Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, recibió a Lorenzo Córdova y varios consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), para escuchar sus inquietudes en relación al Plan B de la Reforma Electoral de AMLO, donde el Organismo sostuvo que, de aplicarse, perderán capacidad operativa.
De acuerdo con el organismo descentralizado, “la estructura del INE se disminuye drásticamente con el Plan B de la Reforma Electoral”, motivo por el cual las y los consejeros acudieron a la reunión con Monreal Ávila y los demás líderes de bancada del Senado la tarde de este jueves 9 de febrero.
Por parte del Instituto que dirige Córdova Vianello, acudieron vocales distritales de la república y el vocal ejecutivo del Estado de México, quienes señalaron ante la Cámara alta sus funciones, las cuales contribuyen a que los ejercicios democráticos sean confiables y, al mismo tiempo, mantengan a salvo la información del Padrón Electoral.
Como parte de la reunión, el doctor Monreal Ávila solicitó la información derivada del Informe del INE en el que enumera las probables vulneraciones de las que sería objeto el Instituto si se aplicara el Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por lo que se le hizo entrega para dormir al respecto; no obstante, el propio senador reconoció, horas antes de que iniciara la reunión, que queda muy poco en sus manos para modificar la Reforma Electoral.
De acuerdo con las imágenes proporcionadas por el propio Senado, además de Ricardo Monreal y Lorenzo Córdova, se pueden ver a los líderes Miguel Ángel Osorio, de la bancada del PRI; a Julen Rementería, del PAN; Miguel Ángel Mancera, del PRD; y Clemente Castañeda, de MC. Además, está la senadora Xóchitl Gálvez del PAN y los 11 integrantes del Consejo Técnico del INE.
Cabe recordar que en el Informe se explica cómo es que las modificaciones a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), General de Partidos Políticos (LGPP) y Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la promulgación de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGMIME) podrían incidir negativamente en la operación del INE.
De todas estas observaciones, donde más abundó el informe fue en materia fiscal, pues destacaron 11 sub puntos como áreas de oportunidad:
a) Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos
b) Sanciones en materia de fiscalización
c) Interpretación de normas
d) Fiscalización de los ingresos y egresos
e) Delegación de la facultad de fiscalización a los Organismos Públicos Locales (OPLEs)
f) Transferencias de recursos locales y federales sin límites
g) Renuncia al financiamiento público y remanentes
h) Generación de ahorros
i) No se podrán emitir disposiciones una vez iniciados los procesos electorales
j) Notificaciones de fallas o interrupciones en el sistema de contabilidad en línea
k) Transgresión al modelo de fiscalización oportuno, ágil, expedito y accesible de los recursos de los partidos políticos
Además, el recorte presupuestario que implica el Plan B (alrededor de 5 mil millones de pesos) de acuerdo con el INE, tendría como consecuencia la liquidación de 5 mil personas. Aunado a ello, el texto refiere que los riesgos no sólo están en materia fiscal, sino en la presencia territorial del INE (instalaciones de casillas y módulos de atención), se vulneraría la autonomía, se pondrían en riesgo los datos personales del Padrón y se vulneraría la certidumbre en el cómputo de los votos.
Finalmente, cabe recordar que ahora está en las manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidir si los señalamientos del INE proceden, pues el organismo electoral presentó su recurso de inconstitucionalidad ante la máxima sala de México para que se invalide el Plan B de AMLO, pero aún no se cumple el tiempo límite para que la Corte resuelva.