Mario Villanueva Madrid, el primer narcogobernador que enfrentó a la justicia

Mario Villanueva Madrid gobernó Quintana Roo de 1993 a 1999.  Durante su mandato fue investigado por nexos con el cártel de Juárez, organización criminal que estuvo encabezada por Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, hasta 1997.  A partir de entonces, mantuvo vínculos con Ramón Alcides Magaña, El Metro, uno de los principales operadores de esa organización criminal.

Una investigación difundida por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) reveló que Villanueva Madrid recibió entre 400 mil y 500 mil dólares por permitir la libre manipulación de cargamentos de droga en la entidad.  La confabulación del gobernador con el crimen organizado, que presumió la autoridad, habría tenido una duración de al menos cinco años. Incluso, el Ministerio Público Federal detectó que el mandatario amasó una fortuna sospechosa de 1994 a 1999, periodo en el cual manejó cuentas en bancos de Estados Unidos, Suiza, Panamá y Bahamas.

El Maxiproceso

En 1998, el presidente Ernesto Zedillo emprendió el proceso penal más grande en la historia de México.  El Maxi Proceso reveló la complicidad de una red de funcionarios públicos y narcotraficantes al servicio del cártel de Juárez.

Hubo más de 100 personas involucradas en las actividades criminales, que fueron detenidas.  No obstante, la mayoría de ellos hoy se encuentran absueltos o muertos. Algunos más, nunca fueron detenidos.  Sólo quedan tres procesados: Arturo Hernández "El Chacky", Alcides Ramón Magaña "El Metro" y Mario Villanueva Madrid.

En ese entonces, las bandas del crimen organizado tenían muy definidas sus zonas de influencia.  Quintana Roo era el reino de Alcides Magaña, como antes lo fue de Amado Carrillo Fuentes y de Juan José Esparragoza, El Azul.

Mario Villanueva era el gobernador del sureño estado mexicano.  Su relación con el presidente Ernesto Zedillo no era cercana y prevalecía la desconfianza, pese a que ambos eran militantes del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI).  Junto con la agencia antidrogas de EU (DEA), la PGR había encontrado evidencias sobre un esquema de protección que las autoridades estatales desplegaban para facilitar la llegada de cargamentos de cocaína, procedentes de Colombia.

Mario Villanueva estaba vigilado.  El fuero constitucional del que gozaba como gobernador de Quintana Roo, le otorgaba una sensación de confianza.  Desde el gobierno federal habían planeado aprehenderlo el 5 de abril, fecha en que entregaría la estafeta de mandatario estatal a Joaquín Hendricks, pero el control que mantenía sobre las fuerzas de seguridad estatal le permitió conocer el operativo con anticipación y se dio a la fuga.

Delitos y cárcel

Sin concluir su mandato, Mario Villanueva desapareció de las  escena pública, y se convirtió en prófugo de la justicia el 27 de marzo de 1999.  Dos años más tarde, en mayo de 2001, fue detenido en Cancún por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Ejército mexicano.

Luego de su detención fue internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 -conocido como La Palma, en Almoloya de Juárez, Estado de México-, donde se le abrió proceso penal por operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y delitos contra la salud, en sus modalidades de introducción, transportación, extracción de narcóticos denominados cocaína y fomento para la realización de dichas conductas ilícitas.

El 20 de junio de 2007, un juez federal  lo exoneró de la comisión de delitos de narcotráfico y fue liberado; al salir, fue reaprehendido y recluido en el Reclusorio Norte en la Ciudad de México, luego de que las autoridades de Estados Unidos reclamaron un proceso de extradición.

El 8 de mayo de 2010, al cumplir los trámites diplomáticos y en medio de una fuerte polémica en México, fue extraditado a la Unión Americana.  El 28 de junio de 2013 fue sentenciado a 11 años de prisión por lavado de dinero y le aseguraron 19 millones de dólares, producto de actividades ilícitas.  El 22 de diciembre de 2016 fue liberado del hospital-prisión de Lexington, Kentucky, donde se encontraba internado por su mal estado de salud y fue llevado a una estación migratoria.

Tras ser repatriado a México, fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada, asociación delictuosa e intimidación.  Aunque inicialmente el juez dictó una sentencia de 36 años de prisión, en segunda instancia la pena se redujo a 22 años, siete meses y 11 días. Las autoridades mexicanas determinaron encarcelarlo en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial -en el Estado de Morelos-, para brindarle la atención médica adecuada porque padece la Enfermedad Pulmonar de Oclusión Crónica (EPOC).

