La Fiscalía General de la República investiga las omisiones e irregularidades en que incurrieron funcionarios públicos de la Procuraduría General de la República (PGR), durante la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Desde el 25 de abril de 2016, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) reveló un video con el que puso en duda no sólo la actuación de los servidores públicos de la PGR, sino la credibilidad de la verdad histórica que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se empeñó en imponer.
La reconstrucción oficial sostiene que, una vez que los estudiantes fueron asesinados y calcinados, los sicarios del grupo Guerreros Unidos recogieron los restos en bolsas de plástico y los lanzaron al Río de Cocula. Sin embargo, con el video revelado durante la presentación de su último informe sobre el caso Ayotzinapa, los integrantes del GIEI atizaron dudas y sospechas.
Las imágenes mostradas habrían comprobado que la presencia de Tomás Zerón y el presunto delincuente Agustín García, El Chereje, en el paraje del Río Cocula tuvo como propósito sembrar pruebas para dar sustento a la verdad histórica que el Procurador Jesús Murillo Karam dio a conocer el 7 de noviembre de 2014.
En su momento, los expertos internacionales del GIEI aludieron a conductas irregulares específicas. Estos son los errores de Tomás Zerón, entonces Titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR:
- La escena del crimen no fue resguardada. El Equipo Argentino de Antropología Forense denunció en 2016 que el basurero de Cocula no tuvo la guardia y custodia que exige una escena del crimen.
- Diligencias ilegales. Un día antes de revelar el descubrimiento de las bolsas de plástico con los restos de los estudiantes, la AIC realizó una diligencia en el Río Cocula. Dicha diligencia no fue declarada ministerialmente, es decir, no forma parte de la carpeta de investigación. Fue posible conocer de ella por un video grabado por periodistas y entregado al GIEI, lo cual fortalece las sospechas sobre la siembra de pruebas y orientación en la declaración de testigos, para preparar el escenario que se presentaría a los medios de comunicación un día después.
- Evidencias plantadas. El mismo equipo de forenses detectó la posible siembra de pruebas en el Río Cocula, por la presencia de Tomás Zerón y su equipo en el lugar donde un día después se encontraron las bolsas de plástico con los restos de los normalistas.
- Tortura. Agustín García, “El Chereje”, fue trasladado por la policía ministerial de su celda al Río Cocula sin competencia, sin la presencia de su defensor y con huellas de tortura en la diligencia realizada un día antes de anunciar el hallazgo de los restos de los jóvenes de Ayotzinapa.
Adicionalmente, se ha cuestionado la inexistencia de un nuevo peritaje que permita confirmar si el incendio de Cocula ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014 y si era posible la calcinación de 43 cuerpos en las condiciones señaladas en la verdad histórica de la PGR; así como la desaparición de los videos de las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala, que no fueron resguardados judicialmente, y habrían sido útiles para esclarecer la posible participación de fuerzas de seguridad en la agresión contra los normalistas.
El 11 de febrero de 2017, The New York Times dio a conocer la versión final de un informe del gobierno de Peña Nieto, sobre la conducta de los funcionarios que investigaron el caso de los 43 normalistas desaparecidos.
El informe original detalla serias fallas en las pesquisas, como el arresto ilegal de sospechosos clave y el mal manejo de evidencias. El documento final indica que las acciones de los investigadores fueron solo violaciones técnicas, faltas administrativas y salva de cualquier responsabilidad de Tomás Zerón, al eliminar los principales cuestionamientos contra el Titular de la Agencia de Investigación Criminal.
La administración del ex presidente Enrique Peña Nieto detuvo a 142 personas durante la investigación del caso Ayotzinapa. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha detenido a ningún presunto responsable adicional. Hasta el 16 de septiembre, 77 personas han sido liberadas por Samuel Ventura Ramos, Juez Primero de Distrito de Procesos Penales en Tamaulipas. Sólo quedan 65 personas detenidas por su posible participación en la comisión de diversos delitos.