Victor Madrigal-Borloz, experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, destacó, ante la Asamblea General de la ONU, que las personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ deben ser incluidas en las agendas de paz y seguridad de ese organismo, teniendo en cuenta que se enfrentan a un impacto ‘diferenciado y desproporcionado’ en problemáticas relacionadas al conflicto armado.
Tal y como lo destacó, y como quedó plasmado en la página web de la oficina del Alto Comisionado de la ONU, la orientación sexual y la identidad de género de las personas han sido factores relevantes en el origen de la violencia. “Esta conclusión debe motivar la inclusión de estas categorías en la formulación, ejecución y evaluación de la agenda de paz y seguridad de las Naciones Unidas”, detalló en la presentación de su último informe.
El experto, un costarricense que asumió este cargo en enero del 2018, reveló que las dinámicas de discriminación y violencia en temas de género y la sexualidad aumentan en los conflictos armados.
”Algunos actos están conectados con patrones discriminatorios más amplios como resultado de la criminalización y/o de normas sociales excluyentes (...) La ausencia de referencia a la orientación sexual y a la identidad de género en los marcos globales de paz y seguridad, incluyendo la agenda sobre las Mujeres y la Paz y la Seguridad, conduce a una ausencia de análisis más amplio, de seguimiento, de inclusión y de comprensión que hará que los esfuerzos conectados sean incompletos y dejen sin abordar la situación de las personas LGBT durante los conflictos”, manifestó.
Esto coincide con las declaraciones realizadas, el pasado mes de octubre, por parte del fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa. El funcionario firmó la primera guía para investigar delitos en contra de la población LGBTIQ+. Según argumentó, esto se hace con el fin de mantener una hoja de ruta unificada a la hora de abordar los hechos de violencia contra los integrantes de esta comunidad. Hacia el 2022, detalló, esa entidad avanzó en el esclarecimiento de 51,31% de los casos de homicidios y feminicidios contra lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, intersexuales, queer.
“La paz tiene que materializarse. ¿Cómo se materializa? Hay un hecho violento y tenemos que aplicar estos estándares para que los fiscales que tengan estos casos entiendan en un grupo especial cómo se hace una investigación y el investigador sepa cómo establecer un plan metodológico de trabajo investigativo para avanzar en el esclarecimiento y mecanismos de priorización de los casos relevantes en un dialogo permanente con la comunidad LBTIQ+”, señaló Barbosa durante la firma del documento.
Este archivo pone sobre la mesa cuatro ejes centrales sobre los cuáles se debe trabajar. Tal y como detalló esa entidad, de manera textual en su página web, son:
- La obligación de fiscales, investigadores y demás servidores públicos de no discriminar a las personas por su orientación sexual o identidad de género.
- Buenas prácticas de investigación y judicialización de las violencias en contra de esta población. Incluye elementos esenciales para el éxito de las investigaciones, como la incorporación de una perspectiva de género y el enfoque diferencial e interseccional.
- Recomendaciones para la tipificación de los delitos y la imputación de los hechos en contra de personas con orientación sexual e identidad de género diversa, de tal manera que no exista una revictimización o se justifiquen las violencias homofóbicas o transfóbicas.
- Reconocimiento de la identidad de género y la orientación sexual en la atención a víctimas, testigos, denunciantes, victimarios, usuarios de la Fiscalía General de la Nación que hacen parte de la población LGBTIQ+.
Teniendo en cuenta el informe realizado por parte de Victor Madrigal-Borloz, lo que buscar es asesorar a la ONU y a actores no estatales respecto a las medidas a tomar sobre estas problemáticas. Esto incluye, dentro de su razón de ser, involucrar a las políticas públicas, a la legislación y al acceso a la justicia. “Pueden adoptarse para erradicar los actos de violencia y discriminación relacionados con los conflictos y basados en la orientación sexual y la identidad de género que se han documentado”, sentenció .
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