“Las instituciones funcionan”: Consejera del INE presentó nueva impugnación contra Plan B de AMLO

La consejera Dania Ravel destacó el funcionamiento del INE y de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales en los procesos electorales

La consejera argumentó que se trata de una reforma que viola la autonomía del INE (INE)

Se suma una nueva acción legal por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de la Reforma Electoral conocida como Plan B para que esta dé marcha atrás ante las afectaciones que tendrá el órgano electoral.

Pues la consejera Dania Paola Ravel presentó ante el Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una impugnación por la desaparición de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, la cual preside, junto con su unidad técnica.

La consejera hizo pública su estrategia a través de sus redes sociales, en donde se dijo convencida de que las instituciones funcionan por el profesionalismo de quienes laboran en el INE y de las OPLES.

“Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 y 99 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CEPUM), en tiempo y forma, venimos a interponer JUICIO ELECTORAL, en contra de los actos emitidos por EL CONGRESO DE LA UNIÓN , EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (AMLO) Y LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, y las que resulten responsables”.

Explicó que la acción fue presentada debido a que el Plan B viola la autonomía del Instituto Nacional al reducir su estructura y se modifica su administración interna, dañando su operatividad y “poniendo en riesgo el cumplimiento de los fines para los que fue creado”.

Acuse de la impuganción presentada ante el TEPJF (@DaniaRavel)

“Con la desaparición de la #CVOPL y de la #UTVOPL se trasladan sus funciones a la #DEOyCE (Dirección Ejecutiva de Organización Electoral) y a la Comisión respectiva, lo que transgrede la #funciónElectoral; se pone en riesgo el cumplimiento de las actividades para la organización de las #eleccionesLocales2024″, aseguró.

Además, indicó que con el Plan B se estaba transgrediendo el artículo 105 de la Constitución al haber entrado en vigor la serie de reformas aún con el proceso electoral de 2023 en curso.

El artículo establece que las leyes electorales a nivel federal y locales deben promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso en que vayan a aplicarse y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.

Aunque en uno de los artículos transitorios, al ser publicado el decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) durante la madrugada del 2 de marzo, se establece que las reformas contempladas no serán aplicables a los comicios del Estado de México y Coahuila 2023.

Por último, reiteró que agotarán todas las instancias jurídicas en defensa del INE, su personal, el sistema electoral y la democracia del país.

Los partidos políticos han presentado varias acciones legales en conytra del plan B (especial)

Cabe señalar que ahora queda a manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el determinar la validez del Plan B ante las impugnaciones y acciones de inconstitucionalidad que los miembros de la oposición han presentado.

Además, a estas se han sumado también miembros de alta posición dentro del Instituto, como el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello, quien se ha mantenido activo ante la defensa del Instituto.

Igualmente, tras la destitución de Edmundo Jacobo Molina, Córdova Vianello adelantó que se presentará un juicio político y una controversia constitucional al ser removido con una norma privativa e individualizada, así como al considerar la acción como una violación a la autonomía del INE.

De las primeras acciones que han resultado victoriosas fue la admisión de impugnación para que se inaplicara el paquete de reformas en las elecciones que se realizarán este 2023 en los estados de Coahuila y México.

Pues el ministro Alberto Pérez Dayán dijo que fueron publicadas durante la veda electoral y podría causar afectaciones irreparables al sistema democrático y los derechos implicados en el proceso electoral.