Homicidio de ‘El Chueco’ es una acción ilegal, no un acto de justicia: ONU-DH

El cuerpo sin vida de José Noriel Portillo fue localizado en Choix, Sinaloa. Este sujeto había sido identificado como el presunto responsable del asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora

José N, alias El Chueco, tiene una alerta migratoria para evitar que abandone el país y enfrente a las autoridades por el presunto asesinato de 3 personas en Chihuahua

El homicidio de José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco -presunto asesino de dos sacerdotes jesuitas-, también fue calificada como una “acción ilegal” por la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-DH).

Luego de que este 23 de marzo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que el cuerpo hallado en Choix, Sinaloa, corresponde al de El Chueco, dicho organismo emitió un breve pronunciamiento en el que aseveró que su asesinato no puede ser considerado como un “acto de justicia”.

“La ONU-DH recuerda que su homicidio también es una acción ilegal, no es un acto de justicia, que reafirma la necesidad de fortalecer las capacidades para prevenir la violencia e investigar debidamente a quienes la perpetran”

En ese sentido, la Oficina indicó el homicidio de El Chueco, así como la muerte violenta de las personas señaladas como presuntas responsables de delitos graves o actos delictivos, nunca va a ser la “respuesta legítima a las demandas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas”.

La ONU -DH México le dará seguimiento a las medidas cautelares otorgadas a favor de once integrantes de la comunidad jesuita (Foto: ONUDH México)

Por ello, la ONU-DH aseguró que seguirá dándole seguimiento a la implementación de las medidas cautelares que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de once integrantes de la comunidad jesuita de Cerocahui, ubicada en el municipio de Urique, Chihuahua, donde se registró el asesinato de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora en junio de 2022.

Estas medidas tienen la finalidad de garantizar la seguridad y la tranqulidad de las personas cauteladas debido a su laboral pastoral, así como salvaguardar los derechos humanos de los habitantes de la Sierra Tarahumara. Lo anterior aunado al acompañamiento a la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús.

Homicidio de El Chueco

El 22 de marzo trascendió la supuesta muerte de El Chueco, exlíder de una célula de Gente Nueva, ligada al Cártel de Sinaloa. Este sujeto había sido identificado como el presunto responsable de la muerte de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, así como el guía de turistas, Pedro Eliodoro Palma. Desde junio de 2022 era buscado por las autoridades mexicanas, pero nunca pudo ser localizado.

Aunque la hermana de José Noriel Portillo había indicado que el cuerpo hallado en Choix, Sinaloa, sí era de su familiar, no fue sino hasta este jueves que el presidente López Obrador confirmó los hechos. “Parece que fue una ejecución”, comentó el mandatario federal en su conferencia matutina.

En la tarde del 20 de junio se registró el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora (Foto: Infobae México / Jovani Perez)

Sin embargo, AMLO pidió esperar hasta el resultado de las pruebas periciales para determinar su causa de muerte. Cabe mencionar que en el camino de terracería donde El Chueco fue localizado se encontraron cerca de 16 casquillos percutidos. Pese a ello, hasta el momento se desconoce quiénes estarían detrás de su asesinato.

Si bien la Compañía de Jesús en México se pronunció por el asesinato de Noriel Portillo e indicó que cualquier muerte es lamentable, consideró que esto es una “fracaso” para el Estado Mexicano, pues no logró ser capturado por las autoridades y, por ende, no pudo ser llevado ante la justicia, pese a los intensos operativos de búsqueda.

“Su aparición sin vida de ninguna manera puede considerarse como un triunfo de la justicia ni como una solución al problema estructural de violencia en la sierra Tarahumara. Por el contrario, la ausencia de un proceso legal conforme a derecho con relación a los homicidios implicaría unfracaso del Estado mexicano fernte a sus deberes básicos”, señalaron en un comunicado.

Por ello, indicaron que este desenlace no fue por el que trabajaron, pues a nueve meses de lo ocurrido, esperaban que se hiciera justicia por Javier, Joaquín y Pedro.