¿Cómo va América Latina en materia de inclusión de la comunidad trans?

Una mujer trans latinoamericana vive, en promedio, 35 años. Es menos de la mitad del tiempo que otras mujeres y hombres tienen en la región: 79 y 71 años, respectivamente. A casi una década y media de la creación del Día Internacional de la Visibilidad Trans, poco ha cambiado la realidad para este colectivo, pues permanecen sin acceso a la educación, a la salud o al trabajo y son víctimas de crímenes de odio. Tienen vidas breves.

“Las democracias débiles son los principales autores de la marginación trans”, señaló Marcela Romero, coordinadora de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans de (RedLacTrans), en el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Si bien América Latina superó las dictaduras del siglo XX y tuvo un gran crecimiento económico en el XXI, nada de eso dio solidez a las instituciones a nivel regional. Entre las consecuencias, está la dura vida de esta comunidad.

Romero, también presidenta de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA), destacó que “el 99.9% no accede al circuito laboral”, lo cual explica otra estadística: nueve de cada 10 mujeres trans latinoamericanas recurren al mercado de servicios sexuales para poner pan sobre la mesa.

Las cifras de la violencia a nivel regional continúan al alza: el 90% de las personas trans sufre discriminación en los centros de salud y el 77% de los adolescentes son echados a las calles por sus familias. Además, el índice de deserción escolar es superior al 60% en esta comunidad, que abandona las aulas antes de terminar la educación primaria por las agresiones físicas y verbales que reciben de los compañeros y el personal académico, de acuerdo con el Centro de Documentación de la situación Trans de América Latina y el Caribe (CEDOLSTAC).

Los porcentajes esbozan una realidad que Romero ha enfrentado desde finales de la década de 1990, como activista. En la actualidad, la discriminación que sufren las personas trans se deriva de una atmósfera política específica: “La ultraderecha y los grupos antiderechos ocupan cargos de toma de decisiones en la región, y pretenden que se negocien los derechos humanos que nos corresponden”, denunció.

Aunque Romero reconoció la importancia de las regulaciones contra la exclusión en América Latina, también comentó que las personas trans reciben comentarios transfóbicos a diario. Un ejemplo de lo anterior es México, donde el 42.6% de esta comunidad considera que la discriminación ha afectado sus vidas, según la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG). Desde enero de ese año al primer trimestre del 2023, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT+ ha registrado 47 asesinatos de personas trans.

El problema de discriminación se avivó en 2023 con una propuesta de ley que buscaba penalizar, con una sentencia de dos a siete años de cárcel, a quien obligue a un menor de edad a asumir una identidad sexual diferente a su género biológico. Para justificar su iniciativa, América Rangel, diputada del Partido Acción Nacional (PAN), argumentó que “los activistas de la ideología de género lograron normalizar tratamientos hormonales en niños”; sin embargo, en México solo un mayor de 18 años puede comenzar estos procedimientos. Diversidad CDMX, área de la Secretaría de Inclusión Social y Bienestar (Sibiso), catalogó lo anterior como una iniciativa transfóbica.

“En comparación con nuestro informe ‘Paren de matarnos’ veo un retroceso en la inclusión de la comunidad trans”, afirmó Romero y consideró que una de las causas es el abuso de poder que genera la impunidad de los delitos contra el colectivo. Además, “la violencia institucional niega el acceso integral de las personas trans a la salud y a la justicia”. Después del VIH, que representa la principal causa de muerte en mujeres trans menores de 35 años, los crímenes de odio cobran la vida de esta población entre los 20 y los 25 años.

Perú, por ejemplo, solo cuenta con el decreto 1323, que castiga el delito con una pena menor a tres años. Pese a la legislación, el 71% de los peruanos perciben que la comunidad LGTB+ es la más discriminada frente a otros grupos vulnerables, según la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos de la Población LGTB+. En cuanto a los homicidios, entre 2008 y 2022 se contabilizaron 41, de acuerdo con el Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TGEU).

