Esto dice el Plan Nacional de Desarrollo respecto a la erradicación de la violencia contra la comunidad LGBTIQ+

En enero del año en curso fue radicado ante el Congreso, por parte del gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que regirá hasta el año 2026. Dentro de esa propuesta se encuentran los objetivos de la actual administración en temas como salud, economía, medio ambiente y demás áreas. El tema para erradicar la violencia en contra de la comunidad LGBTIQ+ también hace parte de ello. ¿Qué propone el gabinete?

Inicialmente, lo que se plantea dentro de la tarea para evitar ataques en contra de la comunidad LGBTIQ+ es crear rutas y procedimientos para atender casos de violencia, investigarlos y prevenirlos. Es de destacar que esta es la primera vez que en un Plan de Desarrollo Nacional se establece una guía específica a seguir para esto.

El PND recoge, dice el director de Caribe Afirmativo, Wilson Castañeda, “una preocupación más holística de la ciudadanía frente al número de casos de violencia, presentándose como preventivo, coordinador y con acciones claras”. Desde ese portal informativo, de hecho, se expone que existe la esperanza de que, con esto, el Estado salde la deuda histórica que tiene con esta comunidad que, durante años, se ha visto sometida a todo tipo de actos discriminatorios.

“Esperamos que la voluntad política de este gobierno permita que las acciones que no se encuentran cubiertas por el plan plurianual de inversión, sean ejecutadas en interés de mejorar la situación de derechos de las personas LGBTI del país”, se lee en una de las notas realizadas en ese espacio.

“Artículo SISTEMA NACIONAL LGBTIQ+. El Sistema comprende “un conjunto de políticas, instrumentos, componentes y procesos con el fin de desarrollar acciones articuladas entra las diferentes ramas del poder público, en la garantía de derechos y eliminación de escenarios de discriminación en contra de la población LGBTIQ+”, se lee en el documento presentado por parte del gabinete de Gustavo Petro al Congreso.

A este se suman otros dos apartados en los que se expone el trabajo que se pretende hacer desde la administración actual. Una de ellas se refiere a generar un ambiente ‘Libre de violencias’ y al tema de presupuestos que estarán destinados para esto.

El primero de ellos, que involucra directamente a la Rama Judicial, al Ministerio Público y a entes territoriales, pretende generar “instancias de articulación nacional y territorial para prevención, atención, investigación y sanción oportuna a casos de violencias que atenten contra la vida e integridad física de poblaciones diversas LGBTIQ+, así como el desarrollo de rutas de acceso a la justicia coordinadas y su articulación con el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y los Puestos de Mando Unificado por la Vida”.

El otro responde a los cuestionamientos respecto al tema económico. Es de resaltar que el articulado del Plan estima una versión total que alcanza los $1.154 billones y que estará distribuida así: $138,4 billones para la convergencia regional; $114,4 billones para la transformación productiva y acción climática; $743,7 billones para temas relacionados con la Seguridad Humana y la justicia social; $46,1 billones para el Derecho Humano a la alimentación; $28 billones para el Ordenamiento del Territorio alrededor del agua; y 83,4 para Estabilidad Macroeconómica.

“El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación definirán un marcador presupuestal LGBTIQ+, con el fin de identificar las asignaciones presupuestales destinados a la población LGBTIQ+. En el Plan Operativo Anual de Inversiones se identificarán los proyectos de inversión sujetos del trazador presupuestal LGBTIQ+”, recalca.

Hacia octubre del año pasado, desde la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Francisco Barbosa, se reportó que, en Colombia, desde enero del 2022 hasta el décimo mes de ese año se reportaron “111 homicidios y feminicidios ocurridos contra personas que han sido caracterizadas como población LGBTIQ+”.

Esto significó un incremento de casi el doble en la cifra teniendo en cuenta lo ocurrido hasta la misma época del 2021. Para ese año se contabilizaron 47 casos. En octubre del 2022, de hecho, a la par de la exposición de las cifras, se informó, desde ese ente, de la existencia de una guía “de buenas prácticas para la investigación y judicialización de los casos de violencia contra la población LGBTIQ+”.

“Van a tener un tratamiento también riguroso (...) esta es una población históricamente discriminada y requiere mecanismos de acciones de protección efectiva”, explicó el fiscal general colombiano, Francisco Barbosa, desde Bogotá.