Mientras Genaro García Luna se desempeñaba en cargos públicos en el Gobierno de México, junto a su esposa, Linda Cristina Pereyra, logró amasar una fortuna que incluye propiedades en la Ciudad de México, Morelos y Miami, no sin antes mencionar vehículos clásicos y motocicletas de lujo, uno de los pasatiempos favoritos del exfuncionario.
Tras su comparecencia en la Corte de Brooklyn en calidad de testigo, Cristina Pereyra intentó limpiar la imagen de su esposo al explicar la manera en que ambos lograron adquirir las distintas propiedades que la Fiscalía de Estados Unidos evidenció. En un primer momento detalló que se conocieron cuando trabajan juntos en el Centro de Investigación en Seguridad Nacional (Cisen) en 1989.
Cuando fue cuestionada por el abogado defensor Florian Miedel sobre los bienes de su esposo, Pereyra aseguró que fueron adquiridos a través de créditos bancarios, así como por los ingresos percibidos por García Luna en el Cisen y los bonos recibidos al término de sus funciones en la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
Señaló que en 1994 adquirieron un departamento ubicado en Xochimilco, Ciudad de México, mediante un financiamiento, cuando García Luna seguía laborando en el Cisen. Al año siguiente contrajeron matrimonio tras unos años de relación. En 1997 vendieron dicho inmueble para edificar una vivienda.
Para el año 2000, lograron comprar una vivienda en Jiutepec, Morelos, gracias a sus “ahorros”. El costo de dicha propiedad habría sido entre 350 mil y 400 mil pesos aproximadamente, la cual vendieron al doble de precio cuatro años después, según reportes del semanario Zeta Tijuana.
En 2002 la pareja adquirió un par de lotes en un terreno ubicado también en Jiutepec, el cual habilitaron para que fuera una casa de descanso al mismo tiempo que lo rentaban para eventos infantiles. En 2006 compraron otra propiedad en Cuernavaca, Morelos, la cual supuestamente obtuvieron mediante un crédito del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) de García Luna.
Para ese tiempo, Genaro se encontraba en la Secretaría de Seguridad Pública Federal en la administración de Felipe Calderón, por lo que vieron la oportunidad de comprar una vivienda en la Ciudad de México por más de 7 millones de pesos, los cuales fueron pagados mediante un crédito hipotecario (superior a los 5 millones) y un bono de dos millones 700 mil pesos que García Luna obtuvo al salir de la AFI.
Pereyra explicó que en 2006 abrieron una cafetería llamada “Los Cedros”, gracias a otro crédito hipotecario del banco INBURSA. Mediante la compra-venta de propiedades, lograron adquirir un terreno en Monte Funiar, ubicado en Tlalpan, CDMX, donde edificaron la casa en la que residieron durante tres años (de 2009 a 2012), hasta que se mudaron a Miami, Florida, junto a sus dos hijos.
Cristina Pereyra justificó que la compra de dichas propiedades también respondía a que ella y su familia comenzaron a sentirse asediados debido al ascenso de García Luna en el servicio público. Asmismo, hizo referencia a un par de motocicletas Harley Davidson de su esposo, un vehículo Mustang y una camioneta Land Rover, pues indicó que el exfuncionario era un ávido amante de los coches antiguos.
Al ser interrogada por la abogada defensora Valeria Gotlib, Pereyra señaló que dichos bienes sí se encontraban en las declaraciones patrimoniales de su esposo. Respecto a las propiedades en Miami, el juez Brian Cogan prohibió que se retomaran en el juicio, pues los señalamientos en contra del acusado se limitaban de 2001 a 2012.
La familia Weinberg ha estado bajo la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debido a su cercanía con García Luna, pues se presume que uno de sus miembros (Mauricio Samuel) sería el principal prestanombres del exfuncionario mexicano, además de que él mismo aceptó que el ahora acusado vivió en sus propiedades en Miami al término del sexenio de Felipe Calderón.
Es por ello que Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Sylvia Donna Pinto de Weinberg se encuentran implicados en la demanda civil que el Gobierno de México inició en Florida, con la cual se busca recuperar más de 700 millones de pesos que supuestamente habrían sido extraídos de recursos públicos. Sin embargo, cabe precisar que este proceso es diferente al juicio que García Luna enfrenta en Estados Unidos.