Costa Rica carece de alguna ley que prohíba de forma clara la discriminación contra la identidad de género. El único decreto que podría aminorar el problema es el número 40422, que propone un protocolo de denuncias y sanciones ante estos casos, pero es inaplicable para las personas trans en la cotidianidad porque las autoridades suelen desestimar la importancia de los casos, según el informe de la organización costarricense Mulabi. Las transgresiones a los derechos cobraron nueve vidas del 2008 a 2022.

El sector de la salud recibe las principales denuncias. El Protocolo de Atención Integral de Personas Trans, cuyo fin es brindar el servicio médico necesario para la comunidad trans, condiciona el acceso a los tratamientos hormonales y a evaluaciones psiquiátricas. En algunos casos, las terapias son suspendidas porque el personal considera que su paciente “no tiene una apariencia femenina [o masculina]”, alertó la organización Transvida desde 2020.

La violencia institucional se agrega a las principales condiciones inseguras para las personas trans. Es una situación recurrente en países de la región como Colombia, donde a finales de 2020, hubo 388 casos de ataques y discriminación; el 50% correspondieron a agresiones contra esta comunidad, según el informe de CEDOLSTAC. Incluso el contexto colombiano llamó la atención del Observatorio de Derechos Humanos del Caribe Afirmativo, al contabilizar 22 mujeres trans víctimas de homicidio desde noviembre de 2021 al mismo mes del 2022.

Las muertes se extienden hasta Chile, donde el TGEU registró 24 casos de 2008 a 2022. La Organización Trans Diversidades (OTD) había alertado que, también aquí, el contexto empeoró por la impunidad, pues la ley resulta insuficiente para determinar cómo se sanciona a los asesinos de personas trans.

Existe un país que resalta en la región por su nivel de violencia: Brasil. Las mujeres trans afrodescendientes sufren burlas y humillaciones debido a la identidad de género que asumen y por el color de su piel. Entre 2014 y 2019, hubo 1,644 asesinatos motivados por el odio. Representan alrededor del 52% de las víctimas de asesinatos de personas LGBT+, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Argentina se mantiene por debajo de Brasil en cuanto a asesinatos: 113, según el registro de la TGEU desde 2008 a 2022. Ante los homicidios motivados por el odio, Romero resaltó un logro del activismo que visibiliza a las víctimas: “En Argentina, conseguimos que estos delitos sean catalogados como femicidio trans”. Así, las condenas pueden ser desde seis años hasta prisión perpetua.

El reconocimiento legal del delito ha llegado a otros países: México, donde la pena es de 40 a 60 años tras las rejas, y Chile con la Ley Gabriela, que sanciona el crimen con una condena de 40 años. Respecto a Perú, Brasil y Costa Rica, cuentan con dependencias especializadas para investigar estos asesinatos.

La Ley de Identidad de Género constituyó un hito en el reconocimiento legal y social de las personas trans en la región y fue considerado como el primer paso hacia la visibilidad, según la CIDH. Tiene por objetivo eliminar las barreras burocráticas que impedían respetar la autopercepción y garantizar el pleno derecho al libre desarrollo de la personalidad.

La coordinadora de RedLacTrans enfatizó en que Argentina tiene la mejor legislación respecto al tema desde 2012; sin embargo América Latina necesita una regulación que proteja la infancia y la vejez, porque el proceso de autopercepción se construye a lo largo de la vida. En sus palabras, cada persona trans forma parte de la sociedad y expone realidades que deben visibilizarse para tomar decisiones de gobierno en un país: “Si no hay Ley de Identidad de Género, no hay democracia”.

Los países de la región que han adoptado la ley para permitir a una persona cambiar de sexo y nombre en documentos oficiales son: Ecuador, Argentina, Colombia, Bolivia, Panamá, Chile y Uruguay. En 2021, la Ciudad de México (CDMX) se sumó con una regulación local que reconoce formalmente a la comunidad trans.

Ese mismo año, el Congreso de la República de Perú aprobó el dictamen sobre la Ley de Identidad de Género; sin embargo, las personas trans siguen teniendo documentos oficiales que corresponden solo con el género que fue asignado al nacer, lo que acrecienta la discriminación.

Costa Rica cuenta con el decreto número 7-2018 que permite a un adulto cambiar su nombre si considera que difiere con su identidad de género autopercibida. La decisión se tomó tras la opinión consultiva OC-24/17 que emitió la CIDH en 2017 con el fin de proteger los derechos de la comunidad trans.

