Guacamaya Leaks: Ejército habría vigilado la normal de Ayotzinapa antes de la desaparición de los 43 estudiantes

A poco más de ocho años de aquella noche trágica en la que desaparecieron los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos”, detalles acerca del llamado Caso Ayotzinapa han surgido luego del hackeo que el grupo de activistas Guacamaya realizó a los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En esta ocasión, documentos de las fuerzas armadas mexicanas publicados por la organización civil National Security Archive revelaron que años antes de la desaparición de los 43 normalistas, el Ejército Mexicano tenía vigilada la escuela y consideraba como subversivos a sus alumnos.

Del mismo modo, los registros militares expusieron que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) trabajó para para proteger la institución del escrutinio civil durante la investigación del caso, que la inteligencia militar agrupaba rutinariamente a narcotraficantes y padres de los normalistas en los mismos informes sobre el “conflicto” y que el titular de dicha dependencia supervisó una campaña de propaganda para desacreditar a los padres, sus abogados y al grupo de expertos asignados por una comisión de las Naciones Unidas para ayudar en el caso.

A finales de septiembre de 2022, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) atravesó el hackeo más grande de su historia por parte del grupo de hacktivistas denominado Guacamaya. Ante ello, National Security Archive se dio a la tarea de revisar y difundir al menos 20 documentos -de los más de cuatro millones de correos electrónicos filtrados- que contienen información relevante sobre el Caso Ayotzinapa.

Como parte del proyecto de investigación que dicha organización civil realiza sobre el Caso Ayotzinapa, se consultaron registros militares que, de acuerdo con lo expuesto en su reciente entrega, revelan que el Ejército Mexicano estaba monitoreando de cerca la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” desde antes de la desaparición de los 43 estudiantes.

Fue en un informe secreto de inteligencia de 2006 de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo en donde la escuela es descrita como un campo de cultivo de “subversivos” que “desde sus inicios en 1926 se identificó con grupos sociales antagónicos al gobierno”.

“Debido a la penetración ideológica de ideas foráneas, la escuela tiene una participación activa e importante en los conflictos sociales a nivel local y nacional”, señaló el informe.

Asimismo, un reporte militar de 2007 muestra un “diagrama de enlaces de Ayotzinapa” en el cual se identifican una variedad de grupos armados, reconocidos periodistas, organizaciones campesinas, políticos locales y miembros del Partido de la Revolución Democrática (PRD) -incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador- como partidarios de Ayotzinapa.

El anexo del informe “Itzamná” sobre la “Agenda Criminal y Social” en Iguala de abril de 2020 confunde la problemática del crimen organizado -como Guerreros Unidos- y movimientos sociales hasta difuminar la diferencia entre ellos. Ambos se perciben como un campo de conflictos para los militares, aunque los delincuentes se clasifican como un “riesgo” y los activistas como un “desafío”.

Tras la desaparición de los 43 normalistas, para la investigación del Caso Ayotzinapa fue asignado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no obstante, cuando pidieron entrevistar a los militares que vivieron aquella noche trágica en Guerrero, el entonces Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, se negó bajo el argumento de que no permitiría que sus soldados fueran tratados como criminales.

Correos electrónicos y los memorandos internos consultados por la organización civil dejan en claro por qué los expertos querían interrogar a los militares.

Cuatro documentos de la Sedena muestran las comunicaciones que se dieron entre los miembros del Batallón de Infantería 27 y entre el batallón y la Zona Militar 35 en Chilpancingo durante e inmediatamente después de los ataques en contra de los normalistas.

En la Parte de Novedades de esa noche se indica que hubo un movimiento constante de entrada y salida de la base por parte de soldados del batallón 27, incluidos los que luego se convertirían en sospechosos clave en la investigación. Sin embargo, los testimonios de los estudiantes sobrevivientes y los testigos coincidieron en que los militares nunca intervinieron para detener la violencia o rescatar a los estudiantes.

Cuando el grupo de expertos internacionales llegó a México en 2015 comenzaron a encontrar importantes inconsistencias en la versión del gobierno sobre los crímenes que culminaron en la desaparición de los 43 normalistas.

Los registros militares revelan hasta qué punto el Ministerio de Defensa trató de desacreditar cualquier intento de convertir la investigación en contra del propio ejército.

Aunque en los memorandos internos declaran repetidamente el compromiso de la Sedena de apoyar la investigación, de acuerdo con la organización civil, dichos documentos también expresan furia e incredulidad de que se pueda permitir que cinco extranjeros intervengan en un caso tan delicado como el de Ayotzinapa. Asesores militares y civiles llaman a los integrantes del GIEI “supuestos expertos”; su trabajo es caracterizado como “intromisión extranjera”.

El conjunto de información filtrada de la Sedena contiene evidencia de que los niveles más altos del Ministerio de Defensa ordenaron y supervisaron una campaña de propaganda dirigida no solo al grupo de expertos sino también a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y sus abogados.

En un memorando dirigido a Salvador Cienfuegos escrito en 2016, Juan Ibarrola Carreón, columnista de Milenio y consultor pagado del ejército mexicano– repite acusaciones publicadas en varios medios mexicanos sobre dos miembros del GIEI.

Los artículos afirman que Claudia Paz y Paz –”cuando era jueza en Guatemala”– tenía vínculos con organizaciones guerrilleras de izquierda en América Central, mientras que Ángela Buitrago –exfiscal federal de Colombia– fabricó pruebas para encarcelar a un alto militar colombiano.

Paz y Paz y Buitrago, recordó Ibarrola a Cienfuegos, “son los que insisten en interrogar a los militares por el caso Iguala”.

Del mismo modo, tras la publicación del segundo informe del grupo de expertos interdisciplinarios que determinó que los militares ocultaban información sobre el Caso Ayotzinapa, la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional concluyó que el Ministerio de Defensa necesitaba influir en la opinión pública de manera más agresiva.

El oficial de inteligencia no identificado recomendó a la Sedena: “filtrar una narrativa a líderes de opinión amigos que confirme la posición del ministerio”; continuar con un “monitoreo exhaustivo” de los medios en busca de artículos negativos; “interactuar con usuarios simulados” en sitios de redes sociales; realizar “campañas de propaganda contra los miembros del GIEI”; y difundió mensajes contra los líderes de los padres de los 43 niños desaparecidos.