El 9 de junio de 1993, Joaquín “El Chapo” Guzmán, cofundador del Cártel de Sinaloa fue detenido por primera vez en Guatemala, cerca de la frontera con México. Dos semanas antes había sido asesinado el Cardenal Jesús Posadas Ocampo, obispo de Guadalajara, supuestamente porque lo habían confundido con el capo sinaloense.
Por aquella época, sin embargo, Genaro García Luna, quien ahora es juzgado en Nueva York por presuntos vínculos con el narco, supuestamente ya era un nombre conocido en la cúpula del Cártel de Sinaloa.
“Fueron dos millones de dólares los que Ismael Zambada García y Rafael Caro Quintero entregaron a García Luna para que se respetara la vida de ‘El Chapo’, para que no fuera golpeado y para garantizarle un lugar seguro en cualquiera que fuera la prisión a la que fuera enviado”, dijo el narcotraficante José Luis Reyna, de acuerdo con lo expuesto por el periodista J. Jesús Lemus en su libro El Licenciado.
Según dicha versión, los emisarios de “El Mayo” Zambada que fueron enviados para concretar dicha negociación fueron Dámaso López Nuñez y Jesús Zambada García, alias “El Rey”, el mismo narco que reiteró, tanto en el juicio que se le siguió al “Chapo” como en el que actualmente se le sigue a García Luna, los sobornos que él mismo le habría entregado a Genaro.
En un primer momento Guzmán Loera fue encarcelado en el penal de máxima seguridad de Almoloya, en el Estado de México, después de que estuvo una semana encerrado en los separos de la Policía Federal Preventiva (PFP) en Ciudad de México.
Entre los pocos funcionarios que visitaron al capo mientras se encontraba recluido en los separos, señaló Lemus, se encontraban García Luna y Luis Cárdenas Palomino, que para ese momento ya era considerado como su subalterno de mayor confianza.
Las seis demandas
Fue precisamente durante esos interrogatorios, cuya evidencia fue borrada por órdenes de García Luna, según el periodista, cuando “El Chapo” llegó a una serie de acuerdos con las autoridades para hacer su estadía en prisión lo menos dura posible y tener un trato privilegiado.
El otrora líder del Cártel de Sinaloa, para que sus demandas le fueran concecidas, ofreció a cambio un pago mensual de USD 100 mil a funcionarios del Cisen, la PGR y la dirección del penal.
Las seis peticiones del capo fueron tener una celda sólo para él, una televisión, un área de protección donde su vida no corriera peligro, comunicación permanente hacia el exterior y la posibilidad de escoger él mismo a los custodios encargados de su vigilancia.
Sin embargo, García Luna solo habría podido cumplir cinco de las seis peticiones del capo, pues no estaba en su poder asignarlo de inmediado a la cárcel de Puente Grande, por lo que antes de llegar a la cárcel que quería “El Chapo” tuvo que pasaro dos años y cinco meses en la cárcel federal de Almoloya.
El 22 de noviembre de 1995, tal y como ambos habían acordado, según Lemus, “El Chapo” fue trasladado a la cárcel federal de Puente Grande, en Jalisco, donde 6 años después iba protagonizar la primera de sus fugas, la cual, supuestamente, también estuvo amparada por García Luna.
Igual que lo habría hecho durante el caso de Israel Vallarta y Florence Cassez, García Luna, que entonces era el titular de la Coordinación General de Inteligencia para la Prevención del Delito de la PFP, planeó un montaje para encubrir la fuga de “El Chapo” Guzmán, quien supuestamente decidió dejar el encierro porque afuera el control del Cártel de Sinaloa “se le estaba saliendo de control”.
La versión “oficial” dada conocer a los medios de comunicación fue que el capo había escapado escondido en un carrito de lavandería. No obstante, en realidad “El Chapo” habría escapado con ayuda de efectivos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), quienes el 19 de enero de 2001 le prestaron un uniforme de la corporación durante un operativo improvisado.
De esta forma, mientras Garcia Luna se consolidaba como Coordinador General de la AFI, “El Chapo” salía por la puerta principal de Puente Grande vestido de policía.