No hay nada más peligroso que un ignorante con iniciativa, aunque para el caso que nos ocupa, la ignorancia del presidente Andrés Manuel López Obrador, sus asesores y grupos legislativos afines ha trabajado en favor de la democracia, aunque esa no fuera su intención.
Y me explico.
Todo autócrata como López Obrador tiene como objetivos la concentración absoluta del poder y la prolongación del mismo, para lo cual requiere debilitar o cooptar a los otros poderes de la República, léase Poder Legislativo y Judicial; eliminar intermediarios como asociaciones civiles, academia, ciencia y medios de comunicación; disminuir los recursos financieros, materiales y operativos de los organismos e instituciones autónomas del Estado incluyendo la electoral; y modificar la Constitución y leyes regulatorias cuyo espíritu obstaculice la centralización del poder.
De ahí el intento de López Obrador y su partido de disminuir al INE y restarle autonomía. Es así como bajo la lógica de autodotarse de todo el poder para él mismo dirigir y controlar los procesos electorales, particularmente el del 2024, inició un proceso para provocar reformas electorales a modo marcado tanto por su perfil totalitario como por su profundo desconocimiento de las leyes y los procesos parlamentarios, esto último resultando benéfico al dotarnos de elementos jurídicos para detenerlo.
Pero para que como ciudadanos podamos hacer una defensa seria del INE y nuestra democracia, debemos conocer el paso a paso de todas las violaciones que López Obrador y sus legisladores siguieron durante este proceso:
1. El Ejecutivo Federal envía en abril de 2022 una iniciativa de reformas constitucionales en materia electoral a la Cámara de Diputados (cámara de origen) que es dictaminada en las Comisiones correspondientes para poder someterla a la votación del Pleno.
2. El 13 de noviembre, la ciudadanía se moviliza en una marcha multitudinaria nacional para defender al INE y en la que se calcula participaron un millón de mexicanos. Dicha movilización presionó a los legisladores de los partidos de oposición, particularmente del PRI y cercanos a su dirigente nacional, para que cambiaran su posición dadas sus declaraciones previas a favor.
3. López Obrador es informado que no podrá contar con los 334 votos mínimos requeridos para que su iniciativa sea aprobada -toda reforma constitucional requiere del voto de la mayoría calificada en ambas Cámaras y en los congresos locales-.
4. Teniendo como antecedente el rechazo de otras iniciativas de reforma constitucional, el Ejecutivo decide retirarla y presentar el 6 de diciembre un Plan B y, con un claro desconocimiento de derecho constitucional, decide trasladar esas modificaciones constitucionales a 6 leyes secundarias cuya aprobación congresional solo requiere de mayoría simple. Es de destacar que estas leyes son jerárquicamente inferiores a lo mandatado por la Carta Magna, lo que significa que no pueden contraponerse a lo expresado en la Constitución, cosa que hacen.
5. Este nuevo paquete de reformas es entregado a la Cámara de Diputados sin ser turnado para su discusión, estudio y análisis a las Comisiones correspondientes tal como lo establece la normatividad. Es decir, con un gran desconocimiento procedimental parlamentario, fue aprobado en el Pleno de la Cámara de Diputados sin el dictamen obligado de sus Comisiones.
6. El 7 de diciembre, el Plan B dividido en dos dictámenes es recibido por la Cámara de Senadores (cámara revisora) y discutido en el pleno el 14 de diciembre en donde se hicieron evidentes, también, varias violaciones al procedimiento legislativo con cambios no informados previamente.
7. El primer dictamen sobre la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas fue votada sin cambios, regresada a la Cámara de Diputados y enviada el 15 de diciembre al Ejecutivo Federal para su publicación en el diario oficial el 27 de ese mismo mes.
8. El segundo dictamen es modificado en el Senado y enviado nuevamente a la Cámara de Diputados quien, tras las amenazas de censura del propio López Obrador, no acepta dichas modificaciones[1] y las elimina violando nuevamente el procedimiento legislativo y el Artículo 72 constitucional).
9. El dictamen es nuevamente enviado a la cámara revisora el mismo 15 de diciembre, pero siendo que el periodo ordinario de sesiones del Congreso culminó ese día y sin la convocatoria a un periodo extraordinario, la discusión se pospone para el siguiente periodo de febrero de 2023.
10. Finalmente, el 22 de febrero, el pleno del Senado avaló el segundo paquete de reformas electorales pendientes concretando desde el poder Legislativo el plan del presidente López Obrador de quitarle el carácter autónomo al INE, abriendo la puerta al caos, la ingobernabilidad y la inestabilidad política y social derivadas de resultados electorales no creíbles y, en consecuencia, de nuevos gobiernos electos deslegitimados.
Es indudable que la emisión y aprobación de este Plan B conlleva vicios de origen en su elaboración con un articulado anticonstitucional, en su presentación extemporánea y en la violación al proceso parlamentario también inconstitucional.
En lo que se refiere a la extemporaneidad del plan B que, desde ahí, lo hace impugnable es que se presentó en diciembre de 2022 y el Artículo 105 de la Constitución establece que “las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”. Cabe señalar que los procesos electorales 2022-2023 que involucran al Estado de México y a Coahuila, iniciaron formalmente el 16 de noviembre de 2022, es decir un mes antes de la presentación del Plan B. Es por ello que la Suprema Corte de Justicia de la Nación “admitió a trámite” el 21 de febrero siete acciones de inconstitucionalidad promovidas por varios partidos políticos, diputados y senadores, contra el Decreto publicado a finales de diciembre y concede su suspensión para que no afecte las elecciones en curso, es decir, la Constitución sigue intocada en tanto no concluya el proceso electoral y el pleno de la Corte no emita una sentencia.
En cuanto al espíritu anticonstitucional del plan B, las modificaciones que establecen la destrucción de la estructura ejecutiva, técnica, de dirección, de vigilancia y distrital del INE, así como la imposición de las nuevas estructuras nacionales y locales, se contraponen con la profesionalidad del órgano electoral, con los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad de su función; con la separación y distinción de funciones de los diversos órganos que lo integran; con el establecimiento del Consejo General como su órgano superior de dirección; con la autonomía de las autoridades electorales (INE y Tribunal Electoral del Poder Judicial); con la soberanía de las entidades federativas; con los derechos de participación política y la protección de los derechos electorales; con la separación de poderes; y con el principio de equidad, todo ello plasmado en los artículos constitucionales 41, 74, 99, 134, 254 y 261.
La conclusión de este intento de destrucción del INE y de la democracia en México pasa por el compromiso del Poder Judicial con la legalidad. Sin embargo, es claro que López Obrador ejercerá todo tipo de presión contra los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tal como hizo antes con el Poder Legislativo, amedrentando, amenazando y señalando a sus integrantes para que eviten declarar la inconstitucionalidad de sus reformas.
Es por ello que se vuelve fundamental la participación clara de los mexicanos en el seguimiento de las deliberaciones de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral y de la exigencia para que cumplan su principal función: velar por el cumplimiento de la Constitución.
Este 26 de febrero se defiende a México, salgamos a las calles a manifestar nuestro rechazo a estas reformas y a exigir que la Suprema Corte y el Tribunal Electoral declaren su inconstitucionalidad y sean anuladas, porque de dejarse presionar y amedrentar por el Ejecutivo Federal y faltar a su responsabilidad, entonces sí, México sería formalmente un Estado fallido.
Escrito por Marcela Jiménez (@marcelajim) Directora Ejecutiva, Save Democracy. Esta columna fue originalmente publicada en México Social.