El incendio ocurrido en una estación migratoria provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, que causó la muerte de 39 personas migrantes reflejó la ausencia de protocolos en materia de seguridad y protección civil al interior de dichas instalaciones.
A la indignación provocada por este siniestro se sumó la preocupación por la manera en que, a nivel estructural, estaría operando el Instituto Nacional de Migración (INM) en relación con las personas en situación de movilidad.
Dos días después de los hechos, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, encabezó una conferencia de prensa para ofrecer detalles alusivos a los primeros avances en la investigación. En el encuentro con los medios también participó Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR).
blockquote class="twitter-tweet">Como instruyó el Presidente @lopezobrador_, junto con la fiscal @FGRMexico Sara Irene Herrerías, informamos lo ocurrido en la Estación Migratoria de Cd. Juárez. No se ocultarán los hechos ni se protegerá a nadie. En este gobierno se castigan abusos y violaciones a DD.HH. pic.twitter.com/czAoGpB8o5
— Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) March 30, 2023
Uno de los puntos principales en los que ambas funcionarias coincidieron fue la “mala actuación de servidores públicos” como causa del trágico acontecimiento.
Rodríguez Velázquez especificó que, de manera inicial, fueron identificadas ocho personas como presuntas responsables. De ellas, dos son agentes federales, una es agente estatal de migración y las cinco restantes son elementos de una empresa de seguridad privada.
Como parte del procedimiento, 19 personas —entre agentes del Ministerio Público, especialistas en Psicología y analistas— de la Unidad de Investigación de Delitos Para Personas Migrantes (UIDPM) viajaron a Chihuahua para solicitar las respectivas órdenes de aprehensión.
Por otro lado, la fiscal Herrerías Guerra compartió una relatoría de lo ocurrido la noche del 27 de marzo. Según los datos recabados por la FGR, como parte de una protesta de las personas migrantes que habían sido detenidas en dicho inmueble, a las 20:30 horas comenzaron a apilar algunas colchonetas dentro de las celdas. Minutos más tarde, le prendieron fuego a las mismas.
“Había el temor de que iban a ser deportados y que por eso habían sido detenidos. Y estaban protestando por ello”, especificó la funcionaria.
Testigos presenciales reconocieron a la persona que aparentemente habría iniciado el incendio, por lo que Herrerías Guerra informó que se solicitará también una orden de aprehensión en su contra.
Al ver que las llamas comenzaron a crecer y el humo se esparcía poco a poco, el personal encargado de vigilar a las y los migrantes de la estancia provisional decidió retirarse sin quitar el candado de la celda. “Ninguno de los servidores públicos ni de los policías de seguridad privada realizaron alguna acción para abrirles la puerta a los migrantes que se encontraban adentro ya con el fuego”, añadió la fiscal.
Tal declaración sostuvo que la actuación de los funcionarios fue negligente, como pudo observarse en el video difundido un día después del incidente. Hasta el momento, esa grabación es el único elemento en video que forma parte de la carpeta de investigación.
Minutos después de que inició el siniestro —no se especificó cuánto tiempo transcurrió— llegaron bomberos del estado de Chihuahua, acompañados de personal de Protección Civil, la Policía Municipal, la Fiscalía Estatal y la Guardia Nacional.
Al tener noticias sobre lo sucedido, la delegación de la FGR en Chihuahua también envió personal para recabar la información que permitiera iniciar con las investigaciones. Trabajadores de dicha corporación, junto con agentes de la Policía Federal Ministerial, efectuaron entrevistas a los miembros de la empresa de seguridad privada encargada de resguardar el lugar, así como a las autoridades migratorias.
“Se recabaron los expedientes migratorios de las personas migrantes, también se realizaron entrevistas a quienes fueron trasladados a los hospitales y a las mujeres migrantes” que ahí se encontraban, agregó la fiscal.
La más reciente actualización oficial detalló que hay 27 personas migrantes hospitalizadas. Catorce fueron ingresadas a unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de las cuales seis se reportaron como “sumamente graves” y ocho están en una situación delicada.
Once víctimas fueron internadas en el Hospital General del Estado de Chihuahua, de las cuales 10 presentaban un estado de salud grave y una más estaba delicada. Las dos personas heridas restantes fueron trasladadas a un nosocomio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y se mantuvieron estables.
Respecto a la responsabilidad del INM en este lamentable hecho, la FGR solicitó un informe alusivo a los planes de contingencia del Instituto en materia de Protección Civil, así como los protocolos vigentes en las estancias migratorias en el que se incluya la cantidad y localización de las salidas de emergencia.
Asimismo, solicitaron la documentación que acredite la operación de dichas instalaciones, las personas responsables de cada una y la reglamentación bajo la cual se rigen.