Sabemos que es cierto, hemos visto el ocultamiento de la información”, mencionaron los expertos del GIEI al mismo tiempo que aseguraron que hay una orden interna en la Sedena para no proporcionarles las referencias requeridas.
Dicho mecanismo encargado de esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene conocimiento de la obstaculización de la Sedena en la investigación y que, aunque ordenó que se proporcionara, hay evidencia de que se emitieron órdenes para confundir las versiones del caso.
Respecto al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), los expertos internacionales aseguran que tanto dicha dependencia como el Ejército Mexicano y el grupo delictivo de Guerreros Unidos habían estado monitoreando a los estudiantes de la Escuela Normal “Isidro Burgos” desde antes de la noche del 26 de septiembre de 2014.
Por ello, el GIEI asegura que dicha dependencia cuenta también con información relevante de lo ocurrido antes y después de la desaparición de los 43 normalistas por lo que solicitaron órdenes de aprehensión en contra de los agentes del Cisen encargados de torturar a quienes quisieron hacer pasar como responsables en la llamada “Verdad Histórica”.
No obstante, se presentó un oficio en el que les mencionaron al grupo de expertos que dicha grabación ya no podía ser utilizada como prueba al considerarla como un “riesgo para la seguridad nacional”.
Con dicho contexto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) instó a las fiscalías a cumplimentar las órdenes de aprehensión en contra de los presuntos responsables así como a investigar a todos aquellos quienes han ocultado información relevante en el Caso Ayotzinapa para que, con pleno apego a la ley, respondan por sus actos.
Finalmente, el GIEI también hizo un llamado para la protección de los padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos ya que, aseguran, existen personas que han tratado de presionar, dividir y sabotear el arduo camino que han emprendido en busca de justicia.