El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) revocó la inhabilitación por 10 años que impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP) a la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, con una votación por unanimidad.
La secretaría de Estado había impedido que la exfuncionaria desempeñara cargos o empleos en el servicio público federal tras la sentencia emitida el 8 de septiembre 2019, pues fue señalada de presuntamente haber falseado su declaración patrimonial una cuenta bancaria con un saldo de dos mil 800 pesos; sin embargo, la sentencia del Tribunal indicó que la dependencia debe de emitir una nueva sanción.
La Sala Superior del órgano jurisdiccional consideró fundados los agravios presentados por la exservidora pública, por lo que ordenó a la dependencia federal emita una nueva resolución ajustándose a los resolutivos de la sentencia.
Asimismo, conviene destacar que la decisión del Tribunal Administrativa fue en consecuencia de la decisión que se tomó en junio de 2022 cuando el vigésimo tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa había concedido a la exfuncionaria la protección de la justicia federal para que se dictara una nueva sentencia.
“En estricto cumplimiento a la ejecutoria del Tribunal Colegiado se declara la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad demandada emita una nueva resolución a que emita la sanción correspondiente por falta administrativa cometida por la persona, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos”, fueron las palabras que emitió el magistrado Carlos Mena Adame.
Y es que conviene destacar que fue en septiembre de 2019 cuando la entonces titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, impuso la pena contra la excolaboradora de los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al argumentar que existió una falta de veracidad de la declaración.
“La exfuncionaria fue notificada este miércoles de la resolución que la inhabilita por 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público federal, en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos que prevé la sanción por falta de veracidad en la declaración patrimonial”, se pudo leer en el comunicado.
Un día ante de la audiencia, en entrevista, Robles Berlanga aseguró que el delito por el cual se le acusa “ya no existe” debido a que fue derogado, por lo que señaló que estuvo “mal planteado” por la Fiscalía General de la República (FGR).
Por otro lado, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, refirió que el delito está tipificado en dos leyes, es decir, en el Código Penal Federal y la Ley Hacendaria, por lo que, basándose en el principio de pro persona, se debió de haber juzgado su caso en beneficio de la acusada en el proceso, por lo que tendría que juzgársele por la segunda ley que es vía administrativa.
“Tengo la esperanza de que se aplique la ley. Que se determine que la ley se tiene que aplicar es la administrativa”
Aunado a lo anterior, recordó que en el mes de enero sus abogados presentaron un nuevo amparo con el que espera que otros funcionarios eviten la cárcel por la vía administrativa: “Este amparo, si se concentra en viernes, sería muy favorable para los servidores públicos del país porque ahora resulta ser que por cualquier situación ya te meten a la cárcel y además con este abuso de la prisión preventiva”.
La audiencia del próximo viernes 24 de febrero se llevará a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, en donde un juez determinará si prescribió el delito contra Robles Berlanga por la “Estafa Maestra” o continuará enfrentando el proceso.