Derivado del presunto plagio de Yasmín Esquivel, magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en su tesis para recibir el grado de licenciada en Derecho por la UNAM, el senador Germán Martínez Cázares exigió que la funcionaria sea sometida a juicio político, con lo cual podría ser objeto de suspensión e inhabilitación de la función pública.
Sin embargo, ante la posibilidad de procedencia del recurso en la Cámara de Diputados, se debe poner sobre la mesa la factibilidad de éste y sus posibles consecuencias. En este sentido, se recalca que Martínez Cázares llamó la atención el 19 de enero cuando exigió que se procediera contra la magistrada para que no quedara impune esta falta académica, pero no pudo decir cuándo ocurriría.
El legislador se mostró crítico ante lo presuntamente realizado por Esquivel Mossa, asimismo, condenó el actuar de las instituciones que intervienen en este caso: la SEP y la UNAM. “¿Con qué cara le van a enseñar a los alumnos? ¿Con qué cara van a reprobar a los alumnos de la UNAM? o ¿Con qué cara les van a exigir un buen desempeño académico? Si un engaño, un robo, un delito puede hacerlos veterinarios, ingenieros médicos o abogados”.
De tal modo que exigió que se procediera contra la funcionaria para que sea destituida de su cargo como magistrada: “Yo espero que se retire Yasmín Esquivel de la Suprema Corte. Sí, de patitas a la calle de Pino Suárez”. Y, aunque dichas declaraciones sacudieron a cierto sector ciudadano, en la realidad, puede tardar años para que las máximas consecuencias se puedan materializar.
Respecto a los procesos sancionadores que puede aplicar la Cámara de Diputados se destaca los únicos existentes hasta el momento son los desafueros y los juicios políticos, y ambos obedecen a metodologías diferentes porque atienden a naturalezas distintas, donde el valor de inmediatez no aplicaría en el caso del presunto plagio académico de Esquivel Mossa.
Procesos de desafuero y juicio político
El desafuero es un proceso cuya finalidad es el proceso judicial de algún funcionario que goce de inmunidad jurídica. Para retirarlo, alguna Fiscalía estatal o la de la República deberá de abrir una carpeta de investigación contra la persona servidora pública y ésta deberá de estar robustecida con datos y evidencias que apunten a una probable responsabilidad en un delito.
Después, ésta será entregada a la Cámara de Diputados, donde la sección instructora valorará el caso y dará la procedencia o no, según sea el caso y la defensa del señalado. Después se turnará al Pleno de la Cámara, quién votará en favor o en contra y esto permitirá si se le retira el fuero al sujeto en cuestión. Al tratarse de un caso con finalidad judicial, normalmente estos casos se tratan con celeridad para que la fiscalía pueda impartir justicia de manera pronta y expedita.
Sin embargo, en el caso de juicio político, el proceso es completamente otro, pues la finalidad, al ser de carácter administrativa, se lleva el orden que se conforma en relación directa a la fecha de recepción de los expedientes a la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara, que está integrado por las y los diputados de las comisiones de Justicia y de la de Gobernación y Población.
Esto quiere decir que para que se realice el juicio político contra Yasmín Esquivel, se deben de desahogar los procesos registrados antes que el de ella, mismos que deben de ser valorados y, de ser necesario, ser llevados ante el Pleno para que se realicen. En este sentido, se destaca que existen más de 100 expedientes en espera de ser atendidos por la Subcomisión de San Lázaro, por lo que, conforme a la generalidad del protocolo, no se atendería este caso con carácter de prioritario.
Asimismo, existen criterios que podrían dotar de urgencia la procedencia de un juicio político; sin embargo, no existen elementos en el caso de la magistrada para que esto ocurra. Como parte del protocolo, se tiene como fecha límite de ser sujeto a juicio político hasta un año después de que el funcionario terminara de desempeñarse como persona servidora pública, por lo que el criterio de urgencia más común sería la aproximación de dicha fecha, pero no es el caso de Esquivel Mossa.
Yasmín Esquivel Mossa inició su desempeño como magistrada de la Suprema Corte desde el 12 de marzo de 2019 y su periodo es de seis años, esto quiere decir que se tiene como fecha límite para ser sometida a juicio político el 12 de marzo de 2026, a menos que la parte demandante otorgue algún criterio válido para acelerar el proceso.
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