Ceñirse a la Constitución distingue a un régimen democrático de la “tiranía”, apuntó consejero Jaime Rivera

Este lunes 13 de abril Edmundo Jacobo Molina se reintegró a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), después de que un juzgado de distrito en materia administrativa le otorgó una suspensión definitiva en el Juicio de Amparo promovido contra el artículo 17 transitorio del Plan B Electoral.

Los consejeros del INE consideraron esta medida como un primer paso para regresar al orden Constitucional, pues consideran que algunos aspectos del Plan B electoral son violatorios de algunos artículos constitucionales.

Entre ellos, el consejero electoral Jaime Rivera Velázquez señaló que “atacar al Poder Judicial y descalificarlo es atacar al Estado de derecho”, esto ante los cuestionamientos desde el gobierno federal y los legisladores de Morena que han enfocado sus baterías en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancia a donde han llegado los recursos de inconstitucionalidad del bloque de partidos de oposición.

Además, Jaime Rivera Velázquez consideró que es el momento de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación “para que diriman, conforme a derecho y a la Constitución, las controversias que están sobre esta reforma electoral”.

Por esa razón, exhortó a los actores políticos a ceñirse a la Constitución y a las decisiones que corresponden al sistema de división de poderes, “que es un principio imprescindible en un régimen democrático y que lo distingue de la tiranía”.

“Éste es el momento también para que los actores políticos demuestren su estatura política para saber si están a la altura del Estado de derecho”, resaltó el Consejero.

Con la promulgación de la reforma electoral, el artículo 17 transitorio ordenaba la destitución de Jacobo Molina, por ello el recurso legal interpuesto por el funcionario fue en contra de actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y de otras autoridades por considerarlos violatorios de derechos fundamentales previstos en diversos artículos de la Constitución, explicó el INE.

Edmundo Jacobo Molina explicó que no se trata del cargo de una persona, sino del respeto a la autonomía de las instituciones conforme lo establece la Constitución, y la sentencia de suspensión definitiva, otorgada por un juzgado, es un primer paso para restaurar la regularidad constitucional en el país.

“Tienen que ver en realidad con la concepción del Estado mexicano de derecho en el que se respeten las competencias conferidas por la Constitución a los órganos primarios del Estado, así como también los derechos humanos reconocidos a las personas por el ordenamiento, en tanto ejes motores para evitar que las instancias del poder público se conviertan en una amenaza para los individuos”, dijo Jacobo Molina al reintegrarse al puesto este lunes en la sesión del Consejo General del INE.

A su regreso como Secretario Ejecutivo del INE, Jacobo Molina aclaró que México es un país de instituciones, “en el que las personas integrantes de los órganos estatales estamos únicamente de paso”, por lo que llamó a valorar la importancia de defender el marco de competencias del INE.

Por ello, el funcionario consideró que “quebrantar abiertamente las disposiciones constitucionales o lo que es peor, simular su vigencia sin que nuestras acciones se ajusten a ellas, solamente erosiona progresivamente la función social del derecho y nos acerca peligrosamente a la ley del más fuerte, con las altas dosis de arbitrariedad que ello significa”.

La Consejera del INE, Dania Ravel Cuevas, sostuvo que la determinación judicial por la que se restituyó a Edmundo Jacobo como Secretario Ejecutivo del INE, ya que “es muestra de los contrapesos necesarios en una democracia que permiten un equilibrio de fuerzas y un control recíproco”.