El caso de Ayke, el perro policía bajo investigación por ataques a oficiales

Ayke, un perro policía perteneciente a la unidad canina del Santa Fe Police Department (SFPD) de Nuevo México, Estados Unidos, se encuentra bajo una investigación de asuntos internos por haber atacado a uno de los oficiales del departamento en marzo.

Al día de hoy el perro continúa activo en servicio, pues sus cuidadores están seguros de que no representa un riesgo para el público y autoridades alegan que los caninos son útiles para diferentes tareas como la detección de materiales explosivos o durante la búsqueda de sustancias ilícitas

Cada mordida de un oficial canino queda documentada para verificar si se siguió la política adecuada y aplicar acciones correctivas a los manejadores en caso de ser necesario.

De acuerdo con información del periódico local Santa Fe New Mexican, citada por la agencia de noticias Associated Press (AP), Ayke ostenta el título del perro con mayor número de mordidas registradas de la unidad canina del SFPD.

Específicamente se convirtió en objeto de una investigación de asuntos internos que busca la verdad detrás de un ataque en marzo a uno de los oficiales de la unidad.

La ciudad también enfrenta la demanda presentada por un uniformado que fue sometido a una cirugía plástica luego de sufrir ataques durante un ejercicio de entrenamiento en 2022, según AP.

Ayke continúa siendo un activo en servicio, de hecho, Ben Valdez, subjefe de policía, respalda la decisión de mantenerlo en servicio, pues declaró en entrevista para la agencia de noticias que el departamento confía en que el animal no representa un peligro para el público.

Como parte de su argumento, Valdez expuso que los perros “K9″ son un activo valioso y que “cuando se usan correctamente”, no existen desventajas.

Cada uno de los animales llegó al programa de policía canina en 2020 e individualmente tuvieron un costo aproximado de 4.400 dólares estadounidenses. Se tuvo que pagar 2.200 USD por un curso de certificación inicial y el departamento desembolsa 4.800 dólares al año en comida para perro y 2.000 en atención veterinaria.

Para ser considerados como animales de servicio dentro del departamento de policía, es necesario que los perros cumplan 320 horas de capacitación anualmente, mientras que sus manejadores deben superar pruebas de bienestar físico y psicológico.

Valdez informó que cada mordida de un perro policía debe quedar registrada de acuerdo con lo estipulado por la política de Santa Fe. Los casos después se revisan para determinar si se requiere alguna acción correctiva para el manejador.

La polémica ocurre en medio de la consideración de seis estados (Carolina del Sur, Virginia Occidental, Hawái, Misuri, Kansas y Colorado) de EEUU por aplicar sanciones más severas a quienes maten perros policía.

Henry McMaster, gobernador de Carolina del Sur, mencionó a mediados de febrero el caso de Rico, un perro policía que murió junto a otros uniformados, bomberos y paramédicos.

“Cuando Rico tuvo su funeral, nunca había visto tanta gente en la academía de policía. No había un ojo seco en el lugar”, añadió McMaster.

Por otro lado, el representante demócrata LaKeySha Bosley de San Luis, dijo durante un debate a mediados de febrero que “históricamente” los animales policía han sido utilizados para afectar y, “francamente, acosar a las comunidades marginadas”.

A inicios de abril el Gobierno de Kansas aprobó un proyecto de ley que permitiría que una persona sea sentenciada por matar a un activo canino.

Dan Hawkins, político principal defensor del proyecto de ley, dijo que se dedica mucho tiempo y dinero a estos animales, además de que deben recibir entrenamiento continuo y “para que maten a uno, tiene que haber una pena bastante severa”.

La iniciativa busca que quien acabe con la vida de un perro policía sea sentenciado con 3 años de prisión, hasta 5 si el asesinato ocurre mientras el sospechoso trata de evadir a las autoridades y se considera la inclusión del cobro de una multa de hasta 10.000 dólares.