Venezuela se encuentra en el ojo del huracán tras la detención, calificada como arbitraria, de 33 personas que se encontraban festejando en un establecimiento privado. El acto ha sido condenado por organizaciones defensoras de derechos humanos, pues la retención de esas personas habría sido consecuencia de su orientación sexual. Aunque ya se liberaron 30 de las personas, con régimen de presentación, defensores de las víctimas aseguran que los delitos que caen sobre ellos no tienen justificación lógica.
A través de redes sociales, tras la notificación de lo ocurrido, empezaron a circular mensajes de protesta que exigían la salida de esas personas de la detención. Bajo la consigna de ’Liberen a los 33′, se aseguró que la captura respondía a la persecución en ese país en contra de la comunidad LGBTIQ+. Los hechos ocurrieron en Valencia, Carabobo.
De acuerdo con lo que relató la ONG PROVEA (Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos), los 33 hombres “fueron expuestos y sometidos al escarnio público tras ser detenidos en un sauna y venta de alcohol (...) espacio para mayores de 18 años”.
“Funcionarios policiales ejecutaron un allanamiento, incautando objetos personales y realizando una minuta estigmatizadora que fue difundida en redes sociales, exponiendo nombres, datos y fotografías de las 33 personas”, añadió la organización. Los 33 ciudadanos fueron acusados de los delitos de ultraje al pudor, agavillamiento y contaminación sónica.
Además de lo masivo del movimiento ‘Liberen a los 33′ en Twitter, se vivieron protestas presenciales a las afueras del Palacio de Justicia de Carabobo. “¡No hay delito! ¡No hay delito!”, gritaban quienes hicieron presencia en aquel establecimiento oficial. “Siento impotencia, dolor (...) uno pregunta y se burlan de nosotros, pasan por encima de nuestro dolor, necesitamos que alguien tome cartas en el asunto (...) Barrieron el suelo con ellos”, comento AFP Ámbar Cuevas, de 40 años, tía de uno de los arrestados.
El Observatorio de Violencias LGBTIQ+ detalló, además, que las capturas arbitrarias no era lo único preocupante en el caso, sino que, además, uniformados habrían estado hostigando a las víctimas y a sus familias. ”A más de 48 horas de este hecho, no solo continúan detenidos en los Guayos sin haber sido trasladados a los tribunales, sino que varios grupos familiares han informado que están siendo extorsionados por funcionarios”, detalló la ONG.
Tras la liberación de 30 de los detenidos, activistas que han estado pendientes del caso aseguraron que los tres ciudadanos que todavía se mantienen presos deben conseguir un fiador para poder salir. Los detenidos son dos masajistas y el propietario del establecimiento en el que se adelantó la reunión en la que se encontraban las víctimas de la redada policial.
“Hoy desperté con los ánimos bajos, qué frustración tan grande lo que ocurrió con los 33. Ahora más que nunca el movimiento LGBTIQ+ debe hacer frente a la criminalización por nuestra orientación sexual y la eliminación de nuestros espacios seguros. No más Homofobia de Estado”, comentó a través de sus redes sociales Daniel Picado, fundador de la organización defensora de derechos humanos País Plural.
Según destacó Picado, a los ciudadanos, durante su detención, se les privó de alimentos y medicamentos. Así mismo, se les habría prohibido de hablar con sus familiares. “No se sabe a ciencia cierta qué fue lo que motivó el allanamiento, lo que sí se sabe es que no hubo una orden (judicial) para realizar el allanamiento ni una orden de detención”, añadió por su parte, a The Associated Press, Yendri Velásquez, activista de la comunidad y coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+.
“Nos preocupa que la inexistencia de políticas de protección y leyes de protección den paso o sean un caldo de cultivo hacia un proceso de criminalización de las personas LGTBIQ, que se pueda estar realizando a partir de la detención arbitraria de estas personas”, agregó Velásquez.