La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que un juez federal dictó sentencia de 15 años y seis meses de cárcel en contra de José Antonio Rico Rico, quien era socio del abogado Juan Ramón Collado Mocelo y formó parte de la sociedad financiera Caja Libertad. En ese sentido, se determinó la culpabilidad del personaje por dos cargos presentados en su contra.
La FGR presentó cargos en contra de Rico Rico por su responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, así como de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por lo que, luego de que el Ministerio Público de la Federación (MPF) presentara los medios de prueba, el juzgador determinó la responsabilidad del imputado.
Además de haber dictado prisión por más de 15 años, el juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México también impuso dos mil días de multa, así como la suspensión de sus derechos políticos y amonestación. De igual forma, le negaron cualquier sustitutivo y beneficios de la pena de prisión al tiempo que se le obligó al pago por reparación del daño de manera genérica.
En la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que José Antonio Rico formó parte “de una institución financiera donde participó en transacciones ilícitas”. De igual forma, señalaron que el próximo viernes 17 de marzo de 2023 se llevará a cabo la audiencia de lectura de sentencia.
En julio de 2019, un juez de control emitió una orden de aprehensión en contra de José Antonio Rico Rico, así como de José Antonio Vargas Hernández y el abogado Juan Collado. La misma fue impulsada por una denuncia realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Sergio Hugo Bustamante ante la compraventa ilícita de un inmueble por MXN 156 millones en el estado de Querétaro.
Fue así que en septiembre de 2019, un par de meses después de la detención de Collado Mocelo, José Antonio Rico Rico y Vargas Hernández fueron aprehendidos y vinculados a proceso a causa de los delitos por los cuales el primero de ellos ya recibió sentencia.
De acuerdo con la FGR, los tres personajes participaron en la conformación y administración de la empresa Libertad Servicios Financieros, a través de la cual realizaron un gran número de transferencias a países como España y Andorra, entre otros ubicados en el continente europeo, sin comprobar la procedencia del capital.
En ese sentido, la UIF señaló dicha dinámica como una modalidad a través de la cual lograron realizar diversas operaciones irregulares como la compraventa de una propiedad en Querétaro que fingieron adquirir sin comprobar totalmente sus derechos de tenencia sobre la misma.
Operadora Inmuebles del Centro, institución creada en el año 2010, habría realizado la venta a Caja Libertad, operación en la que José Antonio Vargas Hernández participó como vendedor, en marzo de 2015. Cabe mencionar que el personaje presentó un poder notarial concedido por José de Jesús Alberto Cárdenas Rico para realizar la operación.
No obstante, el propio Rico habría sido beneficiado por la operación debido a que se registró el ingreso de cierta cantidad del dinero de la compraventa a cuentas bancarias de compañías vinculadas con él. En el caso, Juan Collado también recibió parte del capital en cuentas supuestamente vinculadas con él en países como España, Andorra y Suiza con la finalidad de blanquearlos.
Por otro lado, la UIF señaló que otras empresas como Administradora Cimatario, Despacho Integral de Inmuebles y Administración Ario también podrían formar parte del esquema utilizado para operar con recursos de procedencia ilícita en calidad de entidades fachada.