Durante la semana pasada, desde la embajada de los Estados Unidos, se reportó que en Colombia una de cada cinco personas de la comunidad LGBTIQ+ han recibido terapias de conversión. Esta conclusión llegó luego de que esa entidad, ubicada en Bogotá, realizara una sesión de Space a través de Twitter. Allí, expertos en derechos humanos y otras áreas. discutieron acerca de las vulneraciones de las que ha sido víctima esta población en particular.
La organización Colombia Diversa destacó que, teniendo en cuenta un estudio de la Universidad de California, en el que se encuestaron a cinco mil colombianos, es preocupante que sigan existiendo este tipo de tratamientos que buscan que una persona llegue a reconsiderar su orientación sexual e identidad. A esto se sumó que la mitad de los encuestados que aseguraron haber sido obligados a pasar por estos procedimientos llegaron a tener pensamientos suicidas.
“Estas prácticas siguen pasando y por eso es importante que desde el Gobierno Nacional se prohíban. Desde All Out hemos lanzado un programa para recolectar testimonios sobre estas prácticas donde hubo más de 2.000 personas que empezaron a llenar el formulario pero tan solo 10 lo terminaron; actualmente tenemos 15 testimonios nuevos que vamos a desarrollar”, indicó Andrés Forero, por su parte, el gerente de All Out en América Latina.
Es de destacar que el pasado mes de mayo, el representante Mauricio Toro, radicó el proyecto de ley con el que busca ponerle fin a este tipo de procedimientos bajo el argumento de que se trata de un acto de tortura en contra de la diversidad y violación a los derechos humanos. Según se destaca en la página web de la Cámara de Representantes, una de cada cinco personas LGBTIQ+ y una de cada tres personas trans, “pueden llegar a ser sometidas a golpes, a desnudarse, a tener alimentación forzada, a violaciones, inmovilización durante días y a estar encadenadas”.
“Las víctimas por lo general son expuestas a abuso verbal sistemático, gritos, humillaciones y amenazas, son hospedados en habitaciones con hacinamiento y recluidos en aislamiento durante largos periodos de tiempo; son privados de alimentos durante varios días u obligados a comer alimentos insalubres y beber aguas contaminadas”, se lee en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, sobre las violencias en contra de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales en las Américas.
Mauricio Toro, por aquellos días, argumentó, que cambiar o reprimir la orientación sexual y/o identidad de género de las personas, “para imponerles una conducta heterosexual cisgénero, y llamar a esas violencias una terapia de conversión es un clara violación a nuestros derechos que hoy, están protegidos por la Constitución”.
“Por eso, este proyecto de ley es tan importante, porque prohíbe que la diversidad sexual sea considerada como una enfermedad mental, y en consecuencia, sancionar estas prácticas tan violentas que de manera disfrazada, pretenden lo imposible: corregir, cambiar, e invisibilizar las orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. Porque no hay nada que curar, porque las mal llamadas terapias de conversión no son terapias, son prácticas violentas que intentan lo imposible: borrar la identidad de género de las personas”, añadió.
Hacia junio de este año, según el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) en Colombia 501.000 personas mayores de edad se identifican como LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y transexuales). “Quienes caen en esos centros de terapia de conversión no llegan sabiendo lo que va a pasar, en su mayoría llegan haciéndole caso a sus familias porque no quieren que sufran como ellos están sufriendo (...) pero terminan allá, donde son torturados”, como en un centro que fue cerrado en Bogotá, donde encontraron a personas “amarradas, desnudas, a quienes les tiraban agua y les ponían electrochoques para que se volvieran heterosexuales”, comentó Mauricio Toro para los días de la radicación del proyecto.
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