Un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó al Gobierno de México que esclarezca el paradero de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, dos defensores de Derechos Humanos que desaparecieron a mediados de enero en Colima, instando a las autoridades a investigar la desaparición.
“El Gobierno de México debe investigar la desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, cuya suerte y paradero aún se desconocen. Debe llevar a los responsables del crimen ante la justicia, ofrecer reparación a las víctimas y sus familias y garantizar su seguridad”, declararon los expertos de la ONU.
Por lo anterior, subrayaron la obligación de las autoridades para procesar y castigar a los responsables de que ambos estén siendo víctimas. “Las desapariciones forzadas tienen un efecto amedrentador sobre los defensores de Derechos Humanos y silencian las voces críticas. Esto incluye reforzar el mecanismo de protección de los defensores de DDHH”, han afirmado.
Remarcaron que el gobierno debe garantizar que las empresas respeten los Derechos Humanos en todas sus actividades, así como proporcionar “toda la información de que dispongan en relación con la desaparición de Lagunes y Díaz”.
“La colaboración de las empresas con las personas defensoras de Derechos Humanos y las comunidades afectadas, en particular las que tienen necesidades especiales de protección como los pueblos indígenas, es crítica para ayudar a identificar los efectos negativos sobre los Derechos Humanos y abordarlos eficazmente, en consonancia con su responsabilidad de respetar los derechos humanos”.
Lo anterior se da en el contexto de un conflicto entre la comunidad indígena de San Miguel de Aquila, del estado de Michoacán, y una empresa minera con sede en Luxemburgo, Ternium, relacionada al grupo Techint de origen argentino-italiano.
Lagunes, abogado de Derechos Humanos, y Díaz, líder indígena, llevan desaparecidos desde el 15 de enero, cuando se encontraban en el estado de Colima para acudir a una reunión comunitaria donde se debatieron acciones colectivas contra los impactos de una empresa minera con sede en Luxemburgo, en su región.
Antonio Díaz es un miembro de la comunidad que se ha visto afectada por la empresa minera y Ricardo Lagunes prestó asistencia jurídica a los pobladores, víctimas de las actividades de la misma.
Los expertos de la ONU señalaron que las desapariciones forzadas emiten un mensaje negativo a los activistas, por lo que llamaron al gobierno a que se garanticen los derechos humanos de éstos para que puedan llevar a cabo su labor sin miedo de ser víctimas de algún ataque en su contra.
De acuerdo con La Jornada, autoridades comunales de más de 50 pueblos originarios bloquearon este lunes 20 de febrero cinco carreteras regionales para demandar justicia por los defensores de los bosques y activistas sociales desaparecidos o asesinados.
El dirigente estatal del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), Pavel Guzmán, ha señalado que en las últimas décadas varias decenas de líderes y comuneros han desaparecido o aparecido muertos por defender su territorio y sus recursos naturales.
“El Estado mexicano no ha sido capaz de garantizar el derecho a la vida de los habitantes de los pueblos originarios, toda vez que los defensores de los bosques, de los Derechos Humanos y de las comunidades continúan siendo desaparecidos y asesinados”, apuntó.
La exigencia de la ONU se suma a la de familiares, amigos, conocidos, comunidades indígenas, ONG’s y hasta el Parlamento Europeo, quienes exigen que ambos activistas aparezcan con vida.
El Parlamento Europeo envió el pasado 7 de febrero una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para que Díaz y Lagunes adopten inmediatamente las medidas apropiadas de búsqueda de personas desaparecidas, así como para tomar medias urgentes para resguardar a sus familiares.
(Con información de EP)