A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha asegurado y reiterado en distintas ocasiones que en su gobierno se respeta la libertad de expresión ni utiliza softwares espías para intervenir las comunicaciones de ninguna persona.
Sin embargo, tras el hackeo del colectivo Guacamaya a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en octubre del 2022 se filtraron documentos en los que se señalaba que al menos tres personas habían sido espíados por el gobierno federal con el programa Pegasus.
Y ahora, una investigación realizada por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y Social Tic, reveló que la Sedena había establecido una estructura secreta de espionaje militar para interferir en las investigaciones de abusos de activistas que denuncian violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas. La investigación fue bautizada como “Ejército Espía”.
“Documentos de Sedena muestran que una estructura militar secreta espió con Pegasus al defensor Raymundo Ramos para interferir en una investigación sobre abusos del Ejército en Nuevo Laredo, con pleno conocimiento del Alto Mando”, señalaron las organizaciones en conferencia de prensa.
De acuerdo con los documentos, el Ejército habría intervenido las comunicaciones privadas de Ramos con varios periodistas acerca de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército en Nuevo Laredo el 3 de julio de 2020, y según la hipótesis de los colectivos, el Ejército espió a Ramos para interferir en estos casos.
Además de esto, en los documentos secretos, el Ejército dice que Ramos, quien fue atacado con Pegasus en al menos cinco ocasiones, trabaja para el Cártel del Noreste, “sin ofrecer evidencia alguna y con la intención de desacreditar las pruebas de abusos militares en Nuevo Laredo el 3 de julio de 2020″, de acuerdo con la investigación.
Además, de acuerdo con las revelaciones, el equipo encargado del espionaje “recomienda” cómo utilizar la información obtenida del activista en su contra.
La investigación realizada reveló que detrás del espionaje a Ramos, hay una estructura militar secreta: el Centro Militar de Inteligencia, el cual busca aportar productos de inteligencia que se generen “de la información obtenida en medio cerrados”, lo que quiere decir, a través de la intervención de comunicaciones.
“Por primera vez, gracias a documentos filtrados por el colectivo Guacamaya, podemos saber más sobre esta rama del Ejército Espía”, señalaron las ONG, y reiteraron en el informe que las Fuerzas Armadas “no tienen facultades legales para llevar a cabo dichas tareas”.
Y es que están conscientes de que su actividad es “ilegal”, pues un análisis interno revela que el Centro Militar de Inteligencia ve como una de sus principales amenazas “que se evidencien ante la opinión pública las actividades que se realizan en este Centro”.
En octubre del año pasado, el grupo Guacamaya Leaks publicó documentos que hackeó de la Sedena, en los que se revelaba que el Ejército había espiado, durante el sexenio de AMLO a periodistas y activistas.
Ante estas acusaciones, el mandatario mexicano defendió a las Fuerzas Armadas y aseveró que su Gobierno “no espía a nadie”.
Antes de ello, una investigación de medios internacionales destapó en 2021 que varios países intervinieron 50 mil teléfonos con el programa Pegasus, de los cuales 15 mil casos fueron en México durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la cifra más alta del mundo.
La investigación reveló que fueron intervenidas las comunicaciones de activistas y periodistas; del entonces líder opositor y actual presidente, López Obrador, junto con su familia, además de algunos de sus colaboradores y su cardiólogo, así como familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.
(Con información de EFE)