Juicio político contra Samuel García: PRI y PAN buscan su destitución; AMLO y la 4T lo defiende

El panorama político para Samuel García, gobernador de Nuevo León por Movimiento Ciudadano (MC), se tornó complicado desde que el Congreso Local dio inicio con el proceso para que se realice un juicio político en su contra. Las consecuencias de éste podrían ser catastróficas para su carrera política y la gobernabilidad de una de las entidades más productivas de la república.

En primer lugar, se debe de ponderar las peores consecuencias de un juicio político, que son la destitución y la inhabilitación para poder ejercer algún cargo público o de elección popular; sin embargo, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como algunas de sus llamadas “corcholatas” ya se manifestaron en favor de García Sepúlveda y su continuidad como jefe del ejecutivo local.

Con menos de año y medio de gobierno, las y los diputados locales iniciaron el proceso contra Samuel García porque consideraron que el abanderado del partido naranja incurrió en violaciones a la Constitución de Nuevo León por no presentar a tiempo el Presupuesto de Egresos (PE) de 2023 y no publicar 56 decretos del legislativo, en consecuencia, las diferentes fuerzas políticas en el legislativo decidieron actuar contra el gobernador.

El pasado 20 de noviembre terminó el tiempo para que el gobernador presentara ante el legislativo el PEE, acto seguido, miembros del Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI) denunciaron ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado a Samuel García por su presunta responsabilidad en “abandono de funciones”.

Por su cuenta, García Sepúlveda acusó que el congreso guardaba una intención corrupta, pues dijo que las y los legisladores querían distribuir “sobornos” entre los municipios del estado y que éstos debían de estar contemplados en el PE, algo que él no iba a incentivar.

Por un lado, se debe de contemplar que desde las elecciones de 2021, en las que Samuel García ganó la gubernatura, se dio a conocer que tanto la mayoría de los municipios como el Congreso estarían bajo el control de los partidos de oposición, particularmente el PRI y el PAN, lo cual haría difícil que el nuevo jefe del ejecutivo local pudiera promover reformas o planes de acción en el territorio.

Además, se debe de contemplar que MC (como partido) rechazó, rechaza y posiblemente continuará rechazando las múltiples invitaciones de Va por México (PRI, PAN y PRD) para sumarse a la coalición opositora para contender contra Morena y sus aliados (PT y PVEM) en las elecciones de 2024, por lo que se podría interpretar la procedencia del juicio político como un acto de presión para “doblar” a Movimiento Ciudadano.

Del otro lado del espectro está Movimiento Regeneración Nacional (Morena), AMLO y la 4T en general, quienes ya manifestaron su rechazo a la procedencia del juicio político contra Samuel García y reiteraron su reconocimiento absoluto al gobernador como el jefe legítimo del ejecutivo local.

La voz principal fue la del presidente López Obrador, quien, durante una mañanera dijo que apoya a Samuel García aún a pesar de que no cuenta con la mayoría en el Congreso local. Aunado a ello, sentenció que esto es una maniobra política de sus opositores en Nuevo León, por lo que manifestó su respaldo.

Respecto a las corcholatas, fueron Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), quienes manifestaron de manera explícita o implícita su apoyo al neolonés.

Sheinbaum Pardo consideró que el legislativo local de Nuevo León no posee los elementos necesarios como para someter a Samuel García al proceso de juicio político: “Una persona es electa y cuando hay razones suficientes para una situación de este tipo (juicio político) pues puede llegarse a este nivel, pero yo creo que no hay razones suficientes, sino que más bien se está usando el uso político por tener la mayoría en el Congreso, yo creo que ahí no estamos de acuerdo”.

Bajo esa misma tónica, el secretario de Gobernación ha continuado en comunicación constante con Samuel García en el proyecto del Acueducto El Cuchillo II, el cual garantizará un mejor abasto de agua para la zona metropolitana de Nuevo León, uno de los principales problemas sociales que se han manifestaron durante la corta gestión Samuel García.

Aunado a ello, el respaldo de su partido se hizo presente de diferentes maneras, pues tanto el presidente como los líderes de bancada en la Cámara de Diputados y Senado de la República acusaron una jugada política coercitiva por parte de las bancadas integrantes de Va por México en el Congreso Local.

En relación a sus visitas, el gobernador de NL publicó una foto con el secretario federal y una leyenda que sugiere cercanía y fraternidad en su trato “¡Bienvenido a Nuevo León, Secretario!”, pues la Segob es la encargada de la política doméstica y es el puente que conecta al ejecutivo federal con los gobiernos locales: “Vamos a meterle turbo al Acueducto El Cuchillo II para que inicie operaciones este verano, como lo prometimos el Presidente y un servidor”.

Finalmente está la relación entre el gobernador con los poderes locales que intervienen en la procedencia del juicio político, donde en el primer intento de Samuel García por evitar el proceso fue infructuosa, ya que el gobernador habría promovido una suspensión de amparo; no obstante, un juez se la negó. De acuerdo con una pieza periodística publicada en diario Reforma, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa rechazó otorgar el amparo solicitado por el emecista.

De acuerdo con el versado en derecho, la solicitud no fue procedente porque Samuel García no ha sido acusado de ningún agravio, pues el proceso en el Congreso Local no ha avanzado. Pero lo que sí se sabe es que, desde que inició este proceso, el pasado 31 de enero, se generó un acuerdo en el que la Comisión Anticorrupción del Congreso de NL citó a comparecer el viernes 10 de febrero a Samuel García para que se determine la procedencia del juicio político.

Las consecuencias para Samuel García podrían ser solamente de carácter político, cabe recordar que los juicios políticos no guardan finalidad jurídica, por lo que el gobernador se enfrenta ante la posibilidad de ser destituido e inhabilitado de la función pública; sin embargo, él podría recurrir nuevamente a la promoción de un amparo o de una controversia constitucional para continuar en el cargo que obtuvo con 700 mil 352 votos (más del doble que Fernando Larrazabal, del PAN, quien quedó en segundo lugar con 348 mil 744 sufragios).