El Plan B ha sido aprobado en el Congreso de la Unión, por lo que ahora falta que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en su totalidad. Ante esto y con la cercanía de la marcha a favor del Instituto Nacional Electoral (INE) y las críticas contra las reformas por parte de varios sectores, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) volvíó a posicionarse sobre esto.
Pues a través de sus redes sociales, la Comisión compartió un largo desplegado en el que aseguró que el Plan B no afectaba el funcionamiento del INE y con las modificaciones a las seis leyes secundarias, en cambio, “busca adecuarlo a los nuevos tiempos”.
Dicho pronunciamiento sobre el tema fue justificado por la Comisión alegando que se debía analizar para observar si las medidas recién aprobadas, “tienen o pueden tener una relación o impacto con los derechos humanos”, especificamente, en que se garantice la democracia.
“Desde la óptica de esta Comisión (...) la existencia de un organismo que funja como árbitro electoral imparcial, austero, transparente, eficaz y honesto, es base de una auténtica democarcia, misma que es imperioda para el pleno ejerecicio de todos los derechos humanos”
Y ante el debate público que se ha llevado por el Plan B, aseguraron que no afectará la autonomía pues no advirtieron que se haya disminuido, reducido ni privado de las funcionaes que constitucionalamente le fueron asiganadas ni alguna norma que impida su labor.
blockquote class="twitter-tweet">Posicionamiento de la #CNDH sobre el Proyecto de Decreto por el que se modifican la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;
— CNDH en México (@CNDH) February 24, 2023
👇🏽🧵 pic.twitter.com/TZS8bUROYU
En cambio, se trata solamente de una reestructuración del los órganos del Instituto, cosa que no impactaría en la independencia de las decisiones que tome el INE.
Mientras que lo que respecta a un probable menoscabo en la eficiencia del órgano electoral, la Comisión presidida por Rosario Piedra Ibarra, determinó que no eran una vioalción abstracta a la constitucion pues esta no determina el ordenamiento del Instituto.
En cambio, si se ocasionaran problemas de facto al institiuto con las reformas, aseguró que esto puede ser actualizado. Finalemente determinó que no advirtieron que la serie de reformas atenten contra el Instituto por lo que descalificó las críticas asegurando que se trataban de meras especulaciones.
“En conslusión, el Proyecto de Decreto no plantea cambios irracionales atentatorios de la Constitución o de los derechos políticos de la ciudadanía. No se advierte alguna situación derivada del contenido de las normas aprobadas que obligue a presumir que se comprometerá el debido ejercicio de las funciones electorales”
CNDH pone en duda la imparcialidad del INE
Tras exponer lo anterior, el organismo dedicó una parte final a demeritar al Instituto asegurando que historicamente han servido para mantener vicios que han manchado los procesos electorales del país incluyendo en tiempos actuales, pues mencionó que sus posiciones han dejado en duda su neutralidad
Por otro lado, aseguraron que el INE ha dejado de lado el principio de austeridad caracterizándose “por los abusos en el uso de gasto público, constituyéndose como uno de los organismos de esa naturaleza más costosos del mundo”.
“Con la reforma, se busca disminuir la excesiva burocratización del INE, ya que se tiene conocimiento de que ostenta una estructura que permite duplicidad de funciones, inclusive cuenta con áreas que durante un periodo prologando (sic.) están inactivas, pero siguen representando un costo para las arcas del Estado”
Hay que recordar que una de las razones por las que se presentó la reforma era precisamente por los sueldos de los consejeros del INE y los señalamientos del primer mandatario de supuestos gastos excesivos dentro del órgano electoral.
Estos gastos, aseguró la CNDH, hacen que la aplicación del Plan B sea “urgente” para que haya “el cambio que verdaderamente garantice procesos electorales auténticos en México, en observancia del principio de austeridad; lo que podría conseguirse con la aprobación del Proyecto de Decreto”.