El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró invalidadas las modificaciones que el Consejo Político Nacional (CPN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de que en la sesión del 19 de diciembre de 2022 se aprobó una modificación al artículo 83, en la fracción XXXVII, de los estatutos del instituto, misma que podría extender el mandato de la dirigencia nacional del tricolor por más tiempo del establecido.
En una votación cerrada de seis sufragios a favor y cinco en contra, los integrantes del Consejo General indicaron que el Revolucionario Institucional no cumplió con el procedimiento para modificar sus estatutos, mismo que están establecidos en el mismo documento oficial.
No obstante, durante la sesión de este lunes 27 de febrero, se informó que la determinación que se tomó aún puede ser impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
“Esta autoridad considera inválidas las modificaciones a los estatutos aprobadas durante la LXII sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional”
Parte de la discusión se centró en la aprobación del Plan B en materia electoral, debido a que fue una de las justificantes para que se realizaran los cambios; sin embargo, personajes como Lorenzo Córdova negaron dicha afirmación, debido a que en esas fechas aún no concluía el proceso legislativo para el plan de reformas a leyes secundarias que mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
“Lo que está haciendo aquí el partido es una afirmación, en el sentido de que considera necesario armonizar la normativa interna dado a que ha habido modificaciones a diversas leyes en materia electoral. En el acta no se habla de la inminencia, es un argumento que se puso después en el mesa (...) no hay reforma legal todavía porque no ha generado efectos jurídicos”, explicó el consejero presidente.
Y es que, los consejeros que votaron a favor del acuerdo que mandó la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos el pasado 23 de febrero establecieron que el PRI tiene las facultades para decidir libremente sobre su vida política; sin embargo, unos argumentaron que no se siguieron los propios lineamientos internos —como Jaime Rivera—, mientras que otros negaron el argumento de que respondieron a modificaciones en materia electoral —como Córdova Vianello y Ciro Murayama—.
Los votos en contra fueron de los consejeros Adriana Favela, Carla Humphrey, Dania Ravel, José Roberto y UucKib Espadas; mientras que a favor estuvieron Ciro Murayama, Lorenzo Córdova, Jaime Rivera, Claudia Zavala, Norma Irene de la Cruz y Martín Faz.
Minutos después de que el Consejo General del INE tomó su decisión, las cuentas oficiales del PRI emitieron un documento en donde dieron a conocer su posicionamiento ante dicha determinación, en la cual aclararon que en ningún momento se trató de una extensión de mandato.
Por el contrario, reiteraron que se trató de acoplar las normativas del partido con las modificaciones que traería el Plan B en materia electoral, es decir, que no solo se basaron en la modificación de un artículo de la normativa interna: “Las modificaciones tienen con finalidad impulsar acciones afirmativas, paridad sustantiva en gubernaturas, reconocimiento a la participación de los jóvenes y dotar de mayor certeza jurídica a las facultades con las que ya cuenta el Consejo Político Nacional”.
Y es que conviene recalcar que la modificación polémica se dio el artículo 83, fracción XXXVII, en la cual se planteó una modificación de “tres meses” a “90 días”, tiempo en el que el CPN puede prorrogar el tiempo de los integrantes de la dirigencia nacional, siempre y cuando se aproxime un proceso electoral, es decir, que los actuales dirigentes podrían tomar decisiones sobre el proceso electoral de 2024, en caso de que el cambio sea aprobado.
“(...) dichas modificaciones no consisten en la extensión del mandato de la dirigencia, sino simplemente la adecuación de nuestros estatutos a la normativa electoral vigente que se dará con la inminente publicación del Plan B”
Sin embargo, en el texto dejaron en claro que, aunque respetan a las autoridades electorales y sus decisiones respecto a la vida interna del partido, ellos agotarán las instancias necesarias para acreditar la legalidad de los cambios que se dieron en diciembre pasado.
¿Por qué tomó dicha decisión el Consejo General del INE?
Como se mencionó, el Consejo General secundó entonces la decisión que tomó la comisión, misma que respondió a los casos de inconformidad que presentaron militantes del PRI como Juan Pablo Yáñez Jiménez y Antonio Lara Pérez; Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu Salinas; Héctor Astudillos Flores y Margarita Santos.
En el documento que emitió la comisión del INE consideró nulas las modificaciones: “El PRI no observó las normas estatutarias aplicables, motivo por el cual no existe material ni jurídicamente para que que este Consejo General entre al estudio de la procedencia constitucional y legal de las modificaciones presentadas”.
Sin embargo, tras la sesión de la Comisión de Prerrogativas, la Dirigencia Nacional del tricolor emitió un comunicado en donde aseguró que los cambios a los estatutos respondieron a las modificaciones electorales que se presentarán en el país debido a la aprobación del Plan B por el Congreso de la Unión.
“Tales reformas generan que su implementación tenga diversos efectos jurídicos en el Partido Revolucionario Institucional, en un ejercicio de autodeterminación y autoorganización. El citado instituto político se anticipó a reformar su normatividad interna pues dichas modificaciones legales tendrán impacto en la vida interna de nuestro partido político”, se pudo leer.