Hoy, el exgobernador está recluido en la cárcel de Chetumal, la enfermedad pulmonar sigue avanzando y el 2 de julio pasado cumplió 71 años.  Ha acumulado 18 años en prisión, por delitos contra la salud y lavado de dinero. Pidió el indulto al Presidente Andrés Manuel López Obrador. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, declaró recientemente que Mario Villanueva cumple con las tres condiciones básicas para salir de la cárcel.

"El hombre tiene más de 70 años de edad, un estado de salud precario y no representa un peligro si es excarcelado", por lo que podría terminar de cumplir su condena en prisión domiciliaria.

Las cartas de Villanueva Madrid

En abril de 1999, mientras se encontraba prófugo de la justicia, Mario Villanueva publicó una carta: "Acosado por una investigación dirigida a incriminarme a toda costa en delitos de tráfico y consumo de drogas, me vi en la necesidad de abandonar mi terruño para no ser objeto del encarcelamiento en Almoloya".

En septiembre de 2018, desde el penal de Chetumal, el exgobernador de Quintana Roo, envió una misiva Andrés López Obrador, entonces presidente electo, en la que clama justicia y su libertad.  "En México me tiraron a matar, me libraron cuatro órdenes de aprehensión con 13 delitos…He cumplido 23 años por lavado de dinero, y a Duarte (Javier Duarte, exgobernador de Veracruz) le dieron nueve. Al otro exgobernador Duarte, el de Chihuahua, al parecer lo han exonerado", apuntó.

Exgobernadores señalados o bajo proceso penal

A la fecha son 11 exgobernadores señalados por delitos relacionados con el narcotráfico o el uso ilegal de recursos públicos:

Mario Villanueva Madrid.  Quintana Roo. Acumula casi 18 años en prisión, por delitos contra la salud y lavado de dinero.  Preso en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial.

Jesus Reyna García.  Michoacán. Detenido en abril del 2014, acusado de ser parte de los Caballeros Templarios.  Permaneció detenido, sin juicio, ni sentencia durante 4 años y 8 meses hasta que la PGR se desistió de las acusaciones en diciembre de 2018

Tomás Yarrington Ruvalcaba.  Tamaulipas. El 9 de abril de 2017, Yarrington fue detenido en la ciudad de Florencia, Italia. Fue extraditado el 20 de abril de 2018 a Estados Unidos donde se mantiene en prisión y enfrenta cargos por los delitos de tráfico de drogas, extorsión, fraude y blanqueo de capitales.  Su juicio está programado para enero de 2020 ante la corte federal, en Brownsville.

Eugenio Hernández Flores.  Tamaulipas. Señalado por el Departamento del Tesoro de EU de lavado de dinero a favor del Cártel del Golfo.  Actualmente, se encuentra en un proceso de extradición a los Estados Unidos por cargos de peculado, lavado de dinero y falsificación de documentos.

Javier Duarte de Ochoa.   Veracruz. Acusado de lavado de dinero, entre otros delitos.  Desde el 20 de octubre del 2016, se encontraba prófugo de la justicia.  Fue detenido el 15 de abril del 2017 en Guatemala y extraditado a México el 17 de julio.  El 21 de agosto del 2018, la PGR reclasificó la acusación de delincuencia organizada (20 a 40 años de prisión), por la de asociación delictuosa (5 a 10 años de prisión)

César Duarte Jáquez.  Chihuahua. Señalado de atentar contra el erario, de donde salieron 36 propiedades inmobiliarias y decenas de miles de cabezas de ganado.  Está prófugo de la justicia.

Guillermo Padrés Elías.  Sonora. Actualmente preso por la presunción de los delitos de lavado de dinero, defraudación fiscal y delincuencia organizada.

Andrés Granier Melo.   Tabasco. El 1 de marzo del 2018 fue condenado a 11 años de prisión por peculado y uso indebido de recursos del sector salud, pero el 7 de enero del 2019 fue puesto en prisión domiciliaria y el 8 de mayo recibió sentencia de libertad absoluta por un juez.

Luis Armando Reynoso Femat.  Aguascalientes. Preso por sustracción ilegal de recursos del erario y defraudación fiscal; la PGR investiga probable nexo con crimen organizado.

Roberto Borge Angulo.  Quintana Roo. Preso por actos de enriquecimiento ilícito.  El 31 de mayo de 2017 un juez del Estado de México le giró una orden de aprehensión. El 4 de junio de 2017 fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Panamá.  Desde el 4 de enero de 2018 fue extraditado a México donde permanece detenido

Rodrigo Medina de la Cruz.  Nuevo León. Enfrenta un proceso en libertad, luego de la acusación de la Fiscalía estatal sobre probable desvío de fondos oficiales.