“No somos la mamá del Chapo”: reclamaron a AMLO por impunidad en los asesinatos a periodistas de Veracruz

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) inició el último tercio de su gobierno cerrando el 2022 como el año más mortal para la prensa en México por los 13 asesinatos a periodistas registrados en dicho periodo; tres de los cuales fueron en Veracruz, ahora gobernada por Cuitláhuac García.

Y aunque dicha cifra no es ni cercana a la más alta reportada en una administración local - que fue la de Javier Duarte, con 18 homicidios -, sí perpetúa el que la entidad sea catalogada como la más mortífera para las y los comunicadores. Esto, sustentado en el conteo de Artículo 19, organización que computó 35 muertes de periodistas en razón de su labor profesional en dicho estado desde el 2000, algunas de las cuales ni siquiera se les ha identificado a presuntos responsables.

Fue ante este contexto que el pasado 24 de enero, Jorge Sánchez Ordóñez acudió hasta la mañanera de Palacio Nacional para volver a alzar la voz por el homicidio de su padre, el periodista Moisés Sánchez - quien cumplió ocho años de haber sido asesinado -, así como de otros casos que aúnan hasta doce años de mantenerse en la impunidad.

“Todos coincidimos prácticamente de que en México no vamos a encontrar la justicia (...) Nosotros hemos levantado la voz en cada administración (...) y nos gustaría saber cuánto tiempo hay que esperar”, planteó el miembro de la Red en Memoria y Lucha de Periodistas a fin de solicitar una reunión de Andrés Manuel con las familias de las víctimas de la violación a la libertad de la prensa.

Así lo volvió a pedir en la conferencia de este 26 de enero, donde la Secretaria de Seguridad Rosa Icela Rodríguez aseguró que la Fiscalía General del Estado (FGE) está dispuesta a recibir a las familias afectadas “lo más pronto posible”.

Sin embargo, Sánchez Ordóñez afirmó que no sólo la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz acumula pilas de casos pendientes de homicidios a periodistas, también la Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), perteneciente a la General de la República (FGR), cuyos avances en las investigaciones son desconocidas, afirmó.

De ahí que el veracruzano insistió en la relevancia de que sea el propio López Obrador quien reciba a las y los familiares de las víctimas con la misma disposición que lo habría hecho ante la madre del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán: “Creo que es necesario que conozca el sentir de todas las familias que integramos esta red”, aseveró.

Moisés Sánchez Cerezo, asesinado el 2 de enero del 2015; Noel López Olguín, el 1 de junio del 2011; Luis Méndez Hernández, el 22 de febrero del 2009; Adolfo Sánchez Guzmán, el 30 de noviembre del 2006; Miguel Ángel López Velazco, el 20 de junio del 2011; Gabriel Huge y Guillermo Luna Varela, el 3 de mayo del 2012; Manuel Torres González, el 15 de mayo del 2016, o Regina Martínez, el 28 de abril del 2012 son algunos de los comunicadores que fueron asesinados en los tres gobiernos anteriores al de López Obrador.

Y pese a que el actual Jefe del Ejecutivo Federal ha insistido en responsabilizar a sus antecesores por los actuales niveles de corrupción, violencia o desestabilización, Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha destacado la violenta y estigmatizante retórica de su administración con la prensa crítica como un propiciador de la violencia a periodistas.

No obstante, para López Obrador estas organizaciones también formarían parte de “el bloque que se dedica a atacarnos”, según él, a base de manipulación: “No nos estamos chupando el dedo”, aseveró tras arremeter especialmente contra Artículo 19. Esto, después de demeritar el planteamiento de Sánchez Ordóñez en relación a la mamá de El Chapo, aunque se comprometió a atender los casos de las familias veracruzanas.

“Manipulación no. Justicia sí. Vas a ser atendido tú y todos. Y vamos a seguir sosteniendo que en nuestro gobierno se busca que no haya impunidad”, aseveró.

Cabe destacar que el sentido de dicho discurso también fue emanado por el propio Cuitláhuac García, aún cuando su administración cerró el 2022 con siete periodistas asesinados y más de 850 homicidios dolosos, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).