Claudia Medina Tamariz solía vivir relativamente “tranquila” con su esposo y sus tres hijos en Veracruz. A sus 32 años se dedicaba a vender productos nutricionales, pero todo cambió cuando en una madrugada elementos de la Marina irrumpieron en su vivienda y, bajo un falso operativo, la presentaron como la integrante de una de las organizaciones criminales más cruentas en México: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Ahora, a más de 10 años de lo ocurrido, la Secretaría de Marina (Semar) deberá indemnizar a Claudia con más de 3 millones de pesos por los tratos crueles que recibió y las violaciones a sus derechos humanos, pues las acusaciones en su contra carecían de sustento. Sin embargo, la herida y el recuerdo amargo persiste.
Los familiares y allegados de Claudia la describían en su juventud como una mujer alegre, luchadora y llena de amistades. El carisma y la solidaridad que mostraba a las demás personas contribuyó a que se ganara el cariño de la gente. Sin embargo, esa imagen se difuminó a partir del 7 de agosto de 2012.
En aquella ocasión, Claudia se encontraba con su esposo en la casa que había construido junto a sus hermanos, su tío y una de sus abuelas. Ese día sus hijos no estaban con ella, pues habían ido a visitar a otros familiares. Entre las 3:00 y 4:00 de la madrugada, un fuerte estruendo la despertó: personas desconocidas intentaban ingresar a la fuerza a su vivienda.
En un primer momento, la mujer veracruzana pensó que eran ladrones y despertó a su esposo Isaías Flores Pineda. Pero no se trataba de delincuentes, sino de agentes de la Marina quienes habían derribado la chapa de su puerta con un arma. No hubo tiempo de reacción, pues una vez al interior de su casa las autoridades los derribaron a ambos y les advirtieron “no levantar la mirada”.
Según lo relatado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), eran alrededor de cinco personas las que sometieron a Claudia; solo una portaba vestimenta de marino y el resto iba como civiles. Sin decirle por qué estaba siendo detenida, la sacaron de su casa y la subieron a una camioneta que no contaba con insignias de la Semar.
Claudia estaba atada de manos y con una venda en los ojos, sin conocer por qué estaba en tal situación. Una indicación de los marinos le dio una pista sobre lo sucedido. “Se acabó el operativo”, notificó uno de los uniformados a través de un radio. En ese momento se encontraban en una base naval de la entidad, donde Claudia recibiría tratos inhumanos y crueles por parte de las autoridades.
Durante 36 horas, fue víctima de tortura psicológica, sexual y física, desde golpes en la cabeza hasta descargas eléctricas. Posteriormente recibió un ultimátum: o se inculpaba de pertenecer al CJNG junto a su esposo, o sus hijos sufrirían las “consecuencias”. Fue así como Claudia se vio obligada a firmar una declaración de la cual desconocía su contenido.
El 8 de agosto, Claudia y su esposo fueron presentados ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR). Antes de que fueran vistos por los medios de comunicación, les advirtieron no decir nada de lo ocurrido; de lo contrario, les daría “otra calentadita”.
Junto a otras cinco personas, Claudia e Isaias fueron exhibidos como integrantes del CJNG. Para ello, habilitaron un cuarto donde las autoridades colocaron armas, granadas, droga y celulares, para que diera la apariencia de que eran de ellos. Su esposo fue presentado como un supuesto jefe de la organización criminal y ella como la segunda al mando.
El 12 de agosto de 2012, Claudia fue relacionada con diversos delitos y siete días después le dictaron auto de formal prisión por portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. El 21 de dicho mes logró obtener una libertad provisional y a partir de ese día buscó justicia por lo que había sufrido.
Se contactó con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y presentó una queja en octubre de ese mismo año. Un mes después buscó ayuda del Centro Prodh, el cual le dio seguimiento a su expediente.
Luego de ser juzgada y encontrada inocente, Claudia exigió y demandó la responsabilidad patrimonial del Estado, toda vez que los elementos de la Semar fueron los responsables de los daños ocasionados.
A más de una década de lo ocurrido, el Tribunal de Justicia Adminsitrativa (TFJA) ordenó a la Semar indemnizar con más de tres millones de pesos a Claudia por los de actos de tortura que recibió en 2012. De ese total 280 mil 611 pesos son por daños materiales y el resto por daño moral.
“La actuación de las demandadas (la Marina) de exhibir a la hoy actora el mismo día 8 de agosto de 2012 ante los medios de comunicación como una mujer integrante del CJNG, constituye sin lugar a dudas una falta de ética, honor, rectitud y trato digno”, comentó el magistrado Rafael Estrada Sámano al presentar el caso.