Brasil aún carece de una ley específica respecto al tema, pero el Supremo Tribunal Federal ha implementado políticas públicas para reconocer el “nombre social” que cualquier ciudadano decida asumir. También autoriza a las personas mayores de 21 años a cambiar sus nombres en el registro civil sin realizar una cirugía de reasignación de sexo.

Romero recordó cuán trascendente fue la Ley de Identidad de Género para Argentina y el resto de América Latina; sin embargo, admitió que solo contempla el 30% de las necesidades. “La Ley Integral Trans cubre el otro 70% porque busca la reparación de los daños históricos y la injusticia contra las personas trans; incluso propone una pensión para los adultos mayores”, explicó.

El objetivo general de esta ley es garantizar el ejercicio pleno y en condiciones de igualdad de sus derechos y libertades, “promoviendo el respeto de su dignidad, buscando lograr la integración social a nivel cultural, económico-laboral, en el ámbito de la salud y la educación”. La iniciativa ha sido impulsada por ATTTA a lo largo de la región. Uno de los primeros estados en aprobarla fue Uruguay en 2018, cuya legislación incluso establece que el 1% de los puestos de trabajo deben ser destinados para las personas trans.

El avance del proyecto ha sido lento, “pero México y Argentina son países ejemplo en política inclusiva”, resaltó Romero y habló de María Clemente, quien se convirtió en la primera diputada transexual en la historia del Congreso por parte del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena). “Esa inclusión es la que también busca la Ley Integral Trans”, agregó.

La coordinadora de la RedLacTrans también recalcó en la necesidad de informar a la comunidad trans sobre los cuidados que debe seguir. En América Latina se han concretado algunos avances al respecto. El estado costarricense creó en 2017 el plan Atención Integral de Personas Trans con el fin de ofrecer tratamientos hormonales y brindar atención médica en centros de salud públicos. Hay ocho hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que fueron destinados para cumplir con el objetivo.

El país que decidió ir un paso más adelante es Brasil, donde se ha implementado la cirugía de reasignación sexual gratuita desde el 2010. La CIDH recibió información sobre al menos cinco hospitales que ofrecen servicios médicos relacionados con tratamientos de reasignación de género y terapias psicológicas, según la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Dentro del el cono sur se destaca Argentina, que garantizó el acceso a tratamientos médicos correspondientes para las personas trans en el Programa Médico Obligatorio, según estipula el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género aprobada en 2012. Además hay nueve hospitales públicos que realizan intervenciones de reasignación de género. En contraste, la CDMX apenas en 2021 tuvo una clínica estatal para la comunidad, la única en el país.

En Chile hay solo tres recintos médicos con capacidad para hacer “cirugías de readecuación corporal”. En Perú se inauguró la primera clínica de este tipo en el hospital Arzobispo Loayza por cuenta del Ministerio de Salud. El resto de instituciones del sector solo siguen recomendaciones para fomentar un trato libre de discriminación con los pacientes.

Colombia carece de un sistema de salud inclusivo, por lo que en 2022 la Corte Constitucional de aquel país exhortó al Ministerio de Salud para garantizar la atención médica a las personas trans. Las repercusiones del escaso acceso a las consultas provocaron que, en 2021, el 96% de las mujeres trans acudiera a métodos arriesgados en instalaciones informales, según una investigación del gobierno colombiano.

Para Romero, las cifras anteriores demuestran la importancia de exigir la aprobación de la Ley Integral Trans, que asegure tanto el acceso a la salud como el respeto a los derechos sexuales y reproductivos para ser parte de una familia. “En América Latina se tiene que regularizar la gestación en hombres trans. También habrá que garantizar el respeto a la identidad de las compañeras que deseen ver a los hijos que tuvieron antes de cambiar de género”.

La coordinadora de RedLacTrans sostuvo que al respetar la identidad de género trans en cualquier ámbito de la vida, “se dejará de ver a la comunidad como marginada y se la podrá considerar como uno de los sectores que construyen a la sociedad”. Subrayó: “Por eso es importante la visibilización”